Pero vayamos al otro tema de fondo: ¿Por qué los militares actúan en el territorio nacional para combatir la delincuencia organizada? Por una sencilla razón, los políticos están vendidos a la mafia. Ahí están los casos de Michoacán y Colima. Pero también, y de manera principal, las policías, sobre todo las municipales, no están suficientemente preparadas; están coludidas muchas de ellas con el crimen organizado; se les paga mal y no hay un número suficiente para ser exitosas en el combate a la delincuencia. De ahí la necesidad de que los militares apoyen esta causa. El Ejército a prueba de corrupción. Claro que no, hay muchos ejemplos también de colusión con el crimen organizado. Recuérdese el caso del General José de Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado Antidrogas, que se vendió al crimen organizado. En una entrevista en 2012, publicada en La Jornada, hay una declaración de un general: 10 jun. 2012 – Desde hace años existe personal militar, incluidos altos mandos, coludido con el narcotráfico, dice el general José Francisco Gallardo Rodríguez.
¿Hay entonces otra alternativa? Sí, a largo plazo ir formando una nueva policía, mejor pagada, más preparada y más eficiente. ¿Se está haciendo algo en ese sentido? No, todo lo contrario, al meter de lleno a las Fuerzas Armadas al combate a la delincuencia y al no trabajarse paralelamente en la formación de una nueva policía, se abandonó la formación policiaca. Lo he comentado en varias ocasiones, cuando me tocó legislar para la aprobación de la Policía Federal, se buscaba que este cuerpo poco a poco fuera sustituyendo la participación del Ejército. Pero esa política se detuvo de repente y en 11 años no ha crecido esta policía, ni mejorado su calidad y eficiencia. Será que, aunque lo nieguen, ¿a los militares les interesa seguir con ese rol? Ellos detuvieron el crecimiento y fortalecimiento de la Policía Federal, pues obligaba a la Cámara de Diputados a seguir otorgándoles miles de millones de pesos cada año del presupuesto.
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No sé, pero tendremos que seguir utilizando al Ejército para combatir la delincuencia, que no tiene ni la preparación ni los conocimientos, ni la ideología para combatir la delincuencia, con respeto a los derechos humanos. Éste busca la efectividad, no respeta ni el debido proceso de la Ley, ni la presunción de inocencia; detiene sin orden de aprehensión, se mete a tu casa sin orden de cateo. No sabe investigar. No conoce de leyes penales ni es criminalista. El Ejército es una fuerza letal, compuesta en la mayoría por personas con un acendrado sentido del honor y de patriotismo. ¿Todos son así? No, hay de todo en las Fuerzas Armadas, recordemos que los Zetas fueron antes soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas. ¿Va a mejorar el combate a la delincuencia con esta Ley? Claro que no, hace falta una nueva política criminal que se centre más en la investigación y la inteligencia criminal, que en operativos, retenes y cosas similares. Seguro muchos delincuentes saldrán libres por violación de sus derechos individuales. Luego se culpa a los jueces, pero ellos únicamente califican lo que hay en el expediente que les envían. Hay que tener presente que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es muy exigente en cuanto al procedimiento punitivo, así como al uso de la tortura para obtener confesiones. Por ello, los policías necesitan de muchos años de preparación y aún no se les puede considerar listos del todo, ¿será que las Fuerzas Armadas sí?
Pero volviendo a la Ley, es claro que los legisladores federales, por flojera, por ineptitud o por ambas, no hicieron su trabajo y no la analizaron. Lo que aprobaron fue para cumplir una orden presidencial, por miedo a desobedecer. Tal vez ni la leyeron. Aunque el Presidente había afirmado que se debía dar un amplio debate previo a la aprobación, no fue así. ¿Ahora dependerá de Él si la veta o no? Tal vez ese es en el fondo, el objetivo. Ahora que es año electoral, que el Presidente se vista de niño héroe, “escuchando al pueblo” y la vete. No importa si lleva un objetivo electoral; si lo hace, habrá cumplido con el pueblo y detendrá esta Ley contraria a la Constitución y base para la violación de derechos fundamentales de quienes habitan en México.
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Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo: amador_rodriguezlozano@yahoo.com
