Inseguridad cuesta a BC 10% del PIB

Foto: Tomada de Internet
 
Edición Impresa Lunes, 5 Febrero, 2018 12:00 PM

Según el Índice de Paz México 2017, el costo per cápita de la inseguridad para empresas locales aumentó 10 mil 109 pesos de 2015 a 2016, para llegar a 37 mil 900 pesos, cifra superior al promedio nacional, que es de 25 mil 130 pesos y casi tres veces mayor que el costo en Yucatán, la entidad menos insegura

Rejas, candados y el patrocinio de diez bicicletas, que costaron 67 mil pesos, son algunas de las acciones que la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro ha implementado para combatir los delitos, principalmente el robo, comentó su presidente, Guillermo Díaz Orozco.

Reconoció que desde que los policías patrullan el área en bicicleta, la incidencia de los ilícitos bajó 80 por ciento durante el día, sin embargo, lamentó que “todavía haya “boquetazos”, rompen los candados y las cortinas para robar en la madrugada”.

Por esa razón, la organización planea instalar cámaras de seguridad y el uso de drones ante la falta de policías y presupuesto gubernamental. Medidas cuyo costo sufraga una pequeña parte de los cerca de 400 comerciantes que hay en el primer cuadro de la ciudad. “El problema es que 75% de los establecimientos son cadenas nacionales, dicen que son simplemente cajas registradoras y que las decisiones se toman en México, por lo que no pueden apoyar, pero sí exigen vigilancia y ésta cuesta”

Aunado al gasto en sistemas de vigilancia que merma el bolsillo de los bajacalifornianos, los altos índices delictivos también provocan menor Inversión Extranjera Directa (IED), disminución del crecimiento y de la competitividad; impactos económicos que, en su conjunto, representan 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad, señaló Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California.

Para el especialista, los más de 101 mil 400 delitos cometidos durante 2017 -según datos de Secretaría de Seguridad Pública del Estado- son producto de la descomposición social y la pobreza, por lo que, contrarrestar la violencia requiere un plan multidisciplinario que incluya una estrategia que permita el desarrollo económico de la entidad.

“63% de los empleos registrados ante el IMSS perciben de uno a tres salarios mínimos. Nunca en la historia de Baja California habíamos tenido salarios tan bajos ni en un porcentaje tan amplio de la población”, explica el académico.

Valero recordó que “el Banco de México ha señalado que la inseguridad es el segundo inhibidor más importante para el crecimiento”.

En ese sentido, advirtió que la actividad económica de Baja California bajó 0.04% en el tercer trimestre de 2017, respecto al segundo trimestre de ese año. Mientras que la tasa de desocupación en noviembre de 2017 se ubicó en 3.1% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra mayor a la del mismo lapso del año previo.

Por otro lado, dijo que la IED captada por Baja California en lo que va del sexenio del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, es menor a la de las anteriores administraciones. “En los primeros tres años y medio del periodo de (José Guadalupe) Osuna, BC había recibido más de 2 mil millones de dólares en inversión nueva, con Vega la cifra asciende a mil 500 millones de dólares”, expuso.

Foto: Archivo.- Gilberto Fimbres, Coparmex

A decir de Valero, el costo de la inseguridad también se traslada al precio de los productos, lo que conlleva una pérdida de competitividad para las empresas que ponen en el mercado mercancía más cara.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) ubicó a Baja California como una de las entidades menos competitivas del país, en el lugar 25. En 2012 el Estado se situaba en la posición 17.

Para Gilberto Fimbres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, la corrupción y la impunidad juegan un papel muy importante en el tema de la violencia, y repercuten en la decisión de las empresas de invertir.

“No hay duda de que cuando sube la delincuencia, los empresarios tienen que incrementar las medidas de seguridad para disminuir la pérdida que puedan tener” y en ese sentido, las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, sobre todo en el sector comercio.

Respecto a la denuncia hecha hace unos meses por Salvador Maese Barraza, presidente de Index Mexicali acerca del “robo hormiga” que sufren particularmente las plantas de producción de teléfonos celulares, el líder empresarial comentó que esta problemática es añeja para los empresarios y comerciantes, algunos de los cuales son más susceptibles.

“Es importante señalar que entre más a gusto esté el personal, la incidencia del ‘robo hormiga’ es menor. De ahí, la relevancia de que la empresa se preocupe por capacitar a su gente, y les dé mejores prestaciones”.

Por lo que, consideró, “es fundamental la participación de todos para que la comunidad mejore. Si no participamos difícilmente vamos a salir de esta situación. (…) Si no nos involucramos los ciudadanos en la solución, ésta no se va a hacer. Si los ciudadanos no le exigimos al procurador, al sistema judicial, a las escuelas, y a los padres de que todos hagamos nuestra parte, vamos a batallar más en la solución de la inseguridad”.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2017, el costo per cápita de la inseguridad en Baja California aumentó 10 mil 109 pesos de 2015 a 2016, para llegar a 37 mil 900 pesos,  cifra superior al promedio nacional, de 25 mil 130 pesos y casi tres veces mayor que el costo en Yucatán, la entidad menos insegura.

Ese estudio también indica que el costo de la violencia en esta frontera está relacionado con el incremento de las tasas de homicidio e impunidad, y destaca que en 2016 la entidad se ubicó como la quinta menos pacífica del país, después de Guerrero, Colima, Sinaloa y Baja California Sur.

Además, Baja California es uno de los ocho estados donde los delitos cometidos con arma de fuego aumentaron más del doble de 2011 a 2016, según el documento.

 

CCSP VA POR LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Pese a que el Reto de Resultados Rápidos en 100 días en Tijuana logró aumentar de 10 a 27 el número de casos resueltos por robo a comercio al mes, y solucionar 250 casos de robo de vehículo en 100 días, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California reportó que la incidencia delictiva en el Estado aumentó 4% durante 2017, comparado con el año anterior.

Destaca el robo con violencia, que registró mil 883 casos más, para alcanzar los 11 mil 855, así como el incremento de 912 homicidios en ese mismo lapso, con lo que sumaron 2 mil 92 casos.

En esa estadística, Tijuana concentra 45% del total de la incidencia; Mexicali, 36%; Ensenada, 12%; Tecate con 4% y Rosarito el 3%

Ante ese panorama, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, reconoció que no habrá resultados a corto plazo a pesar de los esfuerzos hechos por la autoridad y el sistema de justicia, puesto que se necesitan acciones más profundas.

Por ello, el CCSP y los Consejos Coordinadores Empresariales de los municipios trabajan en leyes que presentarán ante el Congreso del Estado para reformar el sistema policial y “quitarle la voluntad política al gobernante en turno de manejar o no la seguridad”.

Consideró que debido a la situación de inseguridad que enfrenta la entidad, existe el terreno fértil para “sembrar” modelos de reformas policiales antes del 2 de julio, fecha en que comenzará el proceso electoral de BC, para que el tema se politice lo menos posible y las nuevas estructuras comiencen a funcionar con una nueva administración en 2019.

Hernández Niebla detalló que su propuesta incluirá “la creación de un ombudsman y un secretariado de seguridad estatal que controle presupuestos, métricas de desempeño de las policías, así como la estrategia a corto y mediano plazos”

Si bien, la efectividad de esas leyes será paulatina, institucionalizar la seguridad garantizará que los programas de seguridad vayan más allá de lo que dura una administración, explicó el empresario.

A su vez, resaltó la importancia de que los elementos de la Policía cuenten con seguridad social y capacitación tanto en protocolos como en el trato con la ciudadanía y en el nuevo sistema judicial.

“No existen planes de retiro en la mayoría de las policías del Estado (…) Si al policía le pasa algo en el cumplimiento de su deber, no hay una cobertura financiera. Nos hemos encontrado casos en los que ni siquiera hay para enterrarlo, mucho menos para los deudos”

Otra problemática es que no existe un esquema que proteja a los buenos elementos, al policía honrado, lamentó Hernández Niebla al calificar como fallido el modelo de policía que actualmente opera, ya que se está sujeto a las órdenes que se reciban, sean buenas o malas.

Además, priorizó la prevención del delito, en la que el punto medular debe estar enfocado en el fortalecimiento del tejido familiar y el control de las adicciones. “Hoy por hoy aún no tenemos un diagnóstico adecuado de este problema ni a nivel nacional ni estatal”

El primer desafío es medir adecuadamente la incidencia de las aducciones, y partiendo de ahí, implementar programas que verdaderamente funcionen; confía en que los resultados de esas acciones se verán a mediano y largo plazo, en la medida en que los jóvenes se mantengan más sanos, busquen trabajo honrado y ya no sean presa fácil del crimen.

Por otro lado, apuntó que existe la necesidad de servicios de seguridad privada en el sector industrial, que no solo está relacionado con los problemas de inseguridad, sino con políticas de exportación.

 

ELEMENTOS CON ANTECEDENTES PENALES, IRREGULARIDAD EN EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

No consultar los antecedentes penales, elementos con historial delictivo, así como la falta presentación en tiempo y forma, de reportes a la autoridad, son las principales irregularidades en las que incurren empresas de seguridad privada en Baja California.

César Díaz López, director de Servicios de Seguridad Privada de SSPBC, informó que durante 2017 se llevaron a cabo 320 inspecciones, en las cuales se sancionó a 120 empresas, por lo que llamó a la población interesada en contratar algún servicio, a consultar el padrón de las empresas, cuya autorización está vigente.

A diciembre de 2017, en la entidad operan 246 empresas de seguridad privada, de las cuales 120 están en Tijuana, 85 en Mexicali, 26 en Ensenada, siete en Playas de Rosarito y ocho en Tecate.

Del número total de compañías operando, solo 12 tienen permiso para portar armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría se dedica al traslado de valores.

Pese a que en 2017 creció alrededor de 2%, de las compañías que se dedican a esa actividad, 20 no revalidaron su autorización, sin que se conozca el motivo.

Entre los servicios regulados está la seguridad por medio de canes; protección y vigilancia de lugares y establecimientos; blindaje de vehículos; vigilancia interna; traslado y protección de personas, así como de valores; además de la seguridad electrónica.

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