Los culpables: Grupo Melo y Ayuntamiento de Gastélum

Fotos: Agustín Reyes
 
Edición Impresa Lunes, 12 Febrero, 2018 12:00 PM

El incumplimiento al reglamento de construcción y la irresponsabilidad por parte de la empresa Grupo Melo, así como la falta de seguimiento y detalle de la misma por parte del Municipio, propiciaron el derrumbe de 89 casas en la colonia Lomas del Rubí, dejando a más de 300 personas sin hogar y sin bienes materiales, quienes desde hace varios días han tenido que sortear sus vidas bajo la incertidumbre de qué pasará con esta problemática y de qué manera se les va a retribuir por esta doble irresponsabilidad

Por irresponsabilidad, incumplimiento del reglamento de construcción, incapacidad y falta de profesionalismo, de vigilancia y seguimiento de las obras, además de la desatención y desinterés a los llamados de alerta que las personas manifestaron, especialistas en ingeniería estructuralista y geotécnica consultados por ZETA concuerdan que la empresa Grupo Melo y el Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Juan Manuel Gastélum Buenrostro -donde ya despidieron a un perito por no supervisar-, son los principales corresponsables de que más de 300 personas de la colonia Lomas del Rubí se hayan quedado sin hogar desde el 2 de febrero.

A decir de los especialistas, Grupo Melo, que recientemente ganó la licitación de varios millones de pesos para el proyecto de un andador turístico en Playas de Rosarito, fue irresponsable por haber omitido y no haber realizado el estudio geotécnico, como lo confirmó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), debido a que se trata del estudio más importante que permite evaluar los predios, sus condiciones físicas, mecánicas, geológicas e hidráulicas, es decir, que brinda los parámetros del suelo para poder construir, sobre todo considerando que Tijuana en sí está situada en una zona llena de laderas y con múltiples fallas geológicas.

Aunado a ello, la irresponsabilidad por parte del Municipio, donde funcionarios de esta administración debieron dar seguimiento y vigilancia al proyecto precisamente para observar que el reglamento de construcción se llevara a cabo de manera adecuada y que se contara con los permisos obligatorios y requeridos, sobre todo cuando hubo un llamado de alerta por los propios vecinos afectados, quienes anticipadamente hicieron saber que en su colonia las casas se estaban cuarteando y las calles, yéndose por la borda.

Para deslindarse de la situación, el Municipio emprendió un análisis e investigación contra Grupo Melo con la idea de determinar el grado de responsabilidad en estos hechos que propiciaron el derrumbe de 89 casas, valuadas en aproximadamente 700 mil pesos cada una de ellas -de acuerdo a la estimación que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) compartió a este Semanario- y sancionar a la empresa en caso de que “sea necesario”.

Perspectiva del derrumbe visto de frente, desde el lado que se realizaban las construcciones

Mientras tanto, los vecinos siguen durmiendo a la intemperie entre los escombros de lo que un día fue su hogar, al acecho de los malandros que han intentado quitarles las pocas pertenencias que aún les quedan, bajo la incertidumbre que continúen los derrumbes por el movimiento de tierra que pueda seguirse generando y sobre todo sin una respuesta ni una medida clara para la solución a su problemática por parte de las autoridades correspondientes.

 

SOBRE LOS HECHOS

Desde el 19 de enero, vecinos de la colonia Lomas del Rubí reportaron a través de redes sociales y en medios de comunicación que sus casas se estaban agrietando por las obras que Grupo Melo estaba realizando al pie del cerro para la construcción de un nuevo conjunto habitacional en Valle del Pedregal, sin embargo, fue hasta el 25 del mismo mes cuando Protección Civil acudió al lugar y solamente etiquetó nueve casas con sello rojo, tres con sello amarillo, e hicieron la petición para que no transitaran autos de carga pesada por el lugar.

Los días transcurrieron sin mayor importancia para las autoridades municipales y, el 2 de febrero, vecinos como la señora Olivia Padilla, quien en abril cumpliría 35 años de vivir en dicha colonia, escucharon algunos ruidos “extraños” al pie del cerro y observaron con tristeza cómo poco a poco las calles y sus casas se iban desmoronando por un derrumbe que abarcó un perímetro de tres cuadras a la redonda, dejando a un aproximado de 300 personas sin hogar.

Fue hasta entonces que, unas horas más tarde, el titular de la SDUE, Alejandro Lomelín Clapera, se apersonó en dicho sitio para cerciorarse de la gran problemática que ya se había presentado y referir a los vecinos que se le había pedido a Grupo Melo que pararan las obras y realizara un talud con una superficie de seis mil metros cuadrados -con cargo económico a la empresa- para evitar que la situación se siguiera presentando.

Acciones que los vecinos reprocharon con cierta indignación, debido a que consideraron que era “inútil ya” que esto se realizara cuando desde varios días antes se estuvo haciendo el llamado a las autoridades para que fueran a atender la situación, sobre todo para que fueran a revisar que las obras que ejecutaba la empresa estuvieran dentro del margen que dictaban los permisos de construcción.

 

CEDHBC ABRIÓ EXPEDIENTE Y EMITIÓ MEDIDAS CAUTELARES A AYUNTAMIENTO

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC) confirmó a ZETA que el mismo viernes 2 de febrero, abrió el expediente CEDHBC/TIC/88/18/4VG para iniciar una investigación por los hechos ocurridos en Lomas del Rubí, para la cual hasta el cierre de esta edición, habían comparecido alrededor de 110 personas afectadas, además de emitir una serie de medidas cautelares y precautorias dirigidas al alcalde de la ciudad para que se proteja la integridad de las personas y propiedades o bienes afectados.

Al fondo se observa parte del fraccionamiento que construye Grupo Melo
y la maquinaria

Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de dicha Comisión, resaltó que para este folio de investigación también solicitaron informes justificados a las autoridades que pudieran ser responsables de violaciones a los derechos humanos por omisión, y que representantes de dicha institución se han mantenido como observadores en el lugar y se mantendrán hasta que concluya el proceso, de manera que si en esta situación determinan que existe la responsabilidad directa o indirecta de alguna autoridad municipal, la CEDHBC actuará con una resolución para pedir que se repare el daño a los perjudicados.

 

GASTÉLUM DEJÓ PLANTADOS A AFECTADOS; SE FUE A LA COPA DAVIS

Contrario a lo que la ciudadanía esperaba luego de una tragedia y desgracia de tal magnitud en la ciudad y tras las medidas precautorias que le interpuso la CEDHBC, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro no acudió al sitio de manera inmediata, pero sí se le observó “muy tranquilo y campante” -como lo definió Jorge Oswaldo Clark, integrante del Comité Vecinal- el sábado 3 de febrero, en la inauguración del torneo Copa Davis que se llevó a cabo en Club Campestre.

Situación que provocó la animadversión no solo de los vecinos afectados, sino de la mayoría de la población tijuanense que consideró una falta de respeto y una irresponsabilidad la ausencia del presidente municipal en un lugar donde, además de haberse quedado sin hogar, las personas también carecen de luz, agua y sobre todo seguridad, ya que los malandros estaban al acecho e incluso ese mismo sábado las personas estuvieron a punto de linchar a un sujeto, a quien sorprendieron robando algunos objetos.

 

ALCALDE Y GOBERNADOR RECIBEN RECHIFLAS DURANTE VISITA A COLONIA AFECTADA

No fue sino hasta cinco días después de la tragedia, el martes 6 de febrero, que tanto el alcalde Gastélum como el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se presentaron en la colonia afectada, donde fueron recibidos con protestas, rechiflas e insultos por la “falta de seriedad y compromiso” que han visto en ellos, como lo manifestó a ZETA la señora Atalia Ramos, integrante del Comité Vecinal de la colonia.

Previo a esa visita, los vecinos realizaron una manifestación en la casa de “Kiko” Vega y en la entrada al fraccionamiento Valle del Pedregal, donde Grupo Melo realizaba las obras que ese día también fueron suspendidas hasta entonces no se solucione esta problemática, como lo refirieron Juan Manuel Gastélum Buenrostro y el titular de la SDUE, Lomelín Clapera, quien terminó aceptando que en la revisión de los permisos de Grupo Melo sí se encontró que “faltó una revisión geotécnica sobre los lugares aledaños”.

Sobre todo porque es una zona de fallas desde el Bulevar Agua Caliente hasta el Libramiento, por lo tanto, se fincará responsabilidad en la empresa si así lo determinan los análisis que realizarán en estos días con el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (Implan), Dirección de Administración Urbana (DAU), Dirección de Obras, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), los colegios de Ingenieros y la propia SDUE.

Una de las 89 casas que se derrumbaron y que dejaron a más de 300 personas sin hogar

Sanción que ya recibió el perito que estaba encargado de supervisar esas obras -de quien no proporcionó nombre ni dato extra-, debido a que “ellos son nuestros ojos, y es quien tiene la primera responsabilidad para poder tener nosotros una garantía de que se respeten las disposiciones que tiene el Ayuntamiento”, destacó Lomelín Clapera.

 

TODO APUNTA A GRUPO MELO; MUNICIPIO NO PUEDE DESLINDARSE DE LA RESPONSABILIDAD

Para Javier Franco, presidente de la Sociedad Sísmica de Tijuana, representante de la Delegación de Ingeniería Geotécnica de México y uno de los especialistas consultados por este Semanario, todo indica que efectivamente esta desgracia fue provocada por Grupo Melo, empresa que se ha visto beneficiada en otros proyectos estatales y municipales como el Centro de Convenciones, el Centro Estatal de las Artes Tijuana (CEART), distintas escuelas en el Estado, el edificio principal del Centro Interactivo Ámbar, entre otras.

Vecinos con sus cosas en la calle, con un claro y sentido mensaje al gobernador

Situación que se hubiera evitado con una buena planeación sobre el movimiento de tierra o con la realización del estudio geotécnico que hizo falta, sobre todo porque no tomaron en cuenta que los suelos donde se asienta Tijuana son de origen marino, sedimentarios, con muchas intercalaciones de estratos dentoniticos, que una vez que se reblandecen con la humedad o se desequilibra la masa de suelo con cortes o sobrepeso, precisamente provocan un deslizamiento como el que se dio en Lomas del Rubí, ya que esos estratos están en pendiente.

El problema y la corresponsabilidad que encuentra por parte del Municipio es porque sabe que desde hace aproximadamente dos años, el propio Ayuntamiento cambió la prioridad en la petición de los estudios, prevaleciendo los geofísicos sobre los geotécnicos, lo que considera un “tremendo error” porque los estudios geotécnicos evalúan todos los predios, todas sus condiciones físicas, mecánicas, geológicas e hidráulicas, es decir, dan los parámetros del suelo para poder diseñar lo que se requiera, desde una sedimentación, un muro de contención, un talud, excavación y demás.

En cambio, un estudio geofísico simplemente es para detectar fallas, grietas, socavaciones, entre otros, pero nunca da los parámetros del suelo, que es lo importante para saber lo que una constructora requiere para la obra en un predio, ya sea una excavación o analizar los taludes, esto es, el estudio geofísico es complemento de un estudio geotécnico, pero ahora el Municipio lo pide como un estudio principal y “eso está mal, por eso muchos se brincan ese requisito”.

Vecinos organizados se reparten los víveres que les son donados por organizaciones y autoridades

Jorge González Belmont, director general en JS Ingeniería Corporativa y ex asesor del Área Técnica de Daños del Departamento de Acciones de Edificación de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana (2005-2017), consideró que con este derrumbe “estamos viendo el resultado de la falta de profesionalismo” tanto de los ingenieros y laboratorios, de la deficiencia de los estudios geotécnicos, la incapacidad y falta de conocimientos de los estructuristas, la corrupción y falta de capacidad de la SDUE y su titular, porque no tienen el personal capacitado ni les interesa revisar bien los proyectos, lo cual es muy delicado.

En entrevista con ZETA, González resaltó que es “criminalmente irresponsable” la actitud que ha tomado la DAU en ese sentido porque Tijuana requiere de gente capaz que realmente controle y verifique los proyectos de construcción en la ciudad, sobre todo porque parece que “nos estamos acostumbrando” a que se caigan las casas y cada vez es más normal que en general la autoridad siempre salga “con el cuento” de que es un hecho accidental por el agua y por las fallas geológicas, por lo tanto, “es urgente” que se haga un plan con normas específicas para vigilar estos proyectos y controlar sobre todo el área de usos de suelo.

Situación que pretende hacer el Cicese, como lo hizo saber Luis Mendoza Garcilazo, investigador en el Departamento de Sismología de dicha institución, quien aseguró que apoyarán al Municipio con el análisis de los estudios que se han realizado del sitio y de los alrededores como Cumbres del Rubí, que tuvo una situación muy similar, para identificar qué es lo que falta conocer o aprender del sitio para elaborar una propuesta de entendimiento sobre lo que está pasando con miras a un futuro, para saber qué otras áreas son susceptibles de tener este mismo problema, identificar cuales terrenos ya no son habitables y saber cuáles podrían estar en peligro a corto o mediano plazo.

 

URGENTE UNA SOLUCIÓN A LOS AFECTADOS; PUEDEN DEMANDAR A QUIEN RESULTE RESPONSABLE

El ingeniero González Belmont consideró que este tema va más allá de que se sancione o no a la empresa, porque aquí todos son corresponsables de lo que está sucediendo y la autoridad municipal no se puede deslindar de ello, tienen que participar en la indemnización a los afectados y buscar una solución inmediata porque gente que tenía su casa, ya la perdió.

Sobre la cuestión de que el proyecto se aprobó en otra administración, opinó que no es válida porque el control de administración pública no es personal, es una institución, por ende, las cosas que se hayan aprobado en otras administraciones son vigentes durante todo su desarrollo en administraciones presentes y futuras, y “no hay pretexto para pretender deslindarse de su responsabilidad”.

A propósito de las alternativas que tienen los vecinos afectados para encontrar una solución, el abogado Benigno Liceaga González, ex presidente de Abogados Emilio Rabasa, detalló en entrevista con ZETA que legalmente tienen dos vías: la primera, interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de daño en propiedad ajena, o una denuncia de hechos por el o los delitos que resulten, ya que los movimientos de tierra originaron que el suelo resintieran un daño y como consecuencia, las casas se vinieran abajo.

Prueba fundamental que los vecinos tienen para cualquiera de esas dos opciones, es que el fraccionador deberá acreditar que se hicieron los estudios de mecánica de suelo requeridos, sobre lo que implicaría los movimientos de suelo que efectuaron y que continuaron haciendo, de esta manera los afectados también pueden obtener una reparación por todos y cada uno de los daños que les provocaron a cada una de las familias, ya sea por parte de la propia empresa o alguna institución de gobierno que resulte señalada.

Los vecinos ya piensan en emprender una medida de esta naturaleza en tanto no se les resuelva la situación, mientras tanto, las señoras Atalia Ramos y Olivia Padilla, así como Jorge Oswaldo Clark y otras 287 personas más, seguirán viviendo en la calle, sin los privilegios de tener servicios de agua, luz y sanitarios, sin ropa para cambiarse y sin poder ir al trabajo o a la escuela, a expensas de que organizaciones civiles y la buena voluntad de las personas siga floreciendo para seguir recibiendo la ayuda que han tenido de ellos hasta el momento.


 

Vecinos optan por  apoyos económicos

Como parte de las mesas de diálogo y trabajo que el Municipio instaló el martes 6 de febrero con el comité de vecinos de la colonia Lomas del Rubí, se acordó que el monto para el apoyo para quienes decidan rentar un espacio o vivienda para poder llevar y resguardar sus pertenencias, incrementará de 10 mil a 15 mil pesos, además, se les brindaría apoyo de mudanza para llevar sus bienes, lo cual generó que los más de 300 afectados optaran por esta propuesta, dejando de lado el albergue que se les había ofrecido en el lugar.

En un principio se había establecido que este apoyo solamente se ofrecería a personas que son dueños o titulares de las casas que se derrumbaron o fueron etiquetadas con el sello rojo, por lo tanto, quienes rentaban no podrán acceder a este recurso; sin embargo, la autoridad municipal decidió otorgarlo a todos los que finalmente terminaron siendo afectados y por ello escogieron esta oferta, como lo confirmó Jorge Oswaldo Clark, uno de los representantes del comité vecinal.

Entonces se acordó que el Municipio entregaría el día jueves una cantidad de cheques para los más afectados o con mayor necesidad, y hoy viernes 9 de febrero, se hará entrega del resto para así satisfacer las necesidades de los afectados, situación que los vecinos esperan se lleve a cabo como se acordó y estableció en la hoja de acuerdos que signaron los representantes del comité y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom).

En cuanto a la seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) asignó un grupo conformado con cinco patrullas, una moto y diez agentes para salvaguardar la integridad de las personas y sus pertenencias, principalmente en el turno de la noche, que es cuando los vecinos se han sentido más vulnerados. A la par, se creó un grupo de WhatsApp para mantener constante comunicación con el oficial encargado del área, acuerdo que a decir de los vecinos, sí les ha brindado mayor tranquilidad, aunque muchos de ellos siguen haciendo rondas y guardias comunitarias por las noches.

 

Siete deslizamientos no naturales desde 2015 a la fecha

De acuerdo con el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas, desde el 15 de mayo de 2015 a la fecha -un lapso de menos de tres años-, han ocurrido siete deslizamientos de masa de terreno en Tijuana que no han sido detonados por sismos o lluvias abundantes, es decir, tuvieron que ver otros factores quizá humanos que los provocaron, como en el caso de Lomas del Rubí.

El funcionario aclaró que debido a la dinámica propia del tipo de deslizamiento, no han provocado daños personales, pero sí a la propiedad privada, vialidades e infraestructura; estos se han presentado en Anexa Miramar, Sánchez Taboada, División del Norte, Valle Sur, Camino Verde/Emperadores, Anexa del Rio y recientemente en Lomas del Rubí.

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