Pagarán 43 mdp por 66 patrullas rentadas; pudieron comprar 70

Foto: Eduardo Villa
 
Edición Impresa Lunes, 5 Febrero, 2018 12:00 PM

Sin tener certeza de cuánto se recibirá del programa Fortaseg, el Ayuntamiento de Mexicali comprometió millones propios y federales para mantener el arrendamiento de 66 patrullas de la Policía Municipal, por el que en 17 meses invirtió 43 millones de pesos, con lo que habría podido comprar hasta 73 vehículos más austeros y con un periodo de vida de tres años

A través de una adjudicación directa, el Ayuntamiento de Mexicali continuó con el arrendamiento de patrullas que para finales del año representaría un costo total de 43 millones de pesos, recurso con el que pudieran adquirirse alrededor de 70 unidades de un modelo más austero y con duración de tres años.

La novedad es que para mantener dicho contrato se tiene contemplado el pago de por lo menos 5 millones de pesos directos de las arcas municipales, pretendiendo pagar el resto con recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), del que esperan recibir 27 millones de pesos para este rubro.

Nuevamente la ganadora es la empresa Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM, ENR, que por ampliar el contrato recibirá 32 millones 606 mil 988 pesos más, por unidades que tienen ya cinco meses de uso y cuyo valor debería reducirse.

Para el director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, es algo positivo, ya que desde la adquisición de las unidades preventivas se logró disminuir la incidencia delictiva en un 5 por ciento en comparación con el año pasado, además de terminar con los incrementos registrados durante los primeros seis meses del año.

De igual manera, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), ve como una medida positiva el arrendamiento de unidades, ya que están mejor equipadas y representan un ahorro en el tema de mantenimiento, pero señaló que hay detalles que permanecen en duda.

 

A LA LARGA PAGARÁN MÁS POR PATRULLA

Tres días antes de terminar el año, el Ayuntamiento de Mexicali decidió renovar el contrato con Lumo Financiera del Centro SA de CV, SOFOM, ENR -propiedad de varios priistas mexiquenses ligados al Gobierno Federal, entre ellos Luis Humberto Montaño García-, para el arrendamiento de 66 unidades equipadas con GPS, radios y una serie de especificaciones de primer nivel.

El contrato inicial de seis meses, que concluía el 5 de enero, fue de 12 millones 506 mil 921.08 pesos, pero se redujo a 11 millones 605 mil 996 de pesos, debido a que se reajustó el contrato a cinco meses, además de solicitar una serie de modificaciones en las unidades, entre estas,  las exigencias del GPS y una jaula para elementos K9.

Dicho recurso provino del programa Fortaseg, programa del Gobierno Federal, etiquetado específicamente para renta y, de no aprovecharlo, se perdería, comentó la regidora Edwviges Pío Rodríguez.

Sin embargo, debido a que todavía no se cuenta con este, el Ayuntamiento tuvo que desembolsar dinero propio para cubrir con las primeras mensualidades y esperan pagar mínimo alrededor de 5 millones de pesos, pero podrían ser más de 2 millones extra en caso de la tardanza en la liberación del recurso, que normalmente se entrega a mediados del mes de abril. Esto sin contar la posibilidad de recortes presupuestales que afecten este programa.

El oficial mayor Óscar Ortega Vélez, dijo que aunque no les otorgara todo el recurso, se cuenta con solvencia para cubrir la totalidad del contrato, e incluso podría redirigir dinero federal de otros rubros para cubrir las necesidades.

Sobre los ahorros, informó que por cinco meses de la operación de las unidades se tuvo un ahorro en mantenimiento de 4 millones de pesos, es decir, menos del recurso correspondiente a los primeros meses del arrendamiento en 2018.

El funcionario afirmó que existe la posibilidad de expandir el contrato durante 2019, aunque esperarían a finales de año para tomar una decisión. De confirmarse y mantener el mismo contrato, se habrían pagado más de 70 millones de pesos por vehículos que tendrán que devolverse.

En entrevista realizada en julio de 2017, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, director de la Policía Municipal, expuso que con los 12 millones de pesos invertidos habrían comprado entre 20 o 30 patrullas.

Dejando la cifra en 25 autos, en 17 meses se pudieron comprar alrededor de 70 unidades, cuya duración sería de tres años, y de extenderlo todo 2019 se habrían obtenido más de 120, dependiendo de diversos factores como la inflación y tipo de cambio.

Fotos: Eduardo Villa.- Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alejandro Vázquez

Pese a ello, Ortega Vélez considera que fue una excelente inversión por diversos factores, entre ellos que las unidades se encuentran cubiertas con un seguro amplio -utilizado en cuatro ocasiones debido a choques- y se reparan de manera inmediata a través de la aseguradora. Además, los servicios a los vehículos se les dan de manera puntual, ya que se comprometieron con la empresa a cumplir con ellos la fecha que corresponde.

“Tenemos siempre 66 unidades trabajando con sus respectivos servicios”, anotó.

Por su parte, Pío Rodríguez argumentó que el beneficio más grande es tener 66 unidades vigilando las calles de forma inmediata, lo que traería mayor seguridad en zonas prioritarias,

Para Alejandro Vázquez Valadez, presidente del CCSP en Mexicali, es muy positivo el arrendamiento, ya que permite tener una gran cantidad de unidades de manera inmediata para la atención de la ciudadanía, pero hay puntos que deben evaluarse, por ejemplo, que en este nuevo contrato se rentaron las mismas unidades, es decir, vehículos ya usados cuyo valor es inferior y se pagó lo mismo.

Cabe señalar que por cada unidad rentada, el Ayuntamiento habría pagado más de un millón de pesos, de compararse con los tres años de vida que tiene cada patrulla, mientras que al ser comprada, según el último contrato disponible en la página del Ayuntamiento de Mexicali -diciembre de 2016-, cada vehículo costaría alrededor de 600 mil pesos.

 

FUE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PERO NO ES ILEGAL: OFICIAL MAYOR

Pese a que el contrato se llevó a cabo de manera directa en favor de la empresa Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM de ENR, esto no es ilegal, afirmó el oficial mayor Óscar Ortega Vélez, ya que el reglamento para el aprovechamiento de recursos federales permite llevar a cabo este tipo de contratos siempre y cuando se realicen en las mismas condiciones en que se hicieron el año anterior.

Sobre el recurso perteneciente al Ayuntamiento, que se rige bajo Ley de Adquisiciones local, cuyo tope para un proceso sin licitar es de 200 mil pesos, Ortega  indicó que la Ley Federal establece contratos con recurso mixto, por lo que no existiría problema en un futuro.

En la adjudicación directa AA-802002998-E21-2017, en la que se establece el arrendamiento, el titular de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, justificó que el no renovar el contrato atentaría contra la seguridad de la ciudadanía, ya que de las 600 patrullas requeridas para la operatividad diaria, solo se contaba con 332, es decir, poco más de la mitad.

Fotos: Eduardo Villa.- Ulises Méndez, director de la policía municipal

Agregó que dichas unidades se distribuyeron en las zonas prioritarias de la localidad y eso alteraría el orden público, y podría  generar pérdidas económicas al no aprovechar el contrato en las mismas condiciones.

Méndez Manuell-Gómez destacó que el arrendamiento de patrullas ayudó de forma importante a la disminución de la incidencia delictiva en comparación con el año anterior, de un 3 a 5% en promedio, pero aseveró que se logró controlar la tendencia delictiva que iba en aumento en comparación con el año anterior.

La regidora Pío Rodríguez aseveró que en todo momento se revisó que no se violara ningún reglamento para poder realizar la adjudicación, incluso, dijo, Sindicatura Municipal estuvo al pendiente del proceso.

 

LUMO FINANCIERA,  EMPRESA LIGADA AL PRI MEXIQUENSE

Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM de ENR, es una empresa establecida en Tlalnepantla, Estado de México, fundada en 2011 y propiedad de Luis Humberto Montaño García, ex funcionario en la administración estatal de Arturo Montiel, donde convivió con el hoy Presidente dela República, Enrique Peña Nieto, a quien apoyó en su campaña cuando este último aspiraba a la gubernatura; fue nombrado subcoordinador de Vinculación y Participación Política del Partido Revolucionario Institucional.

Según el Registro Público de Comercio, además de Montaño García -que también fue diputado suplente en la LVIII Legislatura federal- varios de sus socios formaron parte del Gobierno Federal o están vinculados con gente cercana a Peña Nieto.

Alejandro Francisco Campos Rueda es otro de los priistas del Estado de México, quien incluso aparecía en  la lista para integrar el Senado de la República por parte del PRI en los años 2000 y 2006 para una diputación federal; su hermano, Rubén Alejandro, trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México.

Otro socio de Lumo Financiera es José Rafael Barrón Sánchez, quien durante los años 2013 y 2015 fue director general de Control de Juicios de Amparo, de la Procuraduría General de la República (PGR), según el portal Declaranet del Gobierno Federal; dejó el puesto y al poco tiempo se integró al negocio.

También trabajó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde fue sancionado por la Auditoría Superior de la Federación, según los expedientes DGR/A/10/2013/R/09/26 y DGR/D/10/2013/R/09/35.

Miriam Álvarez del Castillo Delgado es la última integrante del negocio con más de 50 contratos con el Gobierno Federal bajo el esquema de arrendamientos, además de otros tantos pertenecientes  a gobiernos locales donde también se denunció la inflación de precios.

Lo interesante en Del Castillo Delgado es que fungió como directora general de Contraloría de Grupo MONEX, empresa relacionada y cuestionada por su intervención en favor de la campaña del Enrique Peña Nieto.

Lumo Financiera del Centro es la empresa favorita del Gobierno Federal para el arrendamiento de vehículos de cualquier tipo, y ha sido una de las más beneficiadas en la política de renta de automóviles oficiales emprendida por el Ejecutivo federal, la cual ha etiquetado recursos específicos para este concepto, imposibilitando o reduciendo la posibilidad de adquirir sus propias de unidades.

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