Policías incapaces, criminales liberados

Foto: Cortesía.- Arturo Rubio Ruiz, Presidente del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur afirmó que la entidad desperdició en administraciones pasadas el recurso para capacitar a los oficiales que maniobran el Sistema Penal Acusatorio
 
Destacadas BCS Sábado, 31 Marzo, 2018 12:00 PM

En 2017 la Envipe reveló que en ese año, en Baja California Sur se registraron 167 mil 996 delitos, solo el 18.6 por ciento fueron denunciados. Expertos en Derecho consideran que esto se debe a la desconfianza al NSJP, en el cual la falta de capacitación de las policías y “errores y “omisiones” del Ministerio Público, permiten que presuntos delincuentes regresen a las calles

Cuando Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Los Cabos, fue detenido, las autoridades informaron que su arresto se dio en las calles del Centro de Cabo San Lucas. Sin embargo, en audiencia celebrada del 27 de junio de 2017, el abogado defensor demostró que tal procedimiento fue ilegal, al realizarse en su vivienda.

Así el juez ordenó la liberación de Cervantes Escareaga, por lo cual al abandonar el Juzgado Federal, la Secretaría de Marina (Semar) ejecutó una segunda orden de aprehensión que finalmente procedió, y el narcotraficante ya convicto, fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Este tipo de “errores” son comunes tanto para la Policía Municipal como para el Ministerio Público, lo cual, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), resulta en la liberación de presuntos delincuentes, incluso de alta peligrosidad.

“El sistema acusatorio mexicano es una magnífica herramienta para que bien aplicada una política criminal se reduzcan los índices de criminalidad, y se abata el delito y se prevenga. El problema es que esta reforma inició hace 12 años aproximadamente y no se aprovechó, o mejor dicho, se desperdició el dinero que la Federación destinó a los estados y, hablando concretamente de Baja California Sur, para capacitar a los elementos de las corporaciones policiacas, se utilizó para otras cosas menos para lo que fue destinado”, señaló a ZETA Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur.

El NSJP entró en vigor en la entidad para cambiar y mejorar las formas de hacer justicia para los ciudadanos, pero si bien es cierto, buscaba agilizar la justicia para la población, los vicios siguen sin extinguirse.

“No es que no trabajemos, no es que haya impunidad, tal vez la hay porque muchos de los compañeros se resisten a hacer las cosas bien, hay malas prácticas o arraigadas prácticas que no se dejan y les gana la calentura de la situación, y al momento de querer ponerlos tras las rejas, se vienen libertades por violaciones a garantías individuales, violación al debido proceso, detenciones arbitrarias y todo eso nos pega; perdemos confianza de la población porque el juez los pone en libertad, pero también hay algo: son sicarios peligrosos y a veces un pequeño error, por falta de criterio e interpretación del juez, los dejan libres”, lamentó un elemento adscrito al Mando Mixto Policial de La Paz.

“No hay que irse tan lejos, en La Paz andamos en los operativos, nos topamos con detenidos, sicarios que han abierto fuego contra los compañeros y cuando los ponemos a disposición salen, y volvemos a hacer detenciones por la misma situación y encontramos lo mismo: sicarios que ya nos conocen, que nos amenazan con matarnos o a nuestras familias y resulta que no proceden. No podemos luchar contra el sistema si hay autoridades que solo buscan errores para dejar salir bandidos que se van contra nosotros”, complementó.

Foto: Cortesía.- Arturo Rubio Ruiz, Presidente del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur afirmó que la entidad desperdició en administraciones pasadas el recurso para capacitar a los oficiales que maniobran el Sistema Penal Acusatorio

Mientras que el especialista Arturo Rubio Ruiz comentó: “Si entrevistas a nuestros policías de investigación, te invito a que les hagas un somero examen, y te darás cuenta que en su inmensa mayoría desconocen las reglas esenciales conforme a las reglas del sistema de justicia acusatorio; no distinguen la flagrancia de un acto que no lo es, no conocen los derechos de las personas sujetas a investigación, si no conocen los derechos de las personas que van a investigar, cómo van a respetar esos derechos.

“Se hace la detención de criminales, de enemigos de la sociedad, de personas que son muy lesivas, hablamos de sicarios, hablamos de personas que cometen delitos de alto impacto, pero como el policía no conoce las reglas de trabajo, la operación del procedimiento, comete errores y obliga con esa deficiente acción a los jueces a liberar a criminales; esto ha convertido al sistema persecutorio, dicho de manera popular, en una puerta giratoria, tardan más en entrar que en salir”.

Un abogado litigante, de quien se omite su nombre, remató: ““Por eso los jueces los están dejando en libertad, porque la detención es ‘ilegal’, por eso en muchos casos sujetos que se les podía relacionar en actos criminales, actos propios de delincuencia organizada están en libertad, porque se califica de ilegal la detención”.

 

FALTA DE CAPACITACIÓN GENERA IMPUNIDAD

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 reveló que en Baja California Sur se registraron 167 mil 996 delitos; de acuerdo con la cifra negra, solo el 18.6 por ciento se denunció, es decir, 31 mil 247, lo que evidencia un alto nivel de desconfianza de la población en cuanto a la procuración de justicia.

Según la Envipe 2017,  ese año se tuvo una pérdida económica de mil 824.7 millones de pesos por delitos, y en 2016, determinó que cada ciudadano tuvo que costear 5 mil 600 pesos en daños a consecuencia de la inseguridad y el delito.

“En términos generales, por lo que se comenta en pasillos, en las salas de espera, la cifra negra, que son el número de denuncias que no llegan a aceptarse y que quedan en el anonimato, han incrementado, de 100 robos a casa habitación en BCS, solo se llegan a denunciar cinco”, afirmó Arturo Rubio Ruiz.

Acorde con la encuesta realizada de marzo a abril de 2017, en cuanto a la percepción de corrupción en las diferentes corporaciones de seguridad, ponen en primer lugar de desconfianza al policía de Tránsito, le sigue la Policía Ministerial o Judicial, Policía Preventiva Municipal, Ministerio Público y Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); las mejor evaluadas son la Semar y el Ejército.

Esto tiene que ver con que al 49 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público no se le da seguimiento, el 25% de las víctimas no denuncian y poco más del 21% define que desconfían de la autoridad.

Casos caídos, delincuentes con libertad y algunos otros ejecutados al abandonar las instalaciones de la PGJE y de la Procuraduría General de la República (PGR) en La Paz, son hechos que evidencian que los criminales ajustician a diestra y siniestra delitos que ya habían sido denunciados y personas que ya habían sido capturadas, con diferentes órdenes de aprehensión.

Los resultados de diferentes encuestas reveladas por el nivel de impunidad, deriva de un trabajo deficiente que se ha desarrollado, la única razón es que hace falta compromiso, tanto de gobernantes, altos mandos y los propios agentes que no quieren acatar la Ley.

La diferencia de llevar un proceso dentro del penal o fuera, lo disponen las mismas autoridades, cuando quieren ponen trabas para que delincuentes queden internos, en otras ocasiones funge el NSJP como simple puerta giratoria.

“No podemos actuar como la Ley lo permite, si nosotros los ponemos tras las rejas, habrá alguien más arriba que lo libere, y no es dinero, es la seguridad de nosotros y nuestras familias, pues cuando hay detenciones contra los arreglos que hicieron delincuentes con mandos, el problema nos brota a nosotros y ellos la agarran contra nosotros”, concluyó el agente del Mando Mixto de la Capital.

 

INCAPACIDAD POLICIAL

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California Sur ocupa el sexto lugar nacional en policías peor evaluados en el país, pues el 42% reprobó los Exámenes de Control y Confianza. La entidad apenas está por encima de Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Yucatán y Durango.

Los agentes sudcalifornianos tampoco fueron favorecidos en las evaluaciones llevadas a cabo hasta enero de 2018, mil 056 elementos municipales y estatales no aprobaron y siguen operando en el NSJP.

“No es el sistema el que permite que los delincuentes salgan libres, son los operadores los que estamos fallando, en cada una de las etapas, pero la responsabilidad más alta en este ejercicio, en cuanto al nivel de reproche, debe ser a nuestros gobernantes, que en los últimos diez años desviaron el dinero que estaba destinado a capacitar a la Policía a otros fines, algunos distintos y algunos no. En este momento tenemos el peor lugar en cuanto a capacitación y certificación de elementos policiales”, reconoció a este Semanario un experto en materia judicial.

“Lo urgente es mejorar, acelerar y hacer más eficientes  los esquemas de capacitación, es urgente que los policías, que los agentes investigadores y peritos se capaciten; segundo lugar, darles las herramientas técnicas para que hagan adecuadamente su trabajo”, recomendó Arturo Rubio desde el Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines.

La falta de criterio, sobre todo cuando la defensa de un presunto delincuente advierte que el acusado fue abusado, y en gran parte de las ocasiones el oficial actuó e implementó conocimientos para someter al detenido porque este opuso resistencia pero no hay manera de comprobarlo y las heridas en el detenido delatan el forcejeo, hace que de entrada estén por encima las garantías y la detención se califica como ilegal. A esto refieren abogados litigantes como “falta de criterios de elementos”, pues para tomar fotografías y filtrarlas sí hay disponibilidad, pero cuando se trata de dar un debido proceso y seguimiento a una detención, no cuentan con el equipo suficiente.

“Somos el Estado de la República mejor comunicado según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y es increíble que la Policía haga una detención y cuando le pregunte el defensor por qué no grabó la detención, diga que no tenía cámara”, agregó un agente del Ministerio Público.

Todo se centra en procedimientos que serían más accesibles y rápidos para dar cumplimiento a la Ley, sobre todo para aprovechar los tiempos de 72 horas que los detenidos pasan tras las rejas y obtener el mayor número de confesiones, y así establecer una culpabilidad antes que venzan los términos legales; después, ocurre que pudieron acceder a confesiones que dan culpabilidad, pero el sospechoso ya está en libertad.

Ha habido sicarios internos por diferentes delitos, pero cuando llegan a tomar declaraciones por otros delitos, como daños o robo con violencia, el delincuente se va y capturarlo es difícil.

“En ocasiones son sicarios contrarios que los encuentran primero y los ejecutan, pero es hasta cómico, encontrarnos con personas ejecutadas con diferentes órdenes de aprehensión, y esto es porque no hay una ejecución de la acción penal, hace falta actuación”, refirió una fuente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur.

En resumidas cuentas, hay elementos tecnológicos que no son tan costosos, que son accesibles y que no se están aplicando, “debería hacerse obligatoria la videograbación de la actuación de las acciones policiales para agilizar los procedimientos, eso en cuanto a las detenciones; en otro sentido, nos estamos atrasando mucho en las entrevistas, la Policía en investigación tiene que entrevistar a los testigos, pareciera que nuestros policías antes de estudiar para policías estudiaron para doctor, porque tienen una letra horrible y no se les entiende nada y ese es un problema”, lanzó el titular del Colegio de Postgraduados en Derecho.

El problema es que para afrontar las disposiciones del NSJP, que es garantista y protege a los ciudadanos, en ocasiones los elementos que aplican la Ley, incumplen con su capacitación al momento de recabar una simple confesión y no interpretaciones, lo cual ha provocado que algunos casos se caigan.

A esto se le denomina contradicciones, “en ninguna parte del Código dice que las entrevistas que hacen los policías deben ser redactados a mano. Tenemos la capacidad tecnológica para que las entrevistas se videograben”, agregó el abogado Rubio.

En ocasiones el procesamiento de la información requerida hace que la población desista de una denuncia, pues las vueltas para establecer una responsabilidad de los delincuentes, se vuelve un calvario.

“Si acudes al Ministerio Público hoy, y le dices que tienes tres testigos de los hechos que vas a denunciar, te citan a uno hoy, otro la semana que viene, y otro en un mes porque tiene mucho trabajo el policía, y es que se sienta y escribe a mano lo que vas diciendo, y no lo que tú vas diciendo, sino lo que él va captando de lo que estás diciendo. Trabajo deficiente, las preguntas tal vez no son las adecuadas, la redacción tal vez no es la adecuada y la información no es la que se necesita”, reconoció un abogado consultado sobre el caso.

Foto: Cortesía

Expertos recomiendan utilizar equipos de videograbación, que tanto el ofendido como su testigo sientan que están recibiendo justicia rápida y expedita, y no trámites burocráticos engorrosos que inhiben la justicia en Baja California Sur.

“’Usted es el testigo, siéntese, qué es lo que sabe’, con esa pregunta, y teniendo la videograbación de las entrevistas, va a ser muy rápido”, reforzó Arturo Rubio Ruiz.

 

VICIOS DEL SISTEMA, LIBERTAD PARA DELINCUENTES

Más de 167 mil 996 personas resultaron afectadas por delincuentes durante 2016, así lo dio a conocer la Envipe 2017; la cifra provoca preocupación ciudadana, sobre todo gran nivel de desconfianza.

Gran parte de la población teme que las policías tomen sus casos por temor y desconfianza (21.8%), el problema es que el 78.2% restante confía en las instituciones; pero gran porcentaje de los que fueron víctimas, quedan impunes por simples errores, algunos de dedo.

“Ha habido omisiones, en términos generales el policía de investigación no sabe interrogar a los testigos, primer punto; segundo, no vierten en la entrevista el dicho textual del testigo, es decir, no utilizan palabras del testigo, sino que utilizan su interpretación, ha pasado en delitos donde la imputación es importante, donde el testigo da su versión de los hechos, el policía lo escribe con sus palabras y al llegar a la etapa de juicio el testigo dice ‘esa palabra yo no la usé’ o el abogado pregunta si dijo alguna palabra, pues el testigo no puede afirmarlo porque no son sus palabras”, expuso una fuente a ZETA.

El uso de la fuerza ha sido una mala práctica que siempre ha sido condenada, en Baja California Sur los ejemplos salen sobrando, tras una balacera registrada el 13 de mayo de 2016, el operativo inició en la colonia Diana Laura de La Paz -una agresión contra elementos de la Policía Estatal-, la persecución culminó en una gasera, donde se detuvo a un sicario y dos más fueron abatidos, además de un civil.

El calor de la detención y los atentados llevaron a que un agente de la Estatal Preventiva pateara al detenido en el suelo, lo que ejemplifica una detención con abusos y por encima de la Ley.

Asimismo, el sistema se ha burocratizado, la atención a la población se ha vuelto lenta por procedimientos fue de lugar, “el vicio que se está generando, que la carpeta de investigación, si tú lees el Código, es que es un simple registro de datos, un consecutivo donde vas anotando y engrosando los datos de prueba a utilizar en el juicio”.

Pero en la práctica, lo que ocurre en otros estados es que para agregar un documento, como un acta de nacimiento, para cotejar una original y copia, se constata que es una copia del original y se incluye en la carpeta de investigación. En BCS se llevan ambos documentos y piden comparecencia por escrito otro día.

Para abatir el índice de errores, o reducir la mala integración de carpetas de investigación con el primer respondiente, el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito solicitó al Congreso de Baja California Sur una reforma a la Ley, para apoyar a los elementos de seguridad y reducir el nivel de impunidad.

Sólo el 18.6 por ciento de los delitos que se cometen en Baja California Sur se denuncia por desconfianza en las autoridades principalmente, después le sigue el temor a las represalias, datos brindados por el ENVIPE 2017

“Fue a través del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, donde se presentó una iniciativa de reforma de Ley ante el Congreso del Estado, en la cual se estableció que hubiera un primer respondiente virtual, como el policía que está en la calle en su gran mayoría, no conoce el sistema, tuviéramos un asesor, una persona que conociera el sistema, la labor, el protocolo de primer respondiente en atención de 24/7 vía telefónica respondiera las dudas de los policías”, agregó un miembro del Consejo.

 

DETENER PARA INVESTIGAR: RETROCESO

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el que policías puedan realizar una inspección judicial sin contar con una orden, siempre y cuando exista flagrancia, sospecha o una denuncia al respecto.

Pero en BCS ya es una práctica “común”, los diferentes retenes establecidos en gran parte de la geografía estatal han permitido que esto se desarrolle.

“Viejos vicios, porque los policías en lugar de capacitarse, tomaban machotes antiguos de puestas en disposición y copiaban formatos que ya habían superado por este marco normativo, estaban haciendo eso que estaban prohibidos en este país, detener para investigar, esas viejas prácticas tienen que ser erradicadas, pero con esa resolución de la Corte le dice al policía ‘tú detiene y si encuentras algo me lo traes, y si no, no pasa nada’, gravísimo”, añadió Arturo Rubio Ruiz, del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS.

Mientras que un agente del Ministerio Público reconoció: “Algunas veces los elementos abusan del uniforme, pero en otros ocasiones funciona, así es como se llega a delincuentes”, lo que es contrario a la opinión de diversos abogados que hablaron con este Semanario.

“Es un retroceso al sistema garantista, México está avanzando como nación, si quieres de manera lenta pero progresiva, a un Estado de Derecho democrático donde se pugnaba por los derechos humanos, donde básicamente la premisa era ‘investigo, y después de investigar, detengo’”.

El Colegio de Postgraduados en Derecho ejemplifica:

“Si en Londres, Inglaterra, donde este sistema aplica, hay un asalto, las cámaras de vigilancia siguen las rutas del ladrón y detienen a una persona que vestía la misma vestimenta, seguramente podría ser el responsable.

“En Baja California Sur, México, si hay un asalto, el denunciante dice que el ladrón tenía apariencia de cholo, van a detener a todos los parecidos. En la práctica te detienen, y lo hacían a sabiendas que estaba prohibido, y ahora, sabiendo que lo pueden hacer, con mayor razón”.

Abogados de diferentes firmas coinciden en ello, y por último, el presidente de Postgraduados en Derecho advirtió: “Habrá más chivos expiatorios ante las determinaciones de darle la posibilidad por Ley, de detener para investigar”.

 

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