Acata DIF sentencia de amparo, admite solicitud de adopción de matrimonio igualitario

Foto: Archivo.- Los Víctor podrán adoptar
 
Ezenario Lunes, 5 Marzo, 2018 12:00 PM

El Sistema DIF Estatal informó a ZETA que la solicitud de adopción ingresada por el matrimonio compuesto por Víctor Fernando Urías Amparo y Víctor Manuel Aguirre Espinoza, fue admitida por la Subprocuraduría para la Defensa del Menor, en cumplimiento de la sentencia de juicio de amparo promovido por la pareja ante el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, dictada el pasado 19 de febrero.

Aunque la petición fue negada en un primer intento de la pareja por adoptar, al no proporcionar el DIF, “un documento para establecer su estado de salud”; luego de la resolución del tribunal, el matrimonio fue citado para el próximo 10 de abril a efectos de realizar su evaluación psicológica.

La dependencia informó que se cuenta también con el ingreso de solicitud de adopción de otro integrante de la comunidad LGBTI en Ensenada, quien también acudió al juicio de amparo, aunque en este caso, la Subprocuraduría interpuso recurso de revisión porque la pareja sentimental del solicitante se negó a realizar la evaluación psicológica, requisito que la dependencia estima necesario, ya que éste “participará del cuidado y crianza del futuro hijo/a adoptiva”. El recurso se encuentra pendiente de resolución.

Históricamente, en Baja California, la comunidad LGBTI ha tenido que recurrir a instancias judiciales para hacer valer su derecho a la igualdad y no discriminación al momento de decidir contraer matrimonio civil, así como para hacer valer los derechos inherentes a dicha condición, como lo es seguridad social y ahora la adopción, siendo la excusa usual de las autoridades locales que los matrimonios igualitarios no están contemplados en la legislación local.

En 2011 se realizó una reforma constitucional en México, en materia de Derechos Humanos, estableciéndose en el Artículo 1. Constitucional, que en territorio nacional, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” y que éstas no podrán ser objeto de discriminación -se manifiestan las preferencias sexuales como una causa- que “tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, el mismo artículo contempla la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”; de modo que la excusa de las autoridades locales de anteponer leyes propias a la Constitución, es observada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- como un incumplimiento flagrante al respeto de los derechos de la comunidad LGBTI.

En el contexto de la reforma constitucional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió, en junio de 2015, la tesis jurisprudencial 1a./J.43/2015, la cual señala, toda legislación estatal que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación o que éste se celebra entre un hombre y una mujer, resultan inconstitucionales; mientras que el Pleno emitió, en septiembre de 2016, la tesis P./J.8/2016, la cual considera que en las adopciones, el interés superior del menor se basa en la idoneidad de los adoptantes, “dentro de la cual son irrelevantes el tipo de familia al que aquél será integrado, así como la orientación sexual o el estado civil de estos”.

“Como jurista, yo creo que debemos de adecuar nuestra legislación a todo lo que es obligatorio para nosotros, que son esas tesis de jurisprudencia o de contradicciones que hay, debemos ir a la vanguardia”, manifestó la Jueza Primero de lo Familiar de Tijuana, Ana Carolina Valencia Márquez.

Ejemplificó con el tema de los divorcios incausados que, aunque no están contemplados aun en la legislación local, ella admite y resuelve conforme a la petición de los solicitantes, comentando: “desaplico la norma transgresora que establece causales de divorcio, y aplico instrumentos internacionales donde se establece el derecho fundamental a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad”.

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