Contar con un marco jurídico que obligue al gobierno de Baja California a definir una política pública y la asignación de un presupuesto anual que garantice la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, es la premisa de la Ley de Salud Mental presentada por el diputado Miguel Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud de la XXII Legislatura.
“Atender la salud mental es atender la problemática de adicción, sin soslayar el impacto que deberá tener en la población en situación de calles”; para ello no solo garantiza el acceso al tratamiento adecuado y oportuno en condiciones de igualdad a toda la población de Baja California, sino que incluye a los municipios y sectores de la sociedad civil a detectar y atender a personas con enfermedades mentales.
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Aprobada por unanimidad, por el pleno del Congreso del Estado, para que la nueva ordenanza entre en vigor, solo se requiere que sea promulgada en el Periódico Oficial del Estado, tarea que queda en manos del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Al ser una legislación aprobada, el tiempo máximo para que se publique es de seis meses, anotó el diputado Osuna, “pero está en manos del gobernador el que se publique en lo inmediato”.
La Ley aprobada se compone de 29 artículos distribuidos en seis capítulos, relativos a las disposiciones generales, atribuciones de la autoridad, del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, del Consejo Estatal de Salud Mental, del Financiamiento en Salud Mental y de las sanciones y recurso de inconformidad.
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El legislador panista señaló la poca inversión que el Estado concede en materia de salud, presupuesto que escasamente rebasa el 5% del Producto Interno Bruto -PIB-, “y de ese escaso presupuesto no se destina ningún porcentaje a la atención de pacientes con trastornos mentales, cuando el Organismo Mundial de la Salud -OMS-, estipula la necesidad de invertir en salud mental un 15%”, abundó.
Por ello, a través de la nueva norma jurídica, se obligará al Estado destinar un financiamiento en materia de salud mental, estableciendo como mínimo el 5% del presupuesto anual destinado al rubro de salud en general.
También establece la integración de un Consejo Estatal de Salud Mental, conformado por el gobernador, el director General del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, así como los titulares de dependencias estatales como: Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación y Secretaría de Planeación y Finanzas.
Además, en el ciclo de protección incluye a los municipios para que en el ámbito de su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental e incentiven la participación social, implementando estrategias de coordinación y supervisión con prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y privado, acotó Osuna Millán.
