Medardo, transportista capturado por homicidio

Foto: Cortesía.- "Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP"
 
Edición Impresa y Lunes, 19 Marzo, 2018 12:00 PM

Aprehendido por ser el presunto autor intelectual del crimen del regidor Arturo Castellanos, Medardo Meléndrez llevaba seis años huyendo; se hacía llamar Jesús Jiménez Rivera. Aún hay dos fugitivos

A Medardo Meléndrez Armenta lo sorprendieron agentes ministeriales. Llevaba prófugo casi seis años.  Le habían seguido la huella en San Luis Río Colorado, Sonora, donde lo ubicaron en un principio, pero con datos imprecisos.

Con documentos falsos, adoptó el nombre de Jesús Jiménez Rivera y, pese al poder e influencia que tuvo en su momento, lo descubrieron como empleado en una empresa de limpieza en Hermosillo, Sonora. Hasta allá se trasladó todo el Grupo de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado  (PGJE).

El ex dirigente transportista no opuso resistencia cuando la tarde del viernes 9 de marzo de 2018, los agentes le cumplimentaron una orden de aprehensión en su centro de trabajo por el delito de homicidio calificado en agravio del regidor Arturo Castellanos Ruiz.

En el trayecto de Hermosillo a Ensenada no comentó nada a los oficiales que lo detuvieron, no dio ninguna declaración, “se mantuvo hermético”, dijo a ZETA la subprocuradora de Justicia, Norma Alicia Velásquez Carmona.

Una vez que Meléndrez llegó a Ensenada, “se dio cuenta de que la cosa era seria”, agregó la representante de la fiscalía en exclusiva para este Semanario.

El vehículo en el que huyeron los asesinos.

Mediante las investigaciones realizadas, la PGJE estableció la presunta participación de Medardo a título de autor intelectual, delito por el cual se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada desde el viernes 9 de febrero.

Después del 6 de febrero de 2011, cuando el entonces regidor priista recibió al menos siete balazos al salir del table dance Los Mostachones, Medardo siguió su vida empresarial y pública con normalidad, pero ya con la sospecha y señalamiento de haber sido uno de los autores intelectuales.

Fue hasta finales de 2012, cuando comenzaron las capturas de los presuntos responsables del asesinato, que Medardo Meléndrez desapareció del mapa, la vida pública y actividad empresarial en el puerto.

El móvil sigue siendo el conflicto interno entre los grupos de Medardo y el regidor Castellanos, este último, denunciado en un inicio por Meléndrez en junio de 2010, por desfalco de 4.3 millones de pesos en agravio de la empresa transportista Rojo y Blanco.

En noviembre de 2012, el grupo de Castellanos reviró con una denuncia por falsedad de declaraciones. También se promovió una acción civil.

 

DOS PRÓFUGOS Y CUATRO DETENIDOS

Han pasado más de siete años desde el asesinato del entonces regidor en la administración encabezada por Enrique Pelayo Torres. Hasta la captura de Medardo Meléndrez, el tema había quedado en el olvido.

Por eso el sábado 10 de marzo, cuando la PGJE emitió un comunicado dando a conocer la captura de Medardo, el asunto recobró la importancia que tiene. Pese a ello, prácticamente nadie quiere hablar públicamente del tema.

A diferencia de los posicionamientos, reclamos y exigencias de justicia al unísono por parte de actores políticos, transportistas, empresarios y otros cuando mataron a Castellanos, tras la captura de Medardo todos han callado.

Esta vez la subprocuradora de Justicia aceptó la entrevista. Velásquez Carmona reveló la existencia de dos órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar contra igual número de personas, sin precisar si se trata de autores materiales o intelectuales.

Además de Medardo, los otros tres detenidos por el homicidio del regidor y cooperativista de Rojo y Blanco siguen su proceso en Ensenada, no han sido cambiados de prisión.

La funcionaria estatal aseveró que por ser parte de una investigación en curso no se puede divulgar si las armas usadas en el crimen de Castellanos, calibres .9 y .45 milímetros, fueron utilizadas en otros hechos violentos.

Dijo no tener conocimiento de la muerte de uno de los implicados en este hecho.

Arturo Castellanos Ruiz, regidor de Ensenada 

Por el homicidio de Arturo Castellanos se encuentran presos Saúl Camargo Avendaño, Noé Javier Armenta Beltrán “El Tanga” y/o “El Grande”, Martín Rochín Armenta y Medardo Meléndrez Armenta.

“El Tanga” y/o “El Grande” fue detenido el 30 de agosto de 2012 en Estación Bamoa. Al momento de su captura, se le señalaba como miembro del Cártel de Sinaloa. Fue uno de los dos que disparó contra el regidor.

Para detener a “El Tanga”, en aquel entonces el procurador Rommel Moreno desplegó 40 policías ministeriales de Sinaloa, 30 elementos del Ejército Mexicano, dos helicópteros y tres vehículos blindados, además de peinar nueve domicilios en el poblado ubicado en el municipio de Guasave.

Saúl Camargo Avendaño, originario de Guasave, Sinaloa, fue detenido el 20 de diciembre de 2012 en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina. Manejó uno de los dos vehículos usados en el crimen y ayudó al resto de los sicarios a escapar de Ensenada con rumbo a Mexicali, y de ahí a Sinaloa. Fue chofer de Rojo y Blanco.

Martín Rochín Armenta, ubicado como autor intelectual y asegurado en Colima el 24 de diciembre de 2013 en un retén, proveyó armas, vehículos y alojamiento a los homicidas. También ex chofer de Rojo y Blanco, posteriormente socio, es nativo de Mazatlán, Sinaloa.

Medardo Meléndrez Armenta, también acusado de ser el autor intelectual, de acuerdo a la investigación pagó 200 mil pesos por matar al ex dirigente transportista, con quien mantenía una pelea intestina por el control de la cooperativa.

 

SIN SENTENCIAS, CASO SE LLEVA EN EL SISTEMA TRADICIONAL

Ninguno de los cuatro detenidos ha recibido sentencia, reveló la subprocuradora de Justicia Zona Ensenada. El caso se lleva en el sistema tradicional y se encuentra en la etapa de instrucción, es decir, en ofrecimiento y desahogo de pruebas.

Una vez cerrado el proceso de instrucción, vendrán las conclusiones por parte del Ministerio Público y la acusación formal contra los procesados, explicó Velásquez Carmona.

La defensa de los tres primeros detenidos ha ido ofreciendo probanza tras probanza a efecto de desvirtuar las imputaciones hechas a sus clientes, es normal que el proceso lleve tanto tiempo por el tema y los delitos.

Para la subprocuradora, el proceso de los tres primeros detenidos va muy adelantado, pero prefirió no dar fechas de posibles sentencias, ya que ello no depende de la PGJE, sino del Juzgado y de su carga de trabajo.

Asimismo, dijo no poder afirmar si los detenidos han cambiado sus versiones a lo largo del proceso.

Sobre los casos pendientes en el sistema tradicional, sostuvo: “Me preocupa mucho y a la procuradora también que se continúe con las órdenes de aprehensión que tenemos vigentes del sistema tradicional, que no se deje de lado porque ya estamos en el nuevo sistema”, para ello se cuenta con un grupo especialmente diseñado para cumplimentar las órdenes de aprehensión pendientes.

 

SE RESERVA DECLARACIÓN

Bajo la causa penal 161/2017, antes 341/2012-S, el asunto se dirime en el Juzgado Único del sistema tradicional, a cargo de la juez Martha Flores Trejo.

Ahí, Medardo Meléndrez Armenta ofreció pruebas, pero se reservó el derecho a declarar y su defensa solicitó la ampliación del término constitucional hasta las 144 horas, y la tarde del jueves 15 le fue dictado el auto de formal prisión. Si Medardo declara, podría implicar a más gente.

Medardo Meléndrez en ZETA en 2011..- “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

Meléndrez, reconoció la subprocuradora, se puede amparar o impugnar el auto de formal prisión.

ZETA fue informado acerca de la presentación de amparos por parte de los primeros tres detenidos, sin embargo, la subprocuradora aclaró: “Hasta el momento no, no tienen ninguno, no obra nada en el proceso”.

 

LAS FAMILIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN ROJO Y BLANCO

Luego de su deceso, la familia de Arturo Castellanos mantuvo la sociedad con la cooperativa de Rojo y Blanco. Se calcula que de 370 concesiones distribuidas entre 90 socios, cinco estaban a nombre del ex regidor y era considerado accionista mayoritario, según datos del Ayuntamiento de Ensenada.

En el caso de Medardo, mantenía una cantidad similar de permisos de microbuses, sin embargo, estos fueron puestos a nombre de otros familiares cercanos al hoy imputado y siguen en funcionamiento.

Un familiar cercano que habló con ZETA a reserva de guardar su identidad, y reconoció, han pasado por momentos difíciles y de temor, ya que algunas personas implicadas eran sumamente cercanas a los Castellanos, entre amigos y empleados de la empresa.

No duda que haya más personas relacionadas con el crimen, sin embargo, dijo estar conforme con el trabajo de las autoridades, que a pesar de que han sido lentos los resultados, el homicidio no ha quedado impune.

El actual presidente de la sociedad, Heriberto López López, afirmó que solo tiene dos años dirigiendo al gremio Rojo y Blanco y no está en condiciones de hablar sobre el tema o emitir un posicionamiento.

De igual manera, se buscó reacción de Armando Gutiérrez Guerra, uno de los actuales integrantes de la directiva, pero no contestó las solicitudes de entrevista de este Semanario.

Ramón Inzunza, primer presidente de la asociación Arturo Castellanos, no tuvo mayores comentarios. Indicó que la agrupación cambió su nombre a Unión Estatal de Transportistas de Baja California (UETBC), ahora dirigida por Raúl Carrillo Espinoza, quien era titular de la Unidad Municipal de Transporte cuando ocurrió el crimen.

 

NO TUVIMOS ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER EN EL ASESINATO: MEDARDO EN 2011

A raíz de los señalamientos, Meléndrez -entonces dirigente de Rojo y Blanco-, Castellanos y Gonzalo Gutiérrez Guerra declararon a ZETA (edición 1931) no estar relacionados con el asesinato del integrante del Cabildo en el XX Ayuntamiento de Ensenada.

También acusaron que la PGJE estaba actuando por presiones políticas, orientando el móvil hacia la pugna entre grupos antagónicos de los tres citados y de Castellanos.

A finales de marzo de 2011, la periodista Rosario Mosso Castro hizo dos preguntas directas a los tres transportistas, en entrevista publicada en la semana del 1 al 7 de abril del mismo año:

¿Tuvieron algo que ver con la muerte del regidor Castellanos?

“Absolutamente nada”.

Se estaban peleando por rutas y dinero, ése sería el móvil…

“Si Usted tiene un fraude conmigo de 5 millones de pesos y  ya se lo tengo comprobado (conforme a un estudio del despacho Freyssinier), ¿para qué le quito la vida? Además, ni es dinero nuestro, es dinero de la empresa. A ver, ¿ahora a quién le cobro? Ese dinero se perdió.

“Han manejado que nuestras familias tienen la mayoría de Rojo y Blanco, pero yo, Medardo, tengo tres rutas, Armando tiene cuatro y Gonzalo tres, y somos 89 socios en los que está distribuida la empresa, incluso Castellanos, ahora su familia tiene tres rutas.

Ellos sacan el móvil con puras mentiras, diciendo que somos dueños de todas las mejores rutas, que nos las apropiamos, pero no es cierto, las tenemos desde hace 15 y 13 años”.

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