El aumento al transporte público fue otro golpe por parte del alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, quien aprovechó las vacaciones de Semana Santa para en sesión exprés, incrementar el pasaje de 13 a 15.50 pesos.
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Foto: Francisco Pérez Tejada y David Ruvalcaba
Lo genial de esto es que desde hace varias administraciones se dice (se sabe, se conoce, se especula) que el voto para aprobar el aumento al transporte público cuesta 500 mil pesos por regidor de oposición.
Ese es el rumor entre priistas, por eso, cuando en la Comisión de Transporte el regidor Javier Cital votó a favor en comisiones y la propuesta pasó por unanimidad al Cabildo, el asesor Joel Blas Ramos subió una publicación en Facebook, en la que alertaba a los regidores a votar en contra; los etiquetó en la publicación, por lo que muchos se dieron cuenta.
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Uno de los que agarró el tema fue el ex alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla, quien de inmediato empezó a mover las aguas y mandar mensajes a la dirigencia y a los propios regidores, quienes calladitos, ya iban a votar.
Tal parece que la alerta llegó hasta el dirigente estatal del PRI, David Ruvalcaba, quien habló directamente a los regidores para exigirles que votaran en contra; finalmente y ante los reflectores, tuvieron que acceder y decir no.
Por cierto, como lo informamos en CachanillaZ, Ruvalcaba reconoció públicamente el malestar que existe en el priismo bajacaliforniano, luego que quedaron fuera de todas las diputaciones plurinominales. Afirmó que el mensaje ya llegó a la dirigencia nacional.
Negligencia
Luis Adalberto Sánchez, residente del poblado Guadalupe Victoria en el Valle de Mexicali, presentó una denuncia penal y otra ante la Secretaría de la Función Pública, ya que médicos del Seguro Social fueron negligentes al atender a su madre, Guadalupe Sánchez Hernández, quien falleciera en diciembre de 2017.
Guadalupe Sánchez se enfermó de gravedad la madrugada del 6 de diciembre. Asustada al verla convulsionarse, su familia solicitó el apoyo de la Cruz Roja, ahí la revisaron de la presión y diabetes y los resultados fue que estaba en los rangos normales; por consejo de los paramédicos decidieron solicitar cita en la Clínica 10 del IMSS, donde fue atendida por la doctora Ana María Ortiz Aburto, la cual -afirma el hijo de Guadalupe – no la revisó de los pulmones, pese a que llevaba un cuadro de resfriado.
Foto: Cristian Torres/Queja ante el IMSS
La doctora no le quiso dar medicamento para la presión ni para la diabetes, le mandó a hacer unos estudios y la puso a dieta, dándole unas vitaminas.
A los días volvió a convulsionarse, por lo que acudieron a la clínica de Guadalupe Victoria, ahí la atendió otro doctor que de inmediato la mandó de urgencia a la Clínica 30. El mismo médico le explicó a la familia que desde la primera vez debió ser hospitalizada, ya que presentaba un choque séptico del lado derecho del pulmón.
Pese a llegar en ambulancia a la Clínica 30 y con su tarjeta de afiliación, le negaron la asistencia médica, argumentando que no estaba afiliada. Fue hasta que el esposo de Guadalupe Sánchez se presentó con el mismo documento, cuando finalmente la empezaron a atender. Habían pasado cinco horas y media de su llegada al hospital.
Luis Sánchez (hijo) comentó que no tenían por qué negarle atención médica a su madre, ya que ella estaba afiliada de toda la vida, por lo que decidió presentar las denuncias.
Amenazas
A las cuatro de la mañana del sábado 24 de marzo, se recibió un reporte en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4). Lo realizaron desde un teléfono público ubicado en el Ejido México, en el Valle de Mexicali.
La amenaza señalaba textualmente: “No, pues la neta somos gente del ‘Mencho’, y pues la neta vamos a hacer un desmadre aquí en Mexicali, va a haber mucha sangre, puro Cártel Nueva Generación, así nomás”.
El incidente no es aislado; el 19 de octubre de 2017 apareció una “narco manta” amenazando a un funcionario de la PGJE, y firmada por el CJNG. Pese a esto, las autoridades estatales siguen negando la presencia de dicho cártel en Mexicali.
Refilón
En la nómina municipal resaltan dos nombres en las listas de la Secretaría del Ayuntamiento y de Desarrollo Social Municipal. Los dos individuos están o estuvieron presos por diversos delitos. Específicamente se trata de José Antonio Torres Rodríguez, jefe de Departamento de Desom, y Adrián Rivera Castañeda, auxiliar administrativo de la Secretaría del Ayuntamiento.
El primero de ellos fue detenido por autoridades de Estados Unidos en posesión de varios paquetes de cocaína, en el puerto de entrada a Calexico de Garita Centro; el segundo, conocido como “El Chato de Sinaloa”, fue aprehendido por elementos policiacos en posesión de cartuchos de arma AR-15 en el puerto de San Felipe.
Uno de ellos era además promotor de box, mientras que el otro fue vinculado a una agrupación dedicada al tráfico de totoaba.
Existen dos vías: o las autoridades son omisas y desinteresadas en mantener el mayor nivel de transparencia, o bien, ambas personas siguen cobrando sus sueldos, lo cual sería aún peor.
