Durante la titularidad de María del Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015- y ahora en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal, se desviaron mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas simuladas o “fantasmas”.
Esto según lo detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en tres auditorías forenses realizadas a los recursos ejercidos en 2014 y 2015. Parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países, entre ellos: China, Ecuador, Bélgica, Israel, Estados Unidos, Corea del Sur, y Pakistán.
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En el caso de la Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu del Gobierno Federal firmaron convenios con dichas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los institutos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.
Las transferencias enviadas a Monex fueron de 37.1 millones de pesos, con los cuales se compraron dólares que fueron enviados a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel, así como a EU, a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte. Mientras que en CI Banco se depositaron 28.9 mdp, que tras ser convertidos a la moneda estadounidense, se transfirieron a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.
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La auditorías, con las claves D17002, D17011 y D17012, fueron concluidas el 19 de enero y su realización fue autorizada por el auditor superior en marzo, julio y agosto del año pasado, tras recibir denuncias sobre dichos ilícitos. Una vez que las auditorías sean entregadas a la Cámara de Diputados y si los entes fiscalizados no pueden desvirtuar las irregularidades, la ASF podrá interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), señaló el diario Reforma, que informó del hecho.
En septiembre del año pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicaron una extensa investigación que titularon: “La Estafa Maestra”, en la cual detallaron cómo el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, realizó un gran fraude entre los años 2013 y 2014.
En los presuntos hechos delictivos están involucrados más de 50 funcionarios de 11 dependencias federales -entre ellas la Sedesol con Rosario Robles al frente-, mismas que pagaron 7 mil 670 mdp en contratos ilegales a ocho universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, según la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 que realizaron los investigadores.
