Territorio celular

Foto: Archivo
 
Dichoz y Hechoz Lunes, 29 Enero, 2018 12:00 PM

Hasta 2016, Daniel de la Rosa Anaya, quien fungió como secretario de Seguridad Pública del Estado durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, y prácticamente cuatro años con Francisco Vega de Lamadrid, invirtió anualmente en inhibir las comunicaciones digitales en los penales de Baja California. También en un sistema de aduana inteligente para la revisión de personas que visitan reos, y hacer las exploraciones físicas menos invasivas. El Gobierno del Estado pagaba 6 millones de pesos al año por la actualización de los programas que no permitían se obtuviera señal para teléfono celular o de datos, para evitar transmisión de información por esa vía dentro y a los alrededores del penal. El de Baja California fue de los primeros reclusorios estatales en el país en contar con esa tecnología adquirida a una empresa de Israel que provee el servicio a los penales federales y que está validada por el Sistema Nacional de Seguridad y el sistema penitenciario. Tiene lógica inhibir las señales celulares y digitales de un penal, así se evita que los criminales internos sigan manteniendo comunicación con sus grupos externos para mantener el control delincuencial aun cuando estén en prisión. De hecho, muchas de las llamadas de extorsión que se reciben en el país, provienen de celulares y líneas telefónicas dentro de cárceles  de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, por mencionar algunas. La inhibición de esta señal en las cinco prisiones de Baja California evitó que los internos mantuvieran el control criminal en el exterior, hasta que en 2017, el Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, decidió no invertir en los inhibidores de señales. El año pasado, la inversión para el mantenimiento rondaba los 8 millones de pesos, debido a las actualizaciones para inhabilitar las nuevas generaciones de teléfonos inteligentes. No los pagaron. El dinero, generado con recurso propio, fue destinado al pago de otros servicios alejados de la seguridad. Por eso durante todo 2017 y lo que va de este, cualquiera que logre introducir un celular a cualquier penal de Baja California (incluidos personal y custodios), puede tener comunicación con el exterior, dar órdenes, hablar con otras personas e incluso navegar internet y redes sociales. Las cinco cárceles de Baja California, son territorio celular. Una ventaja más para los delincuentes… y para los funcionarios que hayan ejercido ese recurso, claro.

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