Ante inseguridad, “alcalde, jueces y procuradora buscan excusas, reparten culpas y nadan de muertito”: COCI

Foto: Isabel Mercado
 
Destacados Viernes, 9 Marzo, 2018 01:35 PM

Ante lo que calificaron un vacío en la coordinación por la seguridad, particularmente en el municipio de Tijuana, el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes –COCI- convocó a la cruzada ciudadana por la seguridad, para que sea la población, a través de los líderes de colonias, dirigentes de cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil, se manifiesten contra la violencia.

Los representantes de COCI, Román Antonio Aboytes y Carlos Atilano Peña, precisaron que el llamado es para que a partir de los ciudadanos se presione a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se ponga un alto a la creciente inseguridad, tema en el que, acusaron, ningún nivel de gobierno ha asumido su responsabilidad.

Desde el presidente municipal de Tijuana –Juan Manuel Gastélum Buenrostro- “que solo busca excusas y reparte culpas” para no asumir su responsabilidad, hasta los jueces, pasando por la Procuradora General de Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva “quien nada de muertito”, todas “nuestras autoridades solo han demostrado ser ineptas e incapaces para frenar el creciente índice de violencia, problemática en la que Tijuana ocupa un vergonzoso quinto lugar”, anotó Atilano Peña.

Por ello, expuso, se hace un llamado a la población a sumarse a la cruzada, para que sean los propios ciudadanos los que dicten los lineamientos para que las autoridades responsables de contener la delincuencia actúen.

De inicio planteó realizar un diagnóstico de la problemática real de cada colonia, desde robo a casa habitación, comercio y vehículos, hasta los homicidios.

Los integrantes de COCI también insistieron en la destitución del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, a quien señalaron de no reunir el perfil para ocupar el cargo que ostenta.

En tanto, a la procuradora Perla de Socorro Ibarra demandaron destrabar la denuncia penal interpuesta en 2017 en contra del alcalde de Tijuana por la opacidad en los contratos de adjudicación directa que entregó a Grupo Turbofin para la renta de camiones recolectores de basura y patrullas.

 

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