México en general y Baja California en particular, son entidades donde muy pocas personas son castigadas por los delitos que cometen. De hecho, este país sigue descendiendo en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 realizado por la organización World Justice Project (WJP), actualmente ocupa el lugar 92 de 113 naciones; el año pasado tenía el lugar 89.
Entonces, cuando hay funcionarios públicos que son evidenciados en algún abuso de poder, sobornos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ni siquiera les pasa por la cabeza tener una pizca de conciencia, ética, honor o dignidad, y así renunciar; menos se preocupan por ser despedidos, esto evidencia que la corrupción es sistemática y que el dinero mal habido llega a los niveles más altos.
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La misma insolencia y ausencia de valores padecen algunos empresarios, socios de compañías y demás particulares que sobornan y trafican con sus influencias, sea para conseguir contratos del gobierno o para que les faciliten trámites, permisos o se hagan de la vista gorda en la obligada supervisión de proyectos privados de mala calidad e inseguros, que les reditúan jugosas ganancias.
En medio de estos dos grupos de poder, los derechos de los ciudadanos son pisoteados, sus bienes materiales y bienestar puestos en riesgo, situación que se reconoció con la aprobación de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la cual entró en vigor desde el 19 de julio de 2016 -aún incompleto-, y tiene por objeto sancionar a funcionarios e inversionistas que participen en prácticas corruptas. Tristemente, la justicia que puede generar aún está en pañales.
En este momento, 89 familias, cuyas casas se derrumbaron en el fraccionamiento Lomas del Rubí, en Tijuana el 3 de febrero, permanecen en la incertidumbre porque funcionarios y empresarios no respetaron la Ley.
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Según afirman empleados del ayuntamiento panista, ese derrumbe lo originó un movimiento de tierra realizado por la constructora Melo, misma que ya ha dejado problemas estructurales, obras incumplidas y abusos en otros de sus fraccionamientos, como Jardines del Lago, Bugambilias, Jardines de Agua Caliente y Laderas de Monterey, en 2009. En su versión extraoficial, la empresa se ha deslindado y aseguran que quieren apoyar a las víctimas, pero solo por solidaridad.
Ante los comentarios públicos, los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) pidieron no satanizar a Melo, y tienen razón, ya que no son los únicos relacionados con delitos urbanísticos, con ignorar los estudios de mecánica de suelos, reducir costos en materiales, pasar por alto problemas estructurales en obra pública o privada, tal vez coludirse para obtener permisos para construir en tierras no edificables, como cañones, laderas, tierras en pendiente y cauces de río; además de no construir las obras de ingeniería de forma adecuadas.
Basta recordar el derrumbe del estacionamiento de cuatro niveles del Gobierno del Estado, en Mexicali, que estaba en construcción durante el sismo de 2010; y en Tijuana, el peligro de colapso del estacionamiento del Ayuntamiento que se dictaminó en 2014; o los deslizamientos de tierras en otros desarrollos inmobiliarios, como El Palmar, La Sierra, Monterrey Vista, Lomas Conjunto Residencial, Balcones del Rubí, y otras decenas de colonias iniciadas como invasiones que después obtuvieron factibilidad de los ayuntamientos. Hoy existen más de 40 zonas de riesgo habitadas en Tijuana, de acuerdo a la información de las autoridades.
Más allá de las leyes que aún no empiezan a operar, el tema es que bastaría con empezar por aplicar, respetar y supervisar el cumplimento de las leyes, normas, reglamentos de desarrollo urbano, obra pública y licitaciones que ya existen; así como aplicar el Código Penal para castigar a quienes la violen.
En anuncios recientes sobre obras para 2018, los constructores informaron del levantamiento de 15 mil casas en Baja California, y los gobiernos también hablaron de inversión en infraestructura urbana en el orden de un mil 500 millones para Mexicali; 80 millones para Tijuana -104 millones ya se están aplicando, dijo el gobernador Francisco Vega-; 247 millones en Ensenada; y 23 millones en Tecate.
Son muchos millones bailando, además de obras que deben ser supervisadas, México Evalúa, Ethos, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentaron un proyecto de Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones en el que proponen vigilancia de todo el ciclo de vida de una obra para combatir y seguir en tiempo real, a través de una plataforma pública, el gasto y el desarrollo de las obras.
Si los gobiernos de verdad están haciendo los trámites legales y quieren ser transparentes, no tendrían que esperar a que una Ley los obligue a crear la mencionada plataforma y los constructores honestos deberían presionarlos para que la generen.
Mientras esto sucede, el único recurso de los ciudadanos, víctimas de estas colusiones económicas amafiadas, es no perdonar, denunciar y obligar a las procuradurías para que lleguen hasta las últimas consecuencias y, porque no, averiguar hasta dónde llega la solidaridad, el compromiso y la ética de las asociaciones de profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, para dar seguimiento a estos casos; de modo que al final se pueda identificar y sancionar a los corruptos, lo cual redundará en potenciar el desarrollo de todo el Estado.
