En un sector superficialmente regulado, cuyos elementos nada pueden hacer en casos de crisis, salvo llamar al 911 y esperar que la autoridad resuelva, Ensenada cuenta con 26 empresas registradas con 700 guardias, elementos con largas jornadas de 12 horas y sueldos que apenas superan los mil pesos a la semana, con pocas o ninguna prestación
La alta incidencia delictiva ha propiciado el crecimiento de la industria de la seguridad privada en Baja California, sin embargo, existe descontrol en las medidas de contratación de los elementos que integran ese sector.
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La formación de estos hombres y mujeres se reduce a primaria terminada con una firma de intención de concluir la educación secundaria, donde los interesados ingresan al campo de la seguridad particular sin obligación de recibir una preparación previa en defensa personal o cómo actuar en momentos de crisis.
Un caso reciente en Ensenada sucedió el lunes 12 de febrero casi al amanecer, cuando un grupo de guardias de seguridad tuvo un encuentro violento en el bar La Prisión, liándose a golpes con jóvenes que se negaban a abandonar el lugar.
En un video subido a redes sociales, se ve que los hombres, contratados para mantener el orden, lanzan patadas, empujan y golpean con los puños a clientes que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas en el área del estacionamiento. Hubo malestar por el actuar de los cuidadores, a quienes recriminaron el exceso de violencia.
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César Román Díaz, director de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California, aclaró que los elementos son preventivos, que están imposibilitados para tocar a un civil y, en caso de riña, deben limitarse a llamar al 911 y esperar a que la autoridad competente resuelva.
“Hay cierto tipo de servicios que pueden dar en lo que llega la autoridad. En sí es una labor que cualquier civil puede realizar”, refirió.
Respecto a la regulación, dijo, se trata de un marco jurídico donde se les enseña solo un marco de actuación, “un poco de la filosofía la parte humanística, cooperativa, de cómo atender llamadas de emergencia”.
En Baja California hay 247 consorcios, de los cuales 122 se encuentran en Tijuana, 84 en Mexicali, 26 Ensenada y siete se reparten entre Tecate y Playas de Rosarito.
Actualmente el Estado tiene registrados 7 mil 500 elementos que integran la fuerza de seguridad civil o privada. La distribución es de 5 mil en Tijuana, 2 mil 500 Mexicali, 700 en Ensenada, y el resto entre Tecate y Playas de Rosarito.
CANACO QUIERE PROFESIONALIZAR LA ACTIVIDAD
Dado que los guardias de seguridad pueden cometer abusos o excesos en contra de clientes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Jorge Menchaca Sinencio, urgió al Estado a implementar un sistema de capacitación.
El dirigente reconoció que la SSPE tiene un departamento muy pequeño que se encarga de regular esta actividad, sin embargo, es necesario que ante la falta de una Ley, instruyan a los vigilantes sobre cuáles son sus atribuciones.
“Vemos que unos guardias que más controlar o poner orden en una situación complicada, más bien desquitan el coraje”, describió el comerciante.
Foto: Enrique Botello
Comentó que hay un plan para certificar a los guardias, pero los costos son de entre 30 mil y 40 mil pesos por cada uno, lo que hace incosteable someter a un trabajador a un curso, sobre todo cuando “no sabemos cuánto tiempo permanecerá como vigilante en nuestro negocio”.
Hay establecimientos que requieren con mayor frecuencia la presencia de un vigilante, los que manejan valores, discotecas y bares, o lugares de eventos masivos.
Dependiendo de la capacidad económica, es la posibilidad de contratar a alguien de seguridad, pero todos los negocios requieren de por lo menos uno para controlar la logística de la empresa.
DESMANTELAN CONSORCIOS “PATITO”
Román Díaz, director de Seguridad Privada de la SSPE, indicó que en el último año han clausurado seis empresas irregulares que prestaban servicio de manera ilegal en Baja California, cuatro en 2017 y dos en lo que va del presente año.
De las 322 visitas de inspección que se hicieron el año anterior, 120 fueron sancionadas al no cumplir los requisitos para operar, como contratar elementos no autorizados o no tener el expediente completo de ellos.
Una de las políticas de este gobierno es buscar la regulación de los centros de diversión, lugares donde hay excesos.
“Tenemos la tarea conjunta con la Dirección de Alcoholes para poder trabajar coordinados, porque es importante que entre la parte de los permisos”, comentó Díaz para agregar que, pese a no existir una legislación que regule la actividad, las empresas se rigen por un marco jurídico o reglamento especial, de ahí que realicen visitas periódicas de inspección para verificar que cumplan con la normatividad.
“La secretaría emite los lineamientos: currículo básico que debe cumplir con ellos, control y regulación, capacitar a los elementos y más”, detalló el servidor público.
Cada empleado debe cumplir requisitos básicos como no antecedentes criminales, aprobar un examen antidopaje, tener terminada la primaria o un protesto de que pretenden terminar el nivel secundaria.
Aunque se trata de una delegación pequeña, en San Quintín tres empresas cuentan con permiso en la modalidad de seguridad electrónica y guardias.
Los sectores que más buscan este servicio son el comercial, industrial, algunos fraccionamientos exclusivos, mientras que los centros nocturnos y eventos masivos tienen obligación por parte de los ayuntamientos para contratar seguridad privada.
POR DECRETO BARES CIERRAN HASTA EL AMANECER
En el caso específico de La Prisión y otros bares de Ensenada, Tijuana y Mexicali, principalmente, los propietarios se basan en un decreto firmado por el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán en julio de 2011, en el cual instruye a los ayuntamientos establecer la hora en que cerrarán los centros nocturnos; aunque sugiere sea a las 3:00 am, faculta a los municipios ampliar el horario a quienes lo acrediten.
Foto: Enrique Botello
La jefa del Departamento de Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rebeca Mungaray Lagarda, informó que “solo por mandato de otro gobernador se puede derogar, pero ninguno lo ha hecho”, y justificó que La Prisión no solo opera como bar, sino que presta servicios a otras empresas desde la madrugada.
La funcionaria ha sugerido a los organizadores de eventos elegir la contratación de empresas de seguridad que estén dentro del padrón autorizado, y en el caso de los centros nocturnos, se pide que cada uno lleve impreso en una chamarra o playera el nombre del lugar al cual representa.
Como parte de sus obligaciones, Alcoholes solicita que por cada 50 personas haya un vigilante; de no cumplir con la disposición, el evento se clausura.
EMPRESAS DE SEGURIDAD EVASORAS
Según Mungaray, desde su ingreso al Departamento de Alcoholes y Espectáculos Públicos, encontró que algunos negocios de seguridad privada presentaban comprobantes o “papelitos” firmados para comprobar que prestaron el servicio en algún evento masivo.
Ante la posibilidad de que estuvieran evadiendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), comenzó a exigir factura, al ser un sector que fácilmente puede incumplir con esa obligación.
La decisión ha generado malestar en el sector de la seguridad particular en el puerto, quienes reclaman la poca flexibilidad por parte de la servidora pública.
GUARDIAS DIVERSIFICAN SUS ACTIVIDADES
Jesús es un guardia que trabaja en una tienda de abarrotes, además de dar la bienvenida a los clientes y distribuidores, se ha encargado de embolsar los productos que ahí compran.
“Trabajo para una empresa, pero me he convertido en un empleado más del negocio que cuido”, manifestó.
A los cuidadores se les puede ver limpiando estantes, surtiendo anaqueles e incluso cobrando en los comercios, haciendo que su actividad -brindar seguridad- esté por demás desvalorada en México.
Las jornadas laborales son de hasta 12 horas, con un salario raquítico de entre mil 200 y 2 mil pesos, incluyendo trabajo en fines de semana y días festivos.
