Estados Unidos ha rechazado las reiteradas solicitudes del Gobierno de México para investigar en conjunto sobre uso del programa espía Pegasus, “ante la preocupación” de que las autoridades mexicanas quieren sumar a las estadounidenses a la pesquisa “para encubrir lo que sería una indagatoria simulada”, según le dijeron oficiales de alto rango al diario estadounidense The New York Times.
Después de 6 meses, las autoridades mexicanas no han interrogado a ninguno de los funcionarios responsables de operar la tecnología de vigilancia y tampoco han visitado las oficinas donde se encontraba dicho equipo, aunque digan “que están agotando todas las líneas de investigación”, según explicaron al NYT los abogados de las víctimas que han tenido acceso a los documentos del caso.
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Hasta el momento, las autoridades mexicanas tampoco han revisado los servidores desde los cuales se utilizaba el software. En estos, según analistas ciberforenses y los fabricantes israelíes del programa, NSO Group, debe haber un registro de cada intento de ataque cibernético contra cada blanco.
Y aunque han enviado a sus homólogos estadounidenses una serie de preguntas y respuestas “para mostrar que se estaban tomando en serio la indagatoria”, para contestar “apenas y era necesario un título básico de ciencias computacionales o informáticas”, según le dijo un oficial estadounidense de alto rango al rotativo.
El Gobierno mexicano “lleva meses a la defensiva” tras las revelaciones de que la tecnología de vigilancia que adquirió -que solo pueden comprar entidades gubernamentales para espiar a terroristas u otros criminales- fue utilizada para espiar a activistas, periodistas y académicos del país, recordó el NYT.
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Días después de que el rotativo reveló la campaña de espionaje, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que su Gobierno había adquirido dicha tecnología y ordenó una investigación sobre el posible mal uso del programa, recordó la nueva nota firmada también por el jefe de los corresponsales del rotativo en México, Azam Ahmed.
Ante ello, algunos funcionarios mexicanos -como Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)-
aseguraron que hablarían con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), para pedir su apoyo.
Sin embargo, oficiales estadounidenses de alto rango dijeron que, después de analizar la solicitud mexicana, los funcionarios de ese país decidieron no involucrarse “al estar dudosos de que el Gobierno de Peña Nieto realmente quisiera resolver el caso, ya que indagarlo a fondo podría comprometer a algunos de sus funcionarios más importantes”.
“En particular, según señalaron los oficiales con conocimiento del asunto, a los estadounidenses les preocupaba que los mexicanos enaltecieran su participación con la intención de darle una apariencia de credibilidad a lo que consideran una fachada”, indicó este martes el NYT.
Por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraron que han estado en contacto permanente con analistas forenses del Citizen Lab en la Facultad de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto. Sin embargo, los expertos canadienses se dijeron sorprendidos, ya que sólo han tenido una reunión en todo este tiempo.
Los abogados de las víctimas sostienen que una de las omisiones más claras del archivo es el contrato de la Procuraduría General de la República (PGR) con NSO Group. Aunque, según el Gobierno, dicho documento y otros materiales se mantienen secretos y reservados por razones de seguridad nacional, no han interrogado Tomás Zerón de Lucio, quien dirigía la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando se ejecutaron las intervenciones de los celulares.
