La diferenciación que impone el municipio de Tijuana en el cobro de impuesto predial entre terrenos con construcción, sin construcción y edificados parcialmente, ha derivado que un centenar de contribuyentes, empresarios principalmente, ganen amparos para que lo pagado por ese gravamen les sea devuelto. A la fecha, el gobierno de “El Patas” se ha visto obligado a regresar 8.5 millones de pesos en 2017, y 4.4 millones en 2018, cantidades a la que se suman multas si se demora en su devolución
El modus operandi es el mismo cada año, pagan a Hacienda Municipal el impuesto predial del Ejercicio Fiscal, obtienen el recibo correspondiente que les permite renovar permisos de operación y licencias, en el caso de empresas tanto del giro comercial como industrial, y una vez logrado el propósito, se amparan para demandar la devolución del gravamen.
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Se trata de un centenar de contribuyentes, principalmente empresarios e industrias que durante 2017 promovieron amparos por la contribución pagada, considerada violatoria al principio de equidad tributaria por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN-, logrando que el XXII Ayuntamiento les devolviera ocho millones 556 mil 634 pesos, mientras que en lo que va de 2018 han obtenido la devolución de cuatro millones 423 mil 560 pesos y sumando.
Fotos: Jorge Dueñes.- Inmueble del Manuel Alberto Trigo Rodríguez, accionista de la amparada BCAL, S.A. de C.V
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En el colmo de la estrategia fiscal, los amparados han exigido indemnización al no serles devuelto con prontitud el tributo hecho a la ciudad, obligando al tesorero Ricardo Chavarría Morales, como responsable de Hacienda Municipal, pagar multas que van desde los siete mil 200 a los 11 mil 500 pesos.
Quienes cuentan con recursos suficiente para pagar un abogado fiscalista que les promuevan amparos contra el gravamen municipal es porque la diferenciación de la Tabla de Valores Unitarios del impuesto predial, afianzada en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tijuana desde 2008, esto por el gobierno de Jorge Ramos, viola el principio de equidad tributaria, previsto por el artículo 31 de la Constitución Federal.
De acuerdo a la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN-, la aplicación de la tasa debe ser la misma para todos y el municipio de Tijuana emplea diferentes valores a predios con construcción o sin construcción, sindefinir bajo qué criterio se determina tal diferenciación de cargos.
Para frenar la promoción de amparos, cada vez más recurrentes contra ese gravamen, el XXII Ayuntamiento de Tijuana dice ocuparse en la promoción de una estrategia legislativa, proceso que podría este cabildeando este año en el Congreso del Estado, con el fin de solventar la lagunas legales en las que se amparan los empresarios para no contribuir a la ciudad.
Aunque el tesorero Ricardo Chavarría reconoce “las deficiencias administrativas” en la aplicación del impuesto predial, para él “también es cierto que los empresarios deben tener una obligación moral con la ciudad y contribuir con el pago del predial, no evadirlo”.
SE RESISTEN A CONTRIBUIR A TIJUANA
Para el fiscalista Adolfo Solís Farías, quienes se amparan, son aquellos que pueden pagar un abogado, de ahí que todos los amparados sean empresarios.
Conocido el camino para no contribuir al municipio con este gravamen, recurren al amparo año con año, “son los mismos generalmente, traen al mismo abogado, la misma forma de operar, vienen, pagan y sacan sus permisos y después se amparan”, expuso el tesorero Municipal Ricardo Chavarría Morales.
Pablo Rafael Carrillo Barrón, propietario del Parque Industrial Pacífico y uno de los empresarios más prominentes de Tijuana, es uno de los que más se resiste al pago del impuesto predial de todas sus propiedades, entre empresas, viviendas y terrenos.
Fotos: Jorge Dueñes.- Avery Products, S. de R.L. de C.V., con dos amparos en 2017
Como estrategia para el no pago del gravamen, recurre a convenios con los gobiernos de Tijuana, sean del partido que sea, logrando obtener contratos de adjudicación directa para que su empresa constructora realice obra pública, a cambio de que le sean condonados los créditos fiscales, incluido el predial.
No obstante, Carrillo Barrón recurrió en 2017 a tres amparos para que el XXII Ayuntamiento le devolviera una suma conjunta de 343 mil 562 pesos, los cuales ganó, por lo que el municipio le devolvió la cantidad reclamada.
Sin embargo, a pesar de su falta de solidaridad moral hacia el municipio, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro firmó a mediados de enero de 2018, un convenio con Pablo Rafael Carrillo Barrón y la Asociación del Parque Industrial Pacífico para la rehabilitación con concreto hidráulico de vialidades de la zona, en su mayoría propiedad del contribuyente evasor.
En la obra el gobierno de Tijuana invertirá 60 millones de pesos, de los 120 millones que se prevén aplicar, mientras que las empresas de Carrillo Barrón aportarán el 50% que les corresponde, ejecutando la reparación.
Como Rafael Carrillo Barrón, otros empresarios tijuanenses también recurren al amparo; tal es el caso la familia Fimbres, Chalita Rodríguez, Romano Guakil, Mauricio Fernández Margain, Erik Mugerdich Baloyan Barbara, Guillermo Díaz y María Luisa Lutteroth Lomelí; así como la empresa Avery Products, S. de R.L. de C.V, propiedad de Jorge Reyes López, y que se ubica en el Parte Industrial Pacífico, entre otros.
De acuerdo a información obtenida vía transparencia, a los 100 amparados que han exigido la devolución del impuesto predial en 2017 y lo que va de 2018, Tesorería Municipal ha tenido que regresarles 12 millones 980 mil 194 pesos; 8.5 millones de pesos durante el Ejercicio Fiscal 2017, y 4.4 millones de pesos en los dos primeros meses de 2018. En trámite de devolución se encuentran 24 casos perdidos por el Ayuntamiento de Tijuana, a los que se podrían sumar otros más en proceso de ser favorecidos con el amparo.
LAGUNAS POR SOLVENTAR
Al modificarse la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios del impuesto predial, en Tijuana se hace una diferencia al gravar terrenos construidos, no construidos y construidos parcialmente, lo cual no sucede en ningún otro municipio de Baja California; por lo que solo los contribuyentes de esta ciudad pueden apegarse al amparo, expuso el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Esto es posible porque una jurisprudencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional tal diferenciación, al considerar que la Ley de Ingresos de Tijuana tiene fallas al faltar a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, determinados en la Constitución Mexicana.
Foto: Cortesía.- Empresarios que se niegan a contribuir con impuesto predial
La inconstitucionalidad estiba en las tasas aplicadas al terminar el monto del impuesto predial, ya que por un lado se indica una tasa general de 3.30 al millar, aplicable a todos los predios, incluyendo aquellos con construcción, y se adicionan 3.70 puntos al millar a la tasa general de los predios cuyo valor de la construcción supere el 50% del valor catastral del terreno, casos en el que el gravamen se eleva a siete puntos del millar.
Para Solís Farías, el hecho de que la ley municipal no determine en forma clara una regla para definir el valor de las propiedades la vuelve inconsistente, laguna que tendría que solventar el propio municipio para ser considerado por el Congreso del Estado.
La falta de transparencia en la aplicación del impuesto predial y que el gobierno local no defina hacia qué bienes y servicios canaliza lo captado por ese gravamen, también lo convierte debatible fiscalmente.
“¿Por qué no han cambiado la Ley?”, cuestionó al tiempo que se respondió a sí mismo: “porque no ha habido suficientes amparos que mermen los ingresos de Tijuana, porque aunque sea anticonstitucional, la mayoría de los contribuyentes acepta el cobro del gravamen en esas condiciones y lo paga”.
PODRÍAN MODIFICAR CÁLCULO
En la normatividad que rige el acto de aplicación del impuesto predial no existe una definición de lo que deberá entenderse por calidad superior, mediana, económica, corriente o precaria; así como por estado de calidad excelente, bueno, regular, malo y pésimo, puntos que el gobierno de Tijuana busca modificar para solventar su legalidad.
“Tenemos una estrategia de realizar los procesos legislativas en los que regularmente se amparan, de que no se hizo el procedimiento como se tenía que hacer”, anotó el tesorero Ricardo Chavarría, quien aseguró que, aunque sí se ha trabajado en “ir cerrando círculos”, contestando los amparos, “al final de cuentas, los que se amparan tienen fiscalistas y van metiendo recursos y van viendo por dónde se pueden amparar”.
Por ello garantizó que la administración municipal se ocupa en analizar las deficiencias administrativas en la aplicación del gravamen para proponer las modificaciones legislativas que sean necesarias y así evitar que los empresarios de Tijuana sigan evadiendo el pago del impuesto predial, “toda vez que es necesario ese recurso”.
Y concluyó: “con qué cara nos piden muchos empresarios, comerciantes, la prestación de los servicios, si no contribuyen a ello, tienen un doble discurso: por una parte exigen y por otra omiten la contribución, como los demás ciudadanos”.
