Durante 2017, la población del CTA se redujo de 130 reclusos a solamente ocho, ya que el sistema alternativo de justicia eliminó delitos anteriormente considerados graves. En todo Baja California no hay ni una jovencita detenida.
La población de menores recluidos en el Centro de Tratamiento para Adolescentes (CTA) de Ensenada se redujo drásticamente en 2017, pasando de 130 internos a solo ocho, todos hombres, sin contar los 22 que fueron turnados y posiblemente nunca pisaron el penal.
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El presidente del Patronato para Liberados del Centros de Reinserción Social (Cereso) y del CTA en Ensenada, Jorge Menchaca Sinencio, calificó como grave el que haya más empleados que internos en la correccional, pues el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) eliminó delitos anteriormente considerados graves, incluso para los jóvenes.
De los adolescentes recluidos en Ensenada, tres purgan condenas por homicidio, otros tres por robo con violencia y uno acusado de violación; el resto está en las calles, detalló David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El funcionario urgió a los jueces y Gobierno del Estado para establecer acuerdos con centros de rehabilitación y otras instituciones privadas para que los menores infractores sigan su proceso en libertad, pero recibiendo capacitación continua, mientras que los adictos reciban tratamiento médico.
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Desde 2016 hay únicamente 56 adolescentes sujetos a medidas judiciales, es decir, el juez los obliga a que vayan a firmar y se presenten periódicamente sin salir del país, con medidas de restricción personal o con localizador; el resto está libre o bajo la tutela de familiares que no saben qué hacer con ellos.
“Mientras los diputados no se pongan las pilas y regresen los delitos graves como debe de ser, y que los jueces tengan dentro de las medidas a dónde mandarlos, no hay nada qué hacer”, indicó.
Un hecho reciente que consternó a la opinión pública fue el homicidio de Lorena Nataly Carreón González, de 19 años de edad, ocurrido el 5 de diciembre de 2017.
Una de las presuntas copartícipes, de nombre Berenice, es una menor de apenas 16 años de edad que estaba embarazada hasta el día del asesinato cometido junto con su novio José Carlos Maciel Chávez, de 18 años, detenido y vinculado por homicidio calificado bajo la causa penal 68/218, por lo que se considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario.
En redes sociales la menor ha sido cruelmente señalada por los usuarios, quienes han iniciado una cacería para que se haga justicia y, de acuerdo a sus publicaciones en Facebook, Berenice compartió una imagen donde al parecer se encuentra en Estados Unidos.
UN DELITO PREMEDITADO
El testimonio de una jovencita fue clave en la investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Declaró que el día de la masacre, por la tarde, recibió un mensaje del celular de Nataly Carreón, invitándola a una carne asada.
Aceptó y minutos más tarde la recogió en su casa, en el mismo poblado, en un vehículo rojo de cuatro puertas de reciente modelo, Nataly iba en la parte de atrás, mientras que Berenice de copiloto y Carlos conducía la unidad.
Se dirigieron a una tienda 7 Eleven a comprar bebidas alcohólicas y después a una cabaña en la ampliación El Porvenir, a un par de kilómetros del poblado. En el patio trasero había una fogata ya encendida.
Apenas comenzaban a convivir cuando Carlos, con el pretexto de encender la fogata, cogió un barrote, se detuvo, tomó impulso y de espaldas golpeó a Nataly en la cabeza.
La testigo gritó, pero Berenice le colocó un cuchillo en las costillas y le dijo “cállate”. La encerró en el baño, desde donde escuchó los dolorosos golpes que ambos perpetraron contra la joven. Él con el barrote, ella con una pala.
Recordó que Nataly estaba tumbada en el suelo pero todavía se movía, al tiempo que la golpeaban más fuerte. “Esta perra no se muere”, escuchó decir a Carlos.
A la joven la amarraron con cinta gris y la encerraron en una recámara, pidió clemencia porque también estaba embarazada. Constató que el cuerpo de Nataly fue metido en bolsas negras, lo subieron a la cajuela del automóvil y se fueron.
Pasaron algunos minutos y ambos regresaron para limpiar huellas, en la fogata quemaron sus ropas ensangrentadas, pala, barrote y limpiaron la loseta con trapos mojados.
Foto: Archivo.- David Limón Grijalva
A la testigo la subieron al carro con la advertencia de que si hablaba, también la matarían. Le confesaron que se trataba de un asunto pasional y que a Nataly la tuvieron que asesinar porque “se acostó con Carlos”.
Carlos y Berenice se quedaron con el celular de Nataly y compartieron información en su red social en la que pedía ayuda porque alguien la había dejado sola en una calle de la delegación. El cuerpo fue localizado a las 6:54 am del miércoles 6 de diciembre tras un reporte a la delegación. Los restos estaban sobre el arroyo, a la altura del Kilómetro 8 de la carretera El Porvenir-El Tigre.
URGE PROGRAMA DE REINSERCIÓN
Limón Grijalva, subdirector del Sistema Penitenciario, informó que en el grupo no hay una sola mujer. Que en Baja California hay 71 menores recluidos en los centros penitenciarios, 37 en Mexicali, 26 en Tijuana y apenas ocho en Ensenada.
Además, mientras el resto de los estados en el país no tienen verdaderos programas de reinserción, en Baja California hay programas para concluir la escuela básica y superior, talleres y terapias psicológicas.
Sin embargo, con la despresurización de las cárceles, resulta innegable la implementación de una tercera etapa del NSJP donde los jueces, basados en un catálogo de instituciones, tengan a dónde mandar a los presuntos delincuentes que siguen un proceso en libertad.
FALTAN PROGRAMAS PARA MENORES LIBERADOS
Si un joven fue detenido por portación de arma o droga bajo las leyes del NSJP ahora forma parte de los liberados, con ellos hay que trabajar en la reintegración a la sociedad, explicó el presidente del Patronato para Liberados en Ensenada, Jorge Menchaca.
Esta figura de patronato está en vías de desaparecer para convertirse en una asociación civil con mejores resultados en materia de recaudación de recursos económicos.
Mientras tanto, el representante estimó que en el caso del Cereso de Ensenada, de 2 mil que había en 2016, ahora la población es menor a 900, por lo que ha sido casi imposible trabajar en la reinserción de los liberados, “no se cierra el círculo”.
Mencionó que ha sido muy complejo trabajar con esta figura, a la cual se le asigna poco presupuesto para aquellas personas que concluyeron su castigo con el cierre por sentencia, pero que el juez les dio la anuencia de salir; tienen que firmar cada cierto tiempo como parte de su servicio social.
En los últimos dos años, con los jóvenes y adultos que fueron detenidos bajo el sistema tradicional y liberados con el nuevo sistema, lo que más piden los procesados es asesoría para sacar documentos, entrega de despensa, alojamiento, programas productivos, traslados a otros estados y entrega de herramientas para practicar lo que aprendieron dentro del penal.
Foto: Enrique Botello.- Lic. Roberto Jaime
“Hay mucha gente que sale y sus familias no quieres saber nada de ellos. Nos piden apoyo, algunos saben soldar, hacer artesanías con yeso u otros equipos necesarios para que puedan autoemplearse con proyectos productivos”, comentó.
INDIGNO TUTELAR DE MENORES DE ENSENADA
Los resultados del último diagnóstico (2016-2017) del Sistema Penitenciario por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, es de una calificación de 8.72, siendo menor a la calificación obtenida en el diagnóstico 2015-2016, la cual fue de 9.00.
Entre los aspectos críticos se señalan violaciones a la integridad física, psicológica y moral de los adolescentes privados de su libertad, especialmente lo que concerniente a la separación entre hombres y mujeres.
En cuanto a los aspectos que garantizan una estancia digna, se requiere atención a grupos en condición de vulnerabilidad o con discapacidad, “por lo que al igual que en el DESP 2015-2016, sigue siendo necesario que se trabaje en los aspectos que garantizan una estancia digna”.
SERÁN DOS DÉCADAS DE ADAPTACIÓN
Ramón Roberto Jaime Córdova, abogado penalista, reiteró que la filosofía del NSJP estriba en la despresurización de los penales, ya que los ministerios públicos están “coagulados”.
Conforme a los antecedentes, estimó que tanto a la población como a las instituciones les tardará, por lo menos, 20 años en acostumbrarse a una nueva forma de justicia donde se trate de dialogar y no de castigar.
Una particularidad del sistema es que la autoridad tiene la obligación de conseguir las pruebas suficientes antes de sentenciar a un presunto delincuente.
“Aquí el problema es la acreditación, porque si no es lo suficientemente peligroso para poner en riesgo a la comunidad, no va a ser una persona que va a estar en la cárcel, ese es el reto que tenemos, aguantar el proceso de 20 años, porque repito, no es la esencia del nuevo sistema tener gente en la cárcel”, indicó el abogado.
MENORES CONSIGNADOS POR SEGURIDAD PÚBLICA EN 2017
Datos obtenidos del Centro de Operaciones Policiales (COP) señalan que en 2017 la Dirección de Seguridad Pública Municipal turnó a 22 menores de entre 15 y 17 años al Ministerio Público. De esos, cuatro eran mujeres, los delitos más frecuentes fueron por posesión de vehículo robado y narcomenudeo.
De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, supletoria al Código Penal Estatal, hay tres grupos entre los adolescentes. De 12 a 14 años, en ningún caso podrán exceder de un año de condena. De 14 a 16, la pena máxima será de tres años y, de 16 a 18 años de edad, hasta cinco años de encierro.
La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria y secuestro, hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada
