Mediante solicitudes de información, recursos de revisión e inconformidades, se han buscado rastros sobre el proceso; Ayuntamiento insiste en que los datos son inexistentes y reservó registros por cinco años para no “afectar la vulnerabilidad de la ciudadanía“
El gobierno municipal de Ensenada ha destinado dinero público a la reparación de 46 patrullas descompuestas de un total de 82 fuera de servicio. Lo ha hecho sin rendir cuentas sobre la asignación y destino del recurso, violando así la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), lo cual se castiga con amonestación pública o multa de hasta mil 500 veces el salario mínimo vigente contra el funcionario responsable, monto que deberá pagar de su bolsa, independientemente de las responsabilidades del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.
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En respuesta a diversas solicitudes de información ante Transparencia Municipal, prórrogas, recursos de revisión e inconformidades -estos últimos dos instrumentos presentados ante el Instituto de Transparencia-, así como declaraciones del alcalde Marco Novelo, en el Ayuntamiento han reiterado la inexistencia de datos y reservado información pública, a pesar que las 46 unidades fueron entregadas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) entre abril, mayo y junio de 2017, en eventos públicos oficiales encabezados por el presidente municipal.
Dichas composturas se hicieron cuando Emilio Camarena era titular de la DSPM y su compadre, Ciriaco Arámbula, despachaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales, encargado del mantenimiento de las patrullas.
La Sindicatura Municipal inició de oficio una auditoría para determinar el parque vehicular en reparación, el proveedor contratado, su selección y los montos de las reparaciones, de la cual aún no se desprenden responsabilidades administrativas, declaró a ZETA Edgar Alatorre, director de la dependencia.
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El regidor Iván Duarte, coordinador de la Comisión de Seguridad en el Cabildo, dio a conocer que tanto Camarena como el actual titular de DSPM, Jorge Íñiguez, han comparecido para tratar este y otros temas, sin que se tenga certeza del destino de las unidades. No se conocen los costos, ni donde se hicieron las composturas, es información que Seguridad Pública y Oficialía no han dado ni a Sindicatura ni a la Comisión, lamentó.
El 8 de abril de 2017, el alcalde Marco Novelo entregó a Seguridad Pública nueve patrullas reparadas, “las unidades de Policía formaban parte de un padrón de 120 patrullas de reciente modelo que se encontraban descompuestas, de las que tras realizar un minucioso diagnóstico, se determinó que solo 82 podían ser reparadas y reintegradas a las labores de vigilancia”, expresó en su momento.
En el boletín oficial informaron:
“Marco Novelo precisó que las 82 unidades fueron enviadas a un taller especializado en el municipio de Tijuana (…) Detalló que las reparaciones incluyeron cambio de cableado eléctrico, suspensión, batería, mejoras en interiores, mantenimiento a equipos de radio, sirenas y luces, por mencionar algunas”.
Cinco días después, Novelo entregó otras ocho unidades: un pick-up, dos interceptor y cinco cuatrimotos. Los eventos continuaron el 7 de mayo y 19 de junio, con la entrega de 16 y 13 unidades, respectivamente, para un total de 46 vehículos reparados. A finales de mayo, el primer edil declaró que el costo de reparación de cada patrulla era por el orden de los 45 mil pesos, es decir, por lo menos 2 millones de pesos.
PIDE ITAIPBC UNA POSTURA AL ALCALDE
Recibido por ZETA el 3 de enero de 2018, un documento indica que el ITAIPBC “estima pertinente girar atento oficio al presidente municipal del Ayuntamiento de Ensenada para que en el plazo de 5 días hábiles se pronuncie respecto a las manifestaciones señaladas en los comunicados oficiales de fecha 8 y 13 de abril (…) referente a la reparación de 82 patrullas, a la postre de la declaración de inexistencia sostenida por el Comité de Transparencia”.
Hasta el cierre de esta edición (jueves 25 de enero), transcurrido el plazo fijado por el Instituto de Transparencia y sin haber notificado la solicitud -ni aprobación- de una prórroga, la respuesta no había llegado.
RESERVAN INFORMACIÓN 5 AÑOS PARA NO “AFECTAR LA VULNERABILIDAD”
El 5 de enero, este Semanario presentó una nueva solicitud de información referente al total de vehículos asignados a la DSPM; el total de patrullas, total de vehículos para uso de escoltas, para uso de mandos y funcionarios de la Dirección; el número de patrullas que se encuentran funcionando, descompuestas, en reparación y las que fueron recibidas por parte de la actual administración de manos de la anterior.
En el oficio DA/014/XXII/2018, emitido por Transparencia Municipal, la DSPM se reservó la información por ser “confidencial”. Por su parte, el Comité de Transparencia declaró en el resolutivo segundo dicha información pública como “reservada por un periodo de cinco años”.
“Las razones que justifican dicha restricción resultan basadas en que publicar la información presentada, afecta la vulnerabilidad de la ciudadanía ensenadense, ya que al revelar la cantidad de unidades, su estado y distribución, se puede realizar un cálculo en cuestión de número de unidades, extensión territorial, turnos y número de delegaciones, y se obtiene el resultado de la movilidad, presencia policiaca y capacidad de reacción de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Ensenada, con lo cual se dan armas suficientes para controlar de cierta forma los lugares y habitantes que por metro cuadrado pudieran estar desprotegidos y estar en condiciones de ataque, comprometiendo enfáticamente la seguridad pública”, explicó el Comité en la resolución con fecha 19 de enero.
La “vulnerabilidad de la ciudadanía ensenadense” ha quedado de manifiesto sin que los datos anteriores sean públicos, ya que el Municipio vive su peor crisis de violencia al contabilizar 191 asesinatos en 2017, el máximo histórico desde que se tiene registro oficial.
LA SOLICITUD Y LAS PRIMERAS CONTRADICCIONES
El 3 de julio de 2017 se solicitó a Transparencia informar el costo de la reparación de las 82 patrullas, la partida presupuestal, si hubo licitación, concurso, invitación a cuando menos tres o adjudicación directa; nombre del proveedor y las razones para contratarlo.
Mediante oficio 002792, la oficial mayor Mónica Vargas respondió el 10 de julio: “Después de una búsqueda exhaustiva en esta Oficialía Mayor no obra dentro de los archivos información relativa al asunto que nos ocupa, por lo que quedo a sus atentas órdenes para cualquier aclaración”.
Por su parte, el entonces director de Seguridad Pública Municipal, Emilio Camarena Castillo, informó en el oficio SA/380/XXII/2017 que la DSPM “no cuenta con un costo de las reparaciones, ya que a la fecha no se cuenta con las facturas correspondientes”.
Sin embargo, en su respuesta dio un dato revelador y contradijo lo asegurado por Oficialía. Dijo que para las reparaciones la DSPM contaba con las partidas 08-02-42-215-35501-3248 y 08-02-42-215-35501-3249. Del proveedor, proceso de selección y las razones para contratarlo, precisó no tener facultades.
El 20 de julio, en entrevista con medios de comunicación al terminar un evento de reconocimiento a policías municipales, frente a la Cámara Nacional de Comercio y cuestionado sobre la inexistencia del registro argüido por Oficialía Mayor vía Transparencia, Camarena trastabilló y expuso: “Ahí ellos son los que tienen que determinar o este, este… Tesorería”.
RECURSO DE REVISIÓN
El 1 de agosto de 2017 se presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. El 3 de agosto, el ITAIPBC admitió el recurso REV/304/2017, debido a que la información que no correspondía con la solicitada.
Con fecha 15 de agosto, pero notificado hasta el día 24 del mismo mes, Oficialía Mayor informó de nueva cuenta que “no obra información relativa a la contratación de servicios para la reparación de ochenta y dos patrullas municipales que se encuentran fuera de servicio (…) Resultaría imposible que al no existir dicha información el pronunciamiento fuera de manera diversa a lo antes expuesto”.
Sin embargo, en esa misma fecha la directora de Transparencia, Miriam González, recordó a Mónica Vargas: “Oficialía Mayor es la autoridad competente para ejecutar los procedimientos de contratación de servicios conforme a los requerimientos de las dependencias municipales en donde el requisito indispensable para el inicio de los procedimientos ya sea de licitación, de adjudicación directa, invitación o concurso, es en base a (sic) las peticiones de las dependencias conforme a sus necesidades y que serán quienes de acuerdo a la normatividad se denominarán como solicitantes de la adquisición de bienes o la contratación de servicios”.
El 5 de septiembre, el ITAIPBC ordenó el cierre de la instrucción y consecuentemente citó a las partes para oír resolución.
REVOCA ITAIPBC LA RESPUESTA Y ORDENA ENTREGAR DATOS
Sin embargo, el 29 de septiembre el ITAIPBC, a través del comisionado ponente Gerardo Javier Corral, notificó a la parte recurrente la revocación de la respuesta del Ayuntamiento.
Le ordenó al gobierno municipal realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada y amagó con imponer multa al funcionario responsable, en caso de no recibir la información dentro de tres días hábiles.
El comisionado explicó que después de hacer un estudio técnico, legal y reglamentario, resultaba inoperante la postura sostenida por Oficialía Mayor y Seguridad Pública.
Agregó que al revelar las partidas presupuestales, la DSPM se contraponía a la respuesta de Oficialía Mayor y de la propia Dirección. Y refutó lo asegurado por Oficialía Mayor, de no contar con información en sus archivos, cuando se evidenció la disposición expresa que la obliga a realizar las adquisiciones de los servicios de las dependencias.
PRÓRROGA, NUEVA NEGATIVA E INCONFORMIDAD
Al emitir una nueva respuesta el 25 de octubre, bajo folio 00369817, Transparencia insistió en que de acuerdo con Oficialía Mayor, la información era inexistente.
Ricardo Gil Villafaña, subdirector Administrativo de la DSPM, respondió esa misma ocasión que la dependencia “no ha iniciado ninguna solicitud de reparación ante la Oficialía Mayor”.
Cuando habló de las partidas presupuestales reveladas en la primera solicitud de información, “nos referimos a las que se utilizan conforme al clasificador por objeto del gasto para las reparaciones y compra de refacciones de vehículo, y no a que se hayan afectado dichas partidas en la solicitud materia del presente”.
Ante la respuesta se presentó una inconformidad, debido a las declaraciones públicas del alcalde anunciando la reparación de las 82 unidades y la entrega de algunas ya arregladas, lo que derivó en girar el oficio al presidente municipal para que emitiera una postura.
