Entre desastres, abandonos y complicidades, la vivienda en las garras del mercado

Foto: Internet/Las fmailias vieron cómo se venían abajo sus casas
 
Opinionez Lunes, 19 Febrero, 2018 12:00 PM

“Toda persona tiene el derecho de adquirir y disfrutar una vivienda digna,

decorosa y adecuada a las necesidades del hogar. El Estado y los municipios

promoverán los instrumentos, políticas y apoyos necesarios para la inversión,

construcción, financiamiento y adquisición de viviendas con la participación

de los sectores privado y social, a fin de alcanzar un nivel de vida adecuado”.

Constitución del Estado.

 

Así reza el Artículo 7 de nuestra Constitución estatal, de manera similar a lo que señala la ley fundamental de la República, que en su cuarto artículo precisa: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Nada más lejos de la realidad para los trabajadores de Baja California y de México entero.

Los que se encuentran en mejores condiciones, los “beneficiados” con las políticas oficiales de vivienda, habitan en fraccionamientos sin servicios, pues no entra la recolección de basura, ni se arregla el alumbrado público, ni se da mantenimiento a los parques -porque no están entregados a los ayuntamientos-; sin casetas policíacas, inseguridad que se agrava en la oscuridad nocturna porque el deterioro de las calles dificulta el acceso de las pocas patrullas que llegan a realizar un rondín, además de la falta de transporte público y porque muchas de las casas abandonadas se han convertido en “picaderos” y refugios de asaltantes y de todo tipo de delincuentes.

Los que no resultan “agraciados” por el Infonavit, que los entrega atados de pies y manos a draconianas hipotecas que durante más del 50% de su vida laboral les absorberán más de la mitad de sus salarios, caen en las garras de fraccionadores irregulares, de vivales que los defraudan o se van a vivir a zonas peligrosas, en laderas o márgenes de corrientes de agua o en cuarterías insalubres e igualmente inseguras.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para cumplir con el derecho a una vivienda digna, ésta debe reunir condiciones mínimas en dos aspectos: espacio y materiales de construcción. De esta manera establece que cuando la habitan más de 2.5 personas por cuarto, cuando sus muros y/o techos son de lámina de cartón, metálica o de algún material de desecho, el piso es de tierra y se carece de servicios como el excusado, la vivienda es precaria.

El mandamiento constitucional en materia de vivienda es letra muerta en el Estado y el país, como lo demuestran los casi diez millones de viviendas “en rezago”, contabilizadas por la Conavi; las 100 mil en abandono reconocidas por el Infonavit y las tragedias de que son víctimas cada día, con mayor frecuencia, las viviendas de las familias humildes a causa de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas.

La voracidad de las constructoras e inmobiliarias se ha sumado a las calamidades que azotan a las familias trabajadoras y a sus viviendas. Lomas de San Martín, Jardín de las Bugambilias y ahora Cumbres del Rubí, son solo algunos de los casos más recientes. 105 familias vieron cómo se venían abajo sus casas y sus calles por los movimientos de tierra causados por la construcción del fraccionamiento Valle del Pedregal. “¡Quiero mi casa!” decía desesperada una de las madres de familia afectadas, la cual resumía: “ni las lluvias del 93 nos afectaron tanto. Más de veinte años construyendo mi casa y el Grupo Melo la desapareció en tres días”.

A tono con el neoliberalismo rampante, el Estado mexicano se desentendió de la construcción de viviendas para los trabajadores, dejando al mercado la solución del problema, es decir, a las constructoras privadas. Tal esquema ha fracasado por la carencia de un mercado solvente, por los miserables salarios obreros, y porque las autoridades han concedido poderes absolutos a las constructoras, sin establecer o vigilar la aplicación de regulaciones que protejan a la parte más débil.

Con autoridades así en los tres niveles, al pueblo no le queda otra alternativa que la organización y la lucha para ejercer una presión que obligue al Estado a asumir su responsabilidad de garantizar viviendas dignas y seguras. Tal es una de las tareas más importantes del movimiento popular.

 

Ignacio Acosta Montes es coordinador en el estado y la zona noroeste del Movimiento Antorchista.

Correo: ignacio.acostam@mail.com

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