Afectados por el hundimiento de viviendas en el Fraccionamiento Valle Sur II, fueron notificados por la Dirección de Administración Urbana (DAU) de la necesidad de comenzar los trabajos de demolición de las 16 viviendas afectadas, señalando en el documento entregado que, de no procederse, será el Ayuntamiento quien realice esta labor a costa de los afectados y de la constructora.
La notificación, fechada el 8 de diciembre de 2017, se motiva en el riesgo inminente de colapso de las viviendas y se fundamenta en el artículo 56 de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, el cual establece órdenes de reparación o demolición.
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Dicho artículo señala a la letra: “Cuando las Autoridades Municipales tengan conocimiento de que una edificación, estructura o instalación, represente algún peligro para las personas o bienes, ordenará al Propietario o Poseedor que efectúen las reparaciones, obras o demoliciones, necesarias conforme al dictamen técnico que elabore o avale la Autoridad Municipal. En caso de no ser atendido, ordenará su clausura parcial o total, según sea el caso, y a cuenta del propietario o poseedor realizará las obras o demoliciones necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes”.
Los afectados manifestaron que tan solo obtener las autorizaciones de demolición, pudiera costar alrededor de 200 mil pesos, a lo que se sumaría la contratación de los trabajadores y la maquinaria necesaria para ello. La notificación señala un término de 10 días naturales para la cumplimentación de la demolición, trabajos que deberán ser supervisados por la autoridad municipal. En recorrido realizado por ZETA, no se encontraron indicios del inicio de dichos trabajos.
A los vecinos que financiaron su vivienda a través de Infonavit y que aún contaban con créditos pendientes, esta dependencia federal ya les respondió cancelándoles el adeudo e incluso restituyéndoles al menos parte del dinero aportado en abono del mismo, mientras que quienes cuentan con créditos vigentes con otras instituciones financieras y seguros por daños, no han obtenido solución, esto porque el dictamen realizado por el Ayuntamiento de Tijuana señala que la causa de la afectación fueron las lluvias presentadas en febrero de 2017.
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Si bien, el dictamen técnico de daños elaborado por la DAU, con numero de oficio A.E.-A.T.D./162/17, de fecha 19 de junio de 2017, comentaron que a pesar de haber factores internos para la afectación, como lo son las condiciones geológicas del terreno en que se encuentra asentado el fraccionamiento, así como los cortes y rellenos de talud realizados por la constructora IDU, el documento manifiesta como causa determinante que “fue el fenómeno atípico hidrometeorológico presente en la Ciudad en los meses de febrero a marzo de 2017”.
No obstante, los afectados insisten en que las afectaciones y las filtraciones de agua al subsuelo de sus viviendas, no comenzaron a presentarse, sino hasta que la misma constructora IDU comenzó la edificación del fraccionamiento Coto 84, asentado en la misma ladera y a escasos metros por encima de Valle Sur II.
Actualmente, los afectados que ya habían terminado de pagar sus viviendas están esperando que el Ayuntamiento entregue los documentos presentados por IDU para obtener los permisos para la construcción, documentos que serán clave para que estos puedan proceder legalmente contra la constructora y de ser el caso contra el Gobierno Municipal.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Tijuana, Ricardo Lomelín Clapera, expresó que la dependencia a su cargo aún no tiene noticia del inicio de los trabajos de demolición, por lo que se prepara una segunda notificación a los propietarios de las viviendas y a la constructora.
Comentó que la orden de demolición expedida tiene que ver con salvaguardar la integridad patrimonial de la empresa BBS Baja y la integridad física de sus trabajadores, quienes se verían potencialmente afectados si se presenta un deslizamiento del talud en que se encuentran asentadas las viviendas afectadas. Esto también pudiera causar afectaciones a las casas que no presentan daños al estar conectadas mediante la pavimentación con las que sí están en riesgo de colapso.
Lomelín manifestó que desconoce el monto aproximado que puede tener la demolición ordenada y que en primera instancia, deben ser los propietarios y la constructora quienes decidan de qué manera se dividirán dicho gasto.
Los responsables de la demolición deberán presentar un proyecto al que la SDUE hará las observaciones pertinentes, teniendo que darse ésta de manera paulatina y con toda la precaución para evitar el deslizamiento del talud, tomándose asimismo las medidas para estabilizar el mismo una vez que se retiren las edificaciones.
