Para el secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, la propuesta de aplicar prisión preventiva a personas en portación de armas no va prosperar durante lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Yo siento y casi estoy seguro que esta administración federal no va a cambiar la ley”, dijo en referencia a la petición que ha venido haciendo el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública encabezado a nivel estatal por Juan Manuel Hernández Niebla.
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Sosa Olachea refirió que con todo y que se han llevado a cabo reuniones con diputados de Baja California, para que ellos “hagan la atenta recomendación al congreso federal”, el catálogo ilícitos meritorios de prisión preventiva va a seguir sin incluir la portación de armas.
Ante la disposición contemplada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, referente a dejar en libertad a personas sospechosas que porten armas, Sosa Olachea refirió que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se hace lo posible por retirárselas.
En cuanto a los detenidos armados que al final de cuentas quedan libres, “lo que tratamos, es quitarles el arma”, según dijo, para procesarla.
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Mencionó que una vez que el juez de distrito la libera, el arma no vuelve a circular en las calles, pues “se deposita en la guarnición militar”. En ese sentido recordó que “hace unas semanas hubo una destrucción de armas”.
“Estuvimos presentes en la destrucción”, dijo y precisó: “fueron mil 835”.
Refirió que “todavía hay 4 mil por ahí guardadas hasta que los jueces de distrito liberen esas armas para que sean destruidas”.
