El entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, sí tuvo un conflicto de interés en la etapa del proceso de licitación del fallido proyecto Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, obra que estaba valuada en 58 mil millones de pesos.
El Tren fue una de las promesas que presentó Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la Presidencia de México. Casi dos años después, el 6 de noviembre del 2014, el mandatario nacioal revocó el fallo que asignó al consorcio de empresas chinas, francesa y mexicanas.
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El portal informativo Aristegui Noticias adelantó que mañana miércoles dará a conocer un documento que demuestra que Videgaray Caso encabezó un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” con el gobierno de China, cuyo proyecto principal fue realizar el referido tren, 11 meses antes del lanzamiento de la licitación.
“Díez días antes del lanzamiento del concurso internacional, Videgaray recibió en Palacio Nacional a funcionarios chinos para una reunión que tuvo como objetivo, entre otros, analizar alianzas estratégicas entre empresas de ambos países”, indicó el portal informativo en una nota firmada por el periodista Sebastián Barragán.
El medio también recordó que el 3 de noviembre de 2014, el Gobierno chino, mediante dos constructoras estatales, entre ellas China Railway Construction Corporation, ganó la licitación para realizar la obra del Tren, en conjunto con las empresas mexicanas Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora Teya.
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Los dueños de las empresas mexicanas del consorcio ganador del tren programado para entrar en funcionamiento en el 2018, fueron: Hipólito Gerard Rivero, de GIA+A, ex cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y cuñado del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya.
Además de Olegario Vázquez Aldir, de Prodemex y también director del Grupo Empresarial Ángeles, a su vez propietario de Grupo Imagen, que cuenta con estaciones de radio y televisión, concesionadas por el Estado mexicano.
Asimismo, Juan Armando Hinojosa Cantú, de Constructora Teya, contratista tamaulipeco dueño de Grupo Higa, que construyó la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera Hurtado, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, valuada en siete millones de dólares y ubicada en Las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, revelación que hizo, también, Aristegui Noticias, el 9 de noviembre del 2014.
Ante dicha revelación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) canceló la obra bajo el argumento de que querían eliminar dudas en la opinión pública sobre la transparencia de la misma.
El 11 de noviembre del 2014, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que Videgaray Caso compró una casa, con valor de 7.5 millones de pesos en el Club de Golf Malinalco, Estado de México, al contratista del gobierno Juan Armando Hinojosa, también dueño de Grupo Higa.
Videgaray dijo que pagó la casa con tres obras de arte y un cheque personal fechado el 31 de enero de 2014. Sin embargo, el documento contable de 6.6 mdp no fue cobrado hasta casi un año después, justo unos días antes de que el reportaje del WSJ cuestionara las relaciones comerciales del ex titular de la SHCP con el contratista favorito del gobierno.
El funcionario federal admitió después que la publicación del reportaje del WSJ relacionado con su casa de Malinalco, había afectado su credibilidad e impactado en su familia. Así lo respondió a pregunta expresa del editor en jefe de la revista The Economist, Michael Reid. “Todo esto pese a que el caso fue aclarado”, aseguró el ahora extitular de la SHCP.
Sin embargo, Aristegui Noticias recordó que los informes periodísticos “dieron origen a un escándalo de corrupción que supuestamente fue investigado por Virgilio Andrade Martínez, quien fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 3 de febrero del 2015.
Videgaray Caso, todavía titular de la SHCP, fue exonerado de conflicto de interés “porque no intervino en ninguna etapa del proceso de contratación, por lo que no puede imputársele una falta de imparcialidad o una actitud parcial a favor de alguien”, según el expediente de la SFP.
La participación de Videgaray Caso en un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel” para concretar el proyecto no se menciona en las más de 60 mil hojas del expediente que elaboró Virgilio Andrade, abundó Aristegui Noticias.
“Tampoco se menciona en el informe de la Comisión Especial investigadora que realizó el Congreso de la Unión, ni en las comparecencias a las que fue citado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), principal encargado del proyecto […] Menos aún se investigó la reunión en Palacio Nacional para analizar alianzas empresariales entre firmas de ambos países”, indicó el medio.
El 20 de marzo de 2014, “con los esfuerzos del grupo de Trabajo” donde participó Luis Videgaray, el Gobierno chino comisionó a dos empresas paraestatales la “planificación, diseño y financiamiento del proyecto”, dice el documento que difundirá Aristegui Noticias.
El 5 de agosto de 2014, Videgaray y Xu Shaoshi encabezaron una reunión del grupo de trabajo en Palacio Nacional. Mediante un comunicado, se dio a conocer que uno de los objetivos era “promover asociaciones estratégicas entre empresas chinas y mexicanas”. Inclusive, Enrique Peña Nieto recibió a la comitiva asiática.
El 25 julio de 2014, la SCT publicó las prebases de la licitación y el 15 de agosto del mismo año lanzó abiertamente el concurso internacional. Dicho cronograma indica que el Gobierno China llevaba una ventaja de 11 meses de trabajo, de la mano de Videgaray Caso, indicó Aristegui Noticias.
La revelación sobre el “objetivo principal” del Grupo de Trabajo se incluye en el “Aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del Gobierno de México”, que presentó el consorcio chino ante la Secretaría de Economía (SE) el 9 de octubre de 2015.
A finales de noviembre del año pasado, se conoció que el Gobierno de China busca que su homólogo mexicano le pague 600 millones de dólares -unos 11 mil 294 millones 520 mil pesos aproximadamente- por la cancelación del tren de alta velocidad.
Ya que para los asiáticos, el Gobierno de México no actuó de “buena fe”, ni garantizó un debido proceso legal, según lo informó el portal informativo Aristegui Noticias, que obtuvo un documento vía Transparencia.
