Un mexicalense y un cabeño están entre los tres alumnos de cine que un comando armado levantó en Tonalá, Jalisco. Investigaciones deficientes llevan a las autoridades a un lujoso inmueble que los jóvenes usaron como locación de un cortometraje. Ante su propia incapacidad, el gobierno de aquella entidad ofrece recompensa de un millón de pesos a cambio de información. Hay un detenido por poseer objetos de una de las víctimas
Más de una semana transcurrió y aún se desconoce el paradero de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Uno, originario de Mexicali, otro de Los Cabos, y el tercero de Tepic. Todos ellos salieron de su hogar con el gran sueño de cursar la carrera en el Centro de Artes Visuales (CAAV) en la Capital jalisciense. Hoy su destino es incierto.
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La desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos consternó a miles de mexicanos que en un fin de semana salieron a marchar en todo el país. La privación de libertad de que fueron objeto de manera violenta el 19 de marzo y la falta de comunicación de sus captores, hace temer el peor de los escenarios.
De las investigaciones no hay mucho. Se indaga una finca donde los jóvenes realizaron grabaciones previo a su desaparición, se recuperaron sus vehículos y hay un sujeto detenido al que se investiga por poseer uno de los teléfonos celulares de los estudiantes. Además, las autoridades investigan la presunta responsabilidad administrativa de algunos policías municipales de Tonalá que no atendieron de inmediato el reporte.
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Foto: Eduardo Villa
La semana en que Salomón, Marco y Daniel fueron privados de su libertad fue enrarecida por la desaparición de otros tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara. César Ulises, estudiante de Medicina; Susana Carolina, de Psicología; y Pedro, quien cursa la preparatoria. Eso detonó la conmoción social en una entidad que ocupa el tercer sitio a nivel nacional en cuanto a desapariciones, con más de tres mil ausentes que no han vuelto desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” (2007) a la fecha.
Después aparecerían los tres universitarios de la localidad. Susana fue encontrada sana y salva, Pedro estaba hospitalizado después de ser atropellado, y César Ulises fue localizado muerto pendiendo de un árbol con una soga atada al cuello, en un presunto suicidio que tuvo por escenario la Barranca de Huentitán, al poniente de Guadalajara. Sin embargo, los estudiantes del CAAV no habían aparecido hasta el cierre de esta edición.
Familiares, amigos, compañeros de escuela, la comunidad cinematográfica y hasta Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, han alzado la voz para exigir el esclarecimiento del caso de los estudiantes de artes audiovisuales. Entre ellos, los ganadores del Óscar, Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki. Antes hizo lo propio Guillermo del Toro. Firmaron una carta abierta para solidarizarse con los jóvenes y sus familias, además de pedir que se investigue, detenga y juzgue a los responsables del hecho.
A través de redes sociales, la ONU-DH México expresó su solidaridad con la comunidad universitaria de Jalisco por la desaparición de sus compañeros. “Asimismo, llamamos a las autoridades para que investiguen con diligencia lo acontecido y den con el paradero de los jóvenes”, señala el mensaje.
EL LEVANTÓN
El lunes 19 de marzo, el mexicalense Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 años de edad, y sus compañeros Daniel Díaz, de 20, originario de Los Cabos, Baja California Sur; y Marco Ávalos, de la misma edad, avecindado en Tepic, Nayarit, trabajaban en la producción de un cortometraje como tarea ordenada por uno de sus profesores. Habían tenido por locación una casa desocupada en una zona relativamente despoblada del municipio de Tonalá.
De noche, cuando los jóvenes, con otros tres compañeros, circulaban a bordo de dos vehículos sobre la calle Colina Central, cerca del Anillo Periférico en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, sujetos armados que viajaban en dos camionetas les cerraron el paso. Los empistolados obligaron a los estudiantes a descender de sus autos, acostarse en el piso y después a abordar las camionetas, llevándose a tres de ellos con rumbo desconocido. De acuerdo con testigos, los captores se habrían ostentado como elementos de la Fiscalía de Jalisco.
Familiares de las víctimas se presentaron a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Ahí declararon la poca información con que contaban. El miércoles21 de marzo, el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó ante medios de comunicación lo que los parientes de los muchachos habían hecho pública la desaparición en redes sociales; el cineasta tapatío Guillermo del Toro replicó la información en su cuenta de Twitter.
Foto: Fernando Carranza García/Cuartoscuro.com
Sánchez Jiménez aseguró que en este, como en todos los casos, el gobierno se afanaba en investigar el hecho. Anunció que ya se revisaban cámaras cercanas al sitio del levantón y otras posibles fuentes de información. “Se siguen investigando esos tres y todos los desaparecidos que hay en el Estado de Jalisco, todos son prioridad, se está investigando si son o no policías, están buscando videos o constancias”.
La Policía Municipal de Tonalá, territorio donde se registró la privación de la libertad, informó que la corporación nunca recibió algún tipo de alerta por los hechos, pero ya estaba en contacto con familiares y la Fiscalía para colaborar con las investigaciones.
LA INVESTIGACIÓN
El asunto repercutió social y políticamente al grado que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, convocó a una rueda de prensa el jueves 22 de marzo, y a partir de entonces, ha tenido que salir a informar constantemente sobre el suceso a la ciudadanía. En esa primera convocatoria de medios, Sandoval se dijo “sensible” ante la molestia justificada de distintos sectores de la sociedad. “Entiendo la indignación de la comunidad estudiantil de Jalisco, entiendo que en estos momentos estén buscando la mejor forma de organizarse para manifestar su repudio ante estos hechos”.
Ese mismo día, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco había emitido una macro recomendación sobre desaparición forzada en la entidad, señalando la gravedad de la situación.
El mandatario anunció que ya existía un operativo especial para la búsqueda de Salomón, Daniel y Marco, por cuya información el Gobierno del Estado ofrecía una recompensa de un millón de pesos a quien ofrezca información fidedigna que conduzca a las autoridades a dar con el paradero de los universitarios. Luego daría a conocer la aparición de Susana Carolina y Pedro, los otros estudiantes que no habían vuelto a casa.
Parte importante de la indagatoria son los tres muchachos que acompañaban a los desaparecidos y que a ellos no se los llevaron. Sus testimonios llevaron a las autoridades ministeriales hasta una finca ubicada en una zona despoblada de Tonalá, a unos kilómetros de donde ocurrió el levantón. Según los chicos, habían grabado en esa propiedad.
Ministerio Público, policías investigadores y peritos llegaron al inmueble localizado sobre una brecha de terracería, detrás del lugar conocido como Presa El Ocotillo. La finca de unos 750 metros cuadrados, está custodiada por bardas de tres metros de altura en colores morado y blanco, con un portón color cobrizo. En el interior hay dos construcciones, una de ellas residencial.
La lujosa casa no coincide con la austeridad de la zona. Tiene un jardín grande y una alberca. La seguridad está basada en los muros, malla electrificada y un circuito cerrado de videovigilancia con cinco cámaras exteriores. Se desconoce quiénes son los dueños del inmueble.
Afuera de esa finca se localizaron los vehículos de los estudiantes: un Nissan Tiida y un Chrysler 300, ambos de color blanco. Presuntamente los vehículos habrían sido trasladados hasta el sitio por familiares de los estudiantes, luego de que los compañeros de los mismos les indicaron el punto de la locación.
La Fiscalía del Estado se ha reservado los avances de la investigación y los posibles vínculos de los propietarios de la casa con la desaparición de los jóvenes; sin embargo, trascendió que fue detenido un taxista que es investigado por poseer pertenencias de uno de los estudiantes. Al parecer se trata de un teléfono celular, entre otras cosas.
También se investiga a elementos policiales de Tonalá, cinco de los cuales tuvieron que comparecer para declarar sobre el hecho. La Fiscalía pretende fincarles algún tipo de responsabilidad por su proceder negligente durante los primeros minutos del reporte de desaparición. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, asegura que la cabina de radio de la Policía Municipal nunca recibió reporte sobre el caso de los tres universitarios.
JALISCO, TERCER ESTADO CON MÁS DESAPARECIDOS EN MÉXICO
La desaparición de Salomón, Daniel y Marco no sorprende a los jaliscienses, más bien les indignó por tratarse de un nuevo caso, y de estudiantes, que se suman a los más de tres mil desaparecidos que reporta la entidad y que no han regresado a sus hogares. El día que trascendió la noticia del levantón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer una macro recomendación al gobierno de Jalisco por otras tantas ausencias forzadas.
La situación es tan grave en el Estado del Occidente de México que solo 13 de los 125 municipios no reportan casos de desapariciones. Javier Perlasca Chávez, visitador del ombudsman local, no descarta que en esos 13 municipios también existan hechos de esta naturaleza, pero que por temor o alguna otra razón, no se han reportado o denunciado.
La gruesa recomendación fue dirigida a los tres órdenes de gobierno y a los 125 ayuntamientos en 235 cuartillas. En el documento se reclama desde la falta de nombramiento de un titular en la Fiscalía Especial en Desaparecidos, hasta alertas, memoriales, recursos y servicios forenses autónomos, entre otros. A la fecha, sólo 27 personas se encuentran bajo investigación por el delito de desaparición forzada.
Perlasca Chávez destacó que el documento pone en claro: “Es tradición en el Estado mexicano resolver diferencias políticas, diferencias de seguridad, con desapariciones, como en la ‘guerra sucia’ que inicia en los años sesenta y fue más visible en los setenta, que era práctica común y simplemente no se hacía nada.
“Lo que hemos visto con este incremento de la violencia a partir de la ‘guerra contra el narcotráfico’ es que los grupos del crimen organizado toman los mismos modos antiguos de las autoridades y los usan en su beneficio, con la diferencia de que sí hemos ganado en la exposición de casos, y las ciudadanas y los ciudadanos salimos a la calle a manifestarlos”, remató el visitador.
Guadalupe Aguilar, coordinadora de Fundación de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, urgió a las autoridades de Jalisco a realizar el nombramiento del fiscal especial para personas desaparecidas, sobre todo cuando en Jalisco las autoridades no buscan a las víctimas de este delito. Al respecto, se conoce que la convocatoria cerró con 16 aspirantes y el gobernador tiene hasta el 12 de abril para designar a dicho fiscal.
ITALIANOS Y JÓVENES
El caso de los estudiantes de cine patentizó la ineficacia del gobierno de Jalisco para resolver las desapariciones de personas. El asunto se sumó a la desaparición y búsqueda de tres italianos que fueron privados de la libertad en Tecalitlán el 25 de enero próximo pasado, y por los que se ha ejercido una presión internacional de autoridades europeas y organismos de derechos humanos.
A pesar del exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió medidas cautelares de protección a los itálicos desaparecidos y solicitó al gobierno mexicano adoptar “medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”, nada ha pasado hasta el momento.
A ese caso se agregan los de varios jóvenes desaparecidos a principios de año en municipios del sur de Jalisco, como Autlán de Navarro y el mismo Tecalitlán, cuyos familiares supieron de voz de testigos que se los habían llevado sujetos que circulaban en camionetas y con uniformes “como los de la Marina”.
Ante tal escenario, en el que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y por su propia inoperancia, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de plano ofreció recompensas de hasta un millón de pesos a quien ofrezca información que lleve a la localización de cualquier persona denunciada como desaparecida en el Estado, calificado como “fallido” por parte del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina Varela
