El helicóptero Centinela 1, fue adquirido por el Ayuntamiento de Mexicali. Lo echaron a volar el 29 de octubre de 2008 por 858 mil dólares-–a 12 pesos por dólar, 10.2 millones de pesos-, un Eurocopter modelo EC120B, el más económico en su tipo.
Sirvió solo dos años porque en la alcaldía del Francisco Pérez Tejada-Padilla –1 de diciembre 2010 a 30 de noviembre de 2013-, lo pararon. Dijeron que para volarlo necesitaban darle mantenimiento mayor por 830 mil dólares, prácticamente el precio por otra nave similar, lo que lo convirtió en la peor inversión; lleva ocho años sin operar.
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XC-PEP era la licencia y el nombre del helicóptero de la Policía Estatal Preventiva, un McDonald Douglas Hughes 530 F año 1990 que se compró de reúso a la Policía Federal durante 2003 y por el cual pagaron 4 millones 059 de pesos. Dio servicio en Baja California durante 13 años, del 17 marzo de 2004 hasta el 13 de marzo de 2017, cuando se desplomó con dos rescatistas y dos tripulantes en la zona del cerro del Centinela. Su rotor hizo contacto en un cable eléctrico al concluir el rescate del cuerpo de una senderista.
El gobernador Francisco Vega aseguró que la nave sería sustituida, en la Secretaría de Seguridad informaron que el seguro era de 550 mil dólares -a 18 pesos por dólar, 9.9 millones de pesos-, pero la versión de la oficial mayor Loreto Quintero a la prensa fue que la nave estaba asegurada por 8 millones de pesos – a 18 pesos por dólar, 445 mil dólares-. Lo que no comentó la funcionaria fue que previo a la llegada de la administración kikista, el seguro que pagaba el gobierno era por un millón de dólares y ellos decidieron reducirlo.
Sin embargo, el licenciado Vega de Lamadrid dijo que el Estado necesitaba otra nave similar y se compraría, reconoció que el medio millón de dólares del seguro era poco, así que buscarían recursos para comprar otra aeronave de 850 mil o un millón de dólares. De eso han pasado diez meses y nada.
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Al cuestionar al secretario de seguridad estatal, respondió que no han escogido uno todavía, “pero será uno tipo ambulancia para dar servicios de emergencia a la comunidad”.
Pegaso era el nombre del helicóptero propiedad del Ayuntamiento de Tijuana por 19 años desde 1998, un Hughes MD-500 C 1978 que tuvo un costo de 365 mil dólares al momento de su adquisición.
Voló 13 años hasta que en 2011 el alcalde Carlos Bustamante lo paralizó tras una falla mecánica, para levantarlo en 2014, el Ayuntamiento invirtió otros 280 mil dólares y surcó los cielos fronterizos hasta el 22 de noviembre de 2017, cuando se vino abajo con sus dos tripulantes en el fraccionamiento La Morita, mientras atendía un reporte de ladrones en huida; fallecieron el piloto y el copiloto.
184 mil dólares es lo que adjudicará el seguro cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil entregue el dictamen, le informaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado que intentarían hacerlo en tres meses (22 de febrero de 2018), pero no tienen plazo. En el Ayuntamiento ya revisaron y saben que ese dinero no les alcanzará porque el costo de una unidad similar se cotiza en 400 mil dólares, les faltan más menos 4 millones de pesos, y será una nave viejita y pequeña, porque las nuevas están fuera de alcance económico.
La buena noticia es que a pesar que ese dinero debe salir de recursos propios, porque ni el Estado ni la Federación asignan presupuesto para helicópteros, el tesorero le respondió al secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana que es factible, el problema es que no le dijo cuándo y siguen esperando resoluciones legales.
Total que de los tres helicópteros que tenían en Baja California, actualmente no opera ninguno, por lo que en el delicado tema de inseguridad, las corporaciones han visto reducido su “campo de vigilancia, capacidad de reacción en operativos policiales, seguimiento de objetivos, el apoyo a bomberos en localización y rescate de personas accidentadas, enfermas o extraviadas en zonas de difícil acceso”, incluso localización de plantíos de droga.
Con esos niveles de utilidad reconocidos por las autoridades se está hablando de una inversión necesaria y urgente.
Además, existen declaraciones: el compromiso público de funcionarios de los gobiernos -Tijuana y Baja California- de que las naves serán suplidas, han manifestado que son inversiones que pueden hacer y resolver.
En ese esquema el tiempo apremia, porque cada día, cada mes sin helicóptero en la entidad, es uno más a favor de la delincuencia, de la inseguridad y contra la protección civil.
