La intranquilidad en el sexenio de Vega

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Sortilegioz Lunes, 12 Marzo, 2018 12:00 PM

Desde el inicio de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, al ir descubriendo el incremento en los índices de inseguridad, y por supuesto recrudecido el mal ambiente en 2017, cuando la cifra de ejecutados en Baja California terminó en 2 mil 279 personas asesinadas, de las cuales en Tijuana fueron mil 780, el gobernador fue advertido por empresarios, analistas y periodistas, que en caso de no combatir de manera responsable y efectiva a las células del crimen organizado y el narcotráfico, la violencia iría en aumento.

En los pocos meses que de 2018 han transcurrido, esa premisa se confirma. El panorama no ha mejorado. Al jueves 8 de marzo, en Tijuana habían sido asesinadas 404 personas; 507 en Baja California.

El pretexto favorito de gobernadores y encargados de procuración y seguridad pública sobre las cifras de muertos, es siempre el mismo,  bastante simplón: que se matan entre ellos, que la población que vive y se desarrolla en actividades lícitas no corre peligro porque las ejecuciones son entre quienes se dedican a la delincuencia común, el narcotráfico y el crimen organizado.

Sin embargo, tal premisa es inexacta. La realidad es que toda la sociedad se vuelve vulnerable a la inseguridad y la violencia cuando en el Estado se libra una guerra mafiosa entre cárteles que de manera impune, dado que sus jefes criminales no cuentan con órdenes de aprehensión, cometen toda clase de delitos.

Cuando las organizaciones criminales, Arellano, Sinaloa y Nueva Generación, utilizan el territorio de Baja California y particularmente el de Tijuana, para matarse unos a otros en una lucha por ganar terrenos en la distribución, trasiego y venta de droga, otra serie de eventos se desencadenan. Por ejemplo, que se vayan quedando sin aliados, lo cual implica que deben buscar personas para suplir a las asesinados, en tal caso, o los traen de otros estados de la República, o reclutan a jóvenes, hombres y mujeres en la entidad, lo cual nos lleva o a una migración criminal, o al incremento en la rotura del tejido social en la entidad.

También la guerra entre cárteles, aparte de arrebatarles personas en todos los bandos, termina por acabar con las reservas económicas que de manera ilegal han recabado los diferentes cárteles. Gastan más en armas, en el pago de nuevos sicarios o distribuidores de droga, en el pago por robo de vehículos, en las cuotas para la corrupción y mantener la impunidad, en la huida. Si bien es cierto la entrada principal de un cártel es la venta y la exportación ilegal de drogas, hay otros métodos para hacerse de dinero, y en esos precisamente es donde peligra la sociedad.

Entre los ilícitos ingresos adicionales de los narcotraficantes, se encuentran dos delitos de harta sensibilidad para la sociedad: el secuestro y la extorsión. En el primero, arrebatan la persona de alguien del seno familiar, para pedir dinero a cambio de su libertad. En el inter suelen cometerse atrocidades, tortura física y verbal contra el plagiado y contra los familiares, a quienes urgen con ello a cumplir sus demandas.

Con el segundo delito, la extorsión, los narcotraficantes y criminales afectan el desarrollo económico del Estado. Comerciantes pequeños y medianos, y empresarios, deben pagar una cantidad mensual, normalmente en dólares, para no ser secuestrados. Ello afecta las finanzas de las empresas o comercios, y por supuesto la inversión. Entre más resten para otorgar a los extorsionadores, menos flujo tendrán para comprar, para crecer, contratar personal o incluso pagar impuestos. Aquellos comerciantes o mujeres y hombres de negocios que no quieren atravesar por una situación así, invierten en su seguridad, cámaras de vigilancia, vehículos blindados, escoltas, rejas, controles, con lo que también disminuyen su capacidad de inversión. La prioridad es cuidar la vida para continuar.

En el peor de los casos, los negocios cierran. Esta semana, en Ensenada, una tradicional empresa dedicada a la decoración ha salido del mercado. Lo hace ante la amenaza en que se han convertido los criminales que ya no tienen límites territoriales y han entrado a las zonas económicamente activas a cometer delitos. Fue el caso de un hombre asesinado dentro de un restaurante en el corredor gastronómico, el mismo que tanto se promociona para llegar al Valle de Guadalupe.

Supimos de otro comerciante, también de un negocio tradicional en Tijuana, quien al ser constantemente extorsionado en una de las sucursales de su lícito comercio dedicado a contribuir al bienestar de las familias, y harto de las amenazas de secuestro contra él y su familia, decidió poner en venta el establecimiento. No invertir más en el crecimiento de su empresa, y por supuesto, evitar instalarse en zonas consideradas por la propia autoridad como de alta inseguridad.

Afectar los comercios, las empresas, afecta el turismo. ¿Quién querrá ir a vacacionar a un puerto donde un asesino puede meterse a un céntrico restaurante y dar muerte a un comensal? Muy pocos, segura y desgraciadamente. Las noticias de asesinatos en áreas públicas y comercios se propagan de manera rápida, y no es porque los medios le apuesten al amarillismo, sino porque resulta increíble que ante la pasividad o un estrategia fallida por parte del gobierno para combatir al crimen, los delincuentes ya no respeten nada, ni personas, ni testigos, ni lugares públicos, ni a la sociedad.

Entonces los gobernadores y los encargados de la seguridad y la procuración de justicia que insisten en justificar que el problema no afecta a todos porque se matan entre ellos, entre los mismos delincuentes, están equivocados. La intranquilidad es para todos. La inseguridad y la comisión de delitos se diversifican y son más las potenciales víctimas.

Y en el presente sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, la violencia y la inseguridad están subiendo de intensidad y abarcando más sectores sociales. Más allá de justificarse, el gobernador debería exigir resultados a su procuradora, que genere órdenes de aprehensión contra asesinos, secuestradores y extorsionadores, que se vea que en Baja California se castiga a los criminales. De seguir como hasta ahora, esto seguirá creciendo, afectando de una u otra forma a todos los sectores de la sociedad.

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