El suplente de Blanca Esthela Ponce en la alcaldía de La Paz fue aprehendido presuntamente por el desvío de 8 millones 862 mil 520 pesos por compras de refacciones, accesorios, llantas, aceites, filtros de gasolina, bombas de frenos, mangueras del sistema de enfriamiento, alineación y balanceo de llantas y cambio de aceites y afinaciones del parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Bomberos, Zofemat, Instituto de Cultura, Coordinación de Delegaciones, Cabildo y Presidencia Municipal
La detención se llevó a cabo por cinco elementos de la Policía Ministerial del Estado el miércoles 14 de marzo, en el negocio conocido como Servillantas Monroy, propiedad del imputado Francisco Javier “Nacho” Monroy Sánchez, ex alcalde de La Paz, quien suplió a Esthela de Jesús Ponce Beltrán el 6 de marzo de 2015, cuando esta solicitó la separación del cargo para formalizar su participación en las elecciones del 7 de junio del mismo año, como diputada federal plurinominal; cargo que actualmente desempeña, además de encabezar la dirigencia nacional del Movimiento Territorial (MT) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Desde su salida de la alcaldía, todo pintaba para mal para Monroy. En el proceso de entrega-recepción, le fue impedido el acceso al recinto oficial por el H.Cabildo de La Paz. El impedimento fue por sus propios elementos municipales bajo su cargo en el momento, por lo tanto, no pudo entregar formalmente la administración al panista Armando Martínez Vega el 27 de septiembre de 2015.
Tras el retiro de Beltrán, la llegada de Monroy estuvo plagada de acusaciones y denuncias por desvío de recursos, como la “Fuente Danzante” y la remodelación del Centro Histórico de la Capital, que contemplaba alrededor de 13 millones de pesos de inversión. Gestión realizada por la entonces alcaldesa de La Paz.
Después, con “Nacho” se vinieron serias acusaciones por la auto compra de alrededor de 8 millones 862 mil 520 pesos en servicios prestados por empresas de Monroy Sánchez, quien brindaba servicios a las unidades de seguridad pública y servicios públicos.
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Para agregar otras acusaciones, destaca el juicio político en contra del también ex alcalde bajo el expediente 01/2016 por la ilegal autorización de cambio de uso de suelo en favor de Desarrollos Zapal, SA de CV, el 21 de septiembre de 2015.
El ex servidor público se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, así lo confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el jueves 15 de marzo rindió su declaración preparatoria en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal.
También es sabido que ante rumores por órdenes de aprehensión en contra de Francisco “Nacho” Monroy, habría solicitado amparos en agosto de 2017, como obra en el expediente 914/2017 en contra del Juzgado Segundo, con el fin de protegerse.
Estas son algunas de sus palabras, declaradas en su momento ante las presuntas acusaciones: “Sí, de hecho, traigo amparo porque no se sabe en qué momento y ve tú a saber, ahorita realmente no sé cómo están las cosas, de qué se trata, y pues una protección”.
ACUSACIONES FUNDAMENTADAS
Con un total de 12 denuncias -ocho ante la Procuraduría General de la República (PGR) y cuatro más ante la fiscalía del Estado-, el XV Ayuntamiento de La Paz denunció a sus antecesores Esthela Ponce Beltrán y Francisco Monroy Sánchez, por el desvío de más de 100 millones de pesos en recursos federales.
Monroy fue aprehendido presuntamente por el desvío de 8 millones 862 mil 520 pesos con 20 centavos, por el concepto de compras de refacciones, accesorios, llantas, aceites, filtros de gasolina, bombas de frenos, mangueras del sistema de enfriamiento, alineación y balanceo de llantas y cambio de aceites y afinaciones del parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Bomberos, Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Instituto de Cultura, Coordinación de Delegaciones, Cabildo y Presidencia Municipal. Información recabada en 377 facturas emitidas en la administración de “Nacho” Monroy.
Amparo solicitado por Monroy Sánchez y Silvia Aguilar, la supuesta prestanombres y secretaria, actualmente tiene a su nombre uno de los parques de Villas del Encanto
Algunas fueron “auto compras” que realizó a su empresa denominada AutoServicio Monroy, sin embargo, para librarse de toda sospecha, otorgó algunas facturas a nombre de su secretaria y prestanombres Silvia Aguilar Baltazar, la cual se presumía como propietaria de otra empresa (AutoServicios Aguilar) que prestaba sus servicios al XIV Ayuntamiento de La Paz.
En una revisión realizada en su momento por miembros del Ayuntamiento para corroborar la dirección fiscal de la empresa, se encontraron con que en el domicilio brindado en la colonia 8 de Octubre había una vivienda particular.
Es sabido que desde la presencia de Esthela Ponce Beltrán al frente del Ayuntamiento (27 de abril de 2011 6 de abril de 2015), otorgó contratos a la empresa de su suplente por más de 4 millones 300 mil pesos.
Según documentos obtenidos por ZETA, a solo unos días de culminar su mandato, ver la poca solvencia económica del Ayuntamiento y con el afán de “no adeudar” a empresas, a través de la Póliza de Diario Número 141, el hoy detenido autorizó la donación de un predio ubicado en el fraccionamiento Villas del Encanto, supuestamente pagaría el adeudo AutoServicios Aguilar.
El contrato se reconocimiento de adeudo y donación quedó registrado ante la Notaría Pública Número Tres, bajo la escritura 53,665, dicho predio en donación está valuado en dos millones y medio de pesos y fue otorgado al parecer de manera ilegal o por encima de la Ley.
En el Juzgado Primero de Distrito aparecen enlistados los juicios de amparo promovidos por ex servidores públicos, casualmente el promovido por Silvia Aguilar Baltazar bajo el documento 915/2017, quien buscó respaldo por su empresa AutoServicios Aguilar; y Rosendo Castro Orantes, ex tesorero, en contra del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Investigación y Litigación de la PGR.
Otros problemas que dejó el XIV Ayuntamiento de La Paz son:
* Más de 13 millones de pesos que contemplaba la “Fuente Danzante” y remodelación del Centro Histórico de La Paz, que a la fecha sigue sin existir, y además, penalizó al municipio y a los comerciantes del centro sin oportunidad de recibir apoyo federal
* 8.5 millones de pesos para el Mercado de Productores del poblado de Chametla, se bajaron recursos para tal fin y la obra no se realizó, en cambio se “remodeló” el Parque de Chametla
* 430 mil pesos desviados del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Municipio.
El XV Ayuntamiento de La Paz de Armando Martínez Vega denunció penalmente a Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez por irregularidades encontradas en las arcas municipales
La captura de Monroy Sánchez estaba programada desde julio y agosto de 2017, sin embargo, casualmente en periodo electoral, la Procuraduría General de Justicia del Estado libró orden de aprehensión, ejecutada con toda tranquilidad en el domicilio fiscal de “Nacho”; solo resta que la documentación y denuncia hayan sido bien integradas para que no termine en un proceso político-electoral.
LO QUE MARCA LA LEY
Según la antigua Ley (antes de la reforma), el delito de ejercicio abusivo de funciones contempla en su Artículo 280 que se impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, al servidor público que:
* En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico; que produzca algún beneficio económico al propio servidor público, a su cónyuge, concubino o concubina, o para cualquiera de sus parientes en los grados previstos por el Código Civil para el Estado o para cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte
* Ex edil que, valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones o enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto jurídico, que le produzca algún beneficio económico indebido al propio servidor público, o a alguna de las personas mencionadas en la fracción anterior.
Actualmente y después de la Reforma del Código Penal del Estado de Baja California Sur, que data del 31 de diciembre de 2017, el Artículo 280 establece el delito como Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, y prácticamente contempla los mismos indicios.
Sin embargo, después de consultar con un abogado litigante, la Ley da la facultad al Juez Segundo para clasificar o reclasificar el delito o bien, liberar a Monroy Sánchez, además de abarcar un periodo de entre 52 y 144 horas para ejecutar dicha acción penal.
De acuerdo con la información recibida por ZETA, la determinación queda en manos del juez Hiram Gallegos, aunado a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que es totalmente garantista, establecerá una fianza para que el ex funcionario pueda llevar su procedimiento legal fuera del penal de La Paz.
