Sin rastro del equipo de seguridad del G20

Foto: Antonio de Jesús Cervantes G..- José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar a ciertas empresas en su administración
 
Edición Impresa Martes, 13 Marzo, 2018 12:00 PM

Desde grúas, patrullas, cascos antimotines, motocicletas y chalecos antibalas, en tiempos de la cumbre económica en Los Cabos, arrojaron una inversión de 25 millones de pesos. Ahora, autoridades desconocen el paradero de lo que se adquirió

El 18 y 19 de junio de 2012, el municipio de Los Cabos fue sede de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), en referencia a las potencias mundiales que se encuentran entre los primeros 20 lugares. A dicha cumbre asistieron los representantes de países como Estados Unidos (Barack Obama), Alemania, Canadá, Italia, México, Francia, entre otros.

Para enfrentar tan grande compromiso, el gobierno mexicano y el estadounidense exigieron fuertes medidas de seguridad, por ello se requirió una inversión de más de 25 millones de pesos.

El XI Ayuntamiento de Los Cabos estaba bajo el poder de José Antonio Agúndez Montaño, quien convocó a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrado por:

*José Antonio Agúndez Montaño (presidente municipal)

*Oswaldo Murillo Martínez (síndico municipal)

*Guillermo Marrón Rosas (secretario general)

*Gerardo Manríquez Amador (tesorero general municipal)

*Edilberto Graciano Chávez (oficial Mayor)

*Alejandro Rosas Cañedo (director general de Asentamientos Humanos y Obras Públicas)

*Héctor Alejandro Arechiga de la Peña (contralor general municipal)

*Reynaldo Zatarain Valera (VIII regidor)

*Gustavo Castro Sánchez (director general de Servicios Públicos)

*María Verónica Olvera Guevara (directora municipal de Administración)

ZETA pudo obtener a través de una solicitud de información y juicio ganado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) al Ayuntamiento de Los Cabos, toda la documentación existente en cuanto a la adquisición de equipamiento para el G20, elementos que bien pudo haber servido para atender la demanda de inseguridad que se vive actualmente.

En Los Cabos, nadie sabe qué ocurrió con ese equipamiento que se adquirió para atender la Cumbre, solo por medio de documentos se sabe de su existencia, pero físicamente nadie sabe dónde quedó.

Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.- José Antonio Agúndez Montaño, ex Alcalde de Los Cabos fue manipulado por los intereses de su hermano, Narciso Agúndez, ex Gobernador de BCS para beneficiar a ciertas empresas en su administración

Los documentos relatan lo siguiente:

Siendo las 14 horas y 40 minutos del 15 de mayo de 2012, se desarrolló la tercera sesión extraordinaria correspondiente al Ejercicio 2012. El comité se reunió para tomar en cuenta un único punto, el de la “adquisición de equipamiento de seguridad pública para el evento de la Cumbre G20 a realizarse en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, los días 18 y 19 de junio de 2012”.

El recurso extraordinario sería otorgado por la Federación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; esto por la cantidad de 25 millones de peso, recurso que sería utilizado para “garantizar la seguridad de los representantes de las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo durante la Séptima Cumbre de Líderes, denominada G20”, expresan los documentos.

En un convenio entre el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, gobierno de Baja California Sur y el Municipio de Los Cabos, el 8 de mayo de 2012, se consideró equipamiento como:

También “se adquieran adicionalmente 100 kits de protección para el Grupo Antimotines”, los recursos se obtendrían al optimizar los 25 millones de pesos de la Federación para equipar a los agentes.

Una segunda adquisición provendría del Programa Subsemun Ejercicio 2012, luego de un convenio signado con las mismas instituciones, el 29 de febrero del mismo año: vehículos de doble Cabina, acondicionados como patrullas, por dos millones 467 mil 400 pesos; chalecos antibalas, por un millón 250 mil pesos; impresoras de alto rendimiento, por los 30 mil pesos; en total arroja una cifra de tres millones 747 mil 400 pesos.

La adjudicación de las contrataciones se dio mediante un procedimiento de adjudicación directa; celebrada la convocatoria en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dando como resultado, por unanimidad, la aprobación del único punto del orden del día.

 

LAS IRREGULARIDADES

“Para ese evento se instalaron gran cantidad de equipos de seguridad, cercos perimetrales, arcos para la detección de armas, cámaras de seguridad; se equiparon a los cuerpos de seguridad, tanto local como federal, incluso llegó una avanzada del Gobierno de Estados Unidos para monitorear las medidas de seguridad, pues venía su Presidente en turno, Obama. Todo el corredor turístico contaba con equipos de videovigilancia de la Policía Federal, incluso se instalaron centros de mando; el municipio instaló un C2, pero la verdad ahora no veo la operación que tenía, creo que todo el equipo fue retirado”, refirió una fuente protegida sobre el tema de equipamiento para el G20.

Por ello se sospecha que ocurrieron irregularidades que son latentes en la documentación de la cuenta del propio XI Ayuntamiento de Los Cabos, referente a la adquisición del “Sistema de Videocámaras para Vigilancia y Monitoreo Vial”. En dicha adquisición, la documentación es clara; en esa compra no hay firma del apoderado legal en el contrato por la Empresa Grupo Comercial KAR, S.A. de C.V., denominado “Proveedor” en este movimiento, tampoco el recibo.

Además no existen facturas en la transacción. El representante legal de la empresa, Enrique Karchmer Lask, acredita a la empresa con la Escritura Pública 52,392, con fecha del 16 de enero de 2012, casualmente meses antes de que se celebrara el contrato.

En el caso de las siete motocicletas Harley Davidson que fueron adquiridas, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de José Antonio Agúndez Montaño aprobó un recurso de dos millones 590 mil pesos. En el contrato se acordó entre las partes, un total de dos millones 781 mil 62 pesos y 26 centavos; sin embargo, la facturación final fue de dos millones 949 mil 986 pesos y seis centavos; es decir, 359 mil 986 pesos y seis centavos por encima del presupuesto.

Se adquirieron 10 transportadoras individuales SEGWAY, modelo patrulla, de manera que se realizaron dos depósitos por 669 mil 817 pesos y 64 centavos, facturas 1325 y 1327 a SEGWAY de México S.A. de C.V. Sin embargo, existen irregularidades en el recibo y el contrato, ambos carecen de la firma del representante de la empresa; además se realizó un pago adicional de 92 mil 388 pesos y 64 centavos que no fueron comprobados.

“Ya no sirve ninguno de estos aparatos que se veían bien en la Cumbre. Después de eso dejaron de funcionar o los tienen guardados, pero ya no se vieron en las calles”, dijo la fuente protegida.

El Ayuntamiento consideró urgente la compra de una grúa con plataforma, la cual se adquirió por un millón 116 mil 660 pesos. El presupuesto se elevó 126 mil 660 pesos más; además, el contrato no cuenta con la firma del proveedor: Camionera del Pacifico, S.A. de C.V.

Definitivamente, para la compra-venta de 100 cascos y escudos antimotines, así como del equipamiento para cada uno de los elementos, siendo estos: petos, coderas, antebrazos, rodilleras, etc. José Antonio Agúndez Montaño se olvidó del contrato para dicha adquisición; no hay documentos que den fe de la existencia de dicha empresa. No cuenta con firma el recibo, así como tampoco del contrato.

La compra se había establecido en 450 mil pesos, pero resultó un recibo de un millón 100 mil 760 pesos, es decir, más de 650 mil pesos de lo presupuestado. Los depósitos se hicieron a nombre de Ana Lilia Camacho Favela para la empresa de Chihuahua: “Optimagen”.

Además, con el recurso del Subsemun 2012, se consideró la compra de más chalecos antibalas por un millón 250 mil pesos, los cuales no están sostenidos ni justificados en documentos, tampoco la compra de impresoras de alto rendimiento, por un valor de 30 mil pesos.

Foto: Antonio de Jesús Cervantes G..- Grupo Comercial KAR recibió 9 millones 400 mil pesos por el concepto de Configuracion e Instalacion de Sistema de Videovigilancia G20, los movimientos interbancarios se hicieron aun cuando el XI Ayuntamiento de Los Cabos no recibió facturas

El gasto real sostenido con documentos y contratos revela que de los 25 millones de pesos que se bajaron a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se gastó esa misma cantidad más 786 mil 62 pesos y 23 centavos.

Sin embargo, si se le resta la adquisición de equipos que carecen de contratos o de facturas de la compra-venta, se podría suponer que al menos 10 millones de pesos están perdidos al no poderse comprobar que hayan sido utilizados para el pago de servicios y quizá estén involucrados en operaciones simuladas.

Están también los documentos sin firmas en recibos y contratos, lo cual aumenta aún más la cifra de recursos que al parecer fueron bajados e “invertidos” o “justificados” de manera irregular.

En una auditoría externa, presentada en 2012 por el CP Gerardo Lozano Dubernard, el Ayuntamiento de Los Cabos tuvo un Ejercicio Real por el concepto de Seguridad Pública G20, por 28 millones 44 Mil 37 pesos; todo fue reclasificado como Excedente No Autorizado.

Se hizo la compra de equipo para 100 agentes antimotines, la compra se hizo sin contrato de por medio y la compra se excedió por más de 650 mil pesos en la administración de José Antonio Agúndez Montaño

Coincidentemente, durante ese periodo en que se realizaron las compras y adquisiciones irregulares, Narciso Agúndez Montaño, hermano del Presidente Municipal, Tony Agúndez, se encontraba recluido y pagó una fianza y a abogados para abandonar la cárcel del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz.

 

LOS CABOS AL DESCUIDO DE GOBIERNOS

“Esto es un asunto de números. Los resultados se miden por números más allá de las cosas, podemos hablar de que en los últimos 45 días ha habido solo dos asesinatos relacionados por narcomenudeo o delincuencia organizada. Estamos hablando de un número bastante aceptable para Los Cabos. Esto es resultado no de ahorita, sino de un año o más de trabajo en el que intervienen elementos de la Marina, Sedena, Policía Federal y la suma de los trabajos locales”, reconoció Julio Castillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Los Cabos.

Pero Los Cabos, desde octubre de 2016, se había colocado en medio de una lucha entre miembros vinculados a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco, situación que en algún momento se iba a salir de control y a estas alturas solo se puede hablar de una contención de seguridad.

La falta de prevención y la simulación, presente en gobiernos anteriores, surgieron a la luz, mostrando lo colapsado de la estrategia de seguridad, lo cual sugiere la necesidad de crear medidas emergentes para sostener a uno de los destinos más importantes de México.

La falta de visión y compromiso con los ciudadanos se veía muy clara en la administración  de José Antonio Agúndez Montaño, quien gobernó Los Cabos de 2011 a 2015; su paso por la administración pública cabeña dio mucha ventaja a las fuerzas criminales: cuerpos de seguridad sin capacitación, equipamiento ni equipo tecnológico para proteger la ciudad.

Pese al descuido que por años sufrió la ciudad, empresarios de Los Cabos han puesto de su parte para mejorar al destino.

“La prueba está en que seguimos apoyando para que Gendarmería esté aquí, que inició cuando los momentos estaban difíciles y se tenía que reaccionar, apoyando con la construcción de un cuartel de marinos para que pueda haber aquí por la falta de instalaciones, y nadie se había puesto a pensar en eso. Esto nos dio oportunidades de ver dónde estábamos débiles, qué es lo que estábamos dejando de hacer, los anteriores gobiernos que no pensaron en esto y la sociedad misma estamos aprendiendo de ello y de las circunstancias”, lanzó Julio Castillo.

Por ello fueron los mismos empresarios quienes iniciaron programas de instalación de equipos de videovigilancia en San José del Cabos y Cabo San Lucas, ante la falta de interés del mismo municipio; sin embargo, de contar con un equipo al que se le invirtió y supuestamente se instaló en la ciudad, hoy resulta necesario volver a colocar uno nuevo.

“Se ha estado colocando videovigilancia en todo el corredor turístico por parte del gobierno del Estado, un sistema de vigilancia que está conectado al C4. Grupos Empresariales como es Amigos de Cabo San Lucas, un grupo de empresarios comerciantes de la zona centro de San Lucas, están haciendo equipos de videovigilancia para cubrir la demanda y han invertido en cámaras en la zona donde ellos están, buscado conectarse al C2 o al C4 para que tengan imagen. De igual manera, Colonos del Médano, empresarios de esa zona del Médano, también invirtieron de 14 a 20 cámaras”, refirió por parte del CCE de Los Cabos.

Afirman que los problemas de inseguridad no aparecieron de la noche a la mañana, pues estos responden al atraso y falta de atención por parte de las autoridades correspondientes: “ni el mal es producto de una maldición, ni la solución de magia; ambas tienen una causa y generalmente este tipo de causas son de largo plazo, se generan en el largo plazo, tanto la solución como el problema”, agregó.

Lo cierto es que para los empresarios, tanto el Ayuntamiento de Los Cabos como el gobierno del Estado, no han invertido en la sustentación de la seguridad, sobre todo de este municipio. Hoy, el mal gobierno de otras administraciones es un reflejo de la actualidad.

El presupuesto de 25 millones para la adquisición de equipo y tecnología de seguridad para la cumbre del G20, fueron recursos bajados de la Federación al municipio de Los Cabos, de ese recurso al menos 10 millones no se puede sostener la compra con documentos

“Años que no se invirtió, es increíble que a la fecha ningún gobierno haya hecho una academia en forma para capacitar policías; es increíble que a la fecha no tuviéramos una depuración policial, que no hubiera depuración en las policías, que no se haya invertido en capacitación, cuando los policías se contrataban sin ningún requisito, al compadre, al amigo; así se formó la policía, quizá porque en ese tiempo no se tenía la globalización y estos tiempos de seguridad más complejas que tenemos, hoy que nadie lo pensó”, expuso el presidente del CCE de Los Cabos.

Cómo descuidar un municipio rico en turismo, en una población trabajadora, riquezas naturales, José Antonio Agúndez lo supo hacer, solo vieron lo que podría ocurrir en su momento y jamás fueron visionarios de lo que pudiera pasar más adelante.

“No hubo un gobierno que pensara que esto a la larga va a generar intereses, o va a ser más complejo. Obviamente no se hizo; se combina esta situación de tiempos de descuido en inversión, se combina con una situación nacional en términos de una lucha entre grupos de la delincuencia organizada, y bueno, se forma el caldo perfecto para que se dé lo que se dio”, recalcó Julio Castillo.

Pero la pregunta que la población se sigue haciendo es: ¿dónde quedó el equipamiento comprado para la Cumbre del G20? Lo cierto es que nadie ha sabido dar santo y seña del paradero de estos equipos, instalados por el C2 de San José del Cabo, la Policía Federal y la avanzada de seguridad que persiguió cada uno de los países que participaron en el G20, con duración de una semana. Los Cabos se quedó sin equipo y sin recursos. “Hace falta inversión en tecnología en términos generales, que es algo que también se dejó de hacer en todos estos años; estamos hablando de que todas estas debilidades que son producto de cosas que se dejaron de hacer y una de ellas es la inversión en tecnología, no solo videovigilancia; estamos hablando de tecnología en materia de prevención y desde luego uno de los rubros es videovigilancia; y sí, desde luego hay una gran oportunidad. Hay un gran rezago en este sentido”, finalizó el presidente del CCE de Los Cabos.

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