Estamos inmersos en un nuevo proceso electoral y parece que éste será el más complicado de la historia reciente de México. Apenas inicia y ya hay pistas que permiten pronosticar que estaremos siendo espectadores de eventos sucios y tramposos. Todos los vicios estarán en juego. Todas las trampas y todos los tipos de chapuzas: desde mentiras virales, intromisión de dineros de origen oscuro, hasta amenazas y extorsiones. Es probable que sea un escenario donde no solo estén presentes la totalidad de los delitos electorales conocidos, sino que conoceremos nuevos modelos.
Hace unos diez días, en una reunión del INE, en la Ciudad de México, a la que tuve la oportunidad de acudir, unos de los miembros del Consejo General, el doctor Ciro Murayama Rendón nos explicaba sobre la revelación que dio a conocer el INE, el pasado 10 de enero, sobre una trama de financiamiento irregular en la campaña presidencial del 2012. Nos puede parecer que la investigación tardó demasiado y que la sanción llega a destiempo, aunque todos sabemos cómo se las juegan todos los partidos en todas las elecciones; pero escucharlo de uno de los integrantes del Consejo General del INE e integrante de la Comisión de Fiscalización, no deja de ser indignante.
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Hace cinco años (18/01/2013), la Unidad de Fiscalización del INE inició una indagatoria sobre dinero ilegal en campañas. Jaló un pequeño hilo: investigó 18 tarjetas mediante las cuales se pagó a los representantes de casilla del PRI. Desenredó una madeja: la utilización de empresas fachada -muy al estilo de la Estafa Maestra o las empresas fantasma de Duarte, Javier y César- para dispersar recursos utilizados en la operación electoral del 1º de julio de 2012. Y no, no se trata del PRI solamente, sino también de los siete partidos que participaron en el proceso electoral, aunque a menor escala.
La investigación es reveladora de un modus operandi que hoy se puede decir, es parte de los usos y costumbres de los partidos en las elecciones. La trama corre así. En 2010 se constituye la empresa Logística Estratégica Asismex S.A. de C.V., como comercializadora y distribuidora. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, recibe depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos. Tan solo en el mes previo a la jornada electoral, tuvo ingresos por 123 millones de pesos, provenientes de siete aportantes. De ninguno de esos movimientos se encontraron facturas en el SAT. Quienes depositaron los 123 millones, o bien no pudieron ser ubicados; o bien negaron relación con Asismex. Esta empresa no pudo ser ubicada en el domicilio asentado ante el SAT, a pesar de que, como se descubrió, bajo su fachada fluyeron en tan solo diez meses, casi mil 400 millones. De la mayor parte de ese dinero nada se sabe y probablemente nada se sabrá.
Esto en cuanto a la empresa y el dinero recibido. Pero la trama sigue. Según la información bancaria, hubo 33 mil 868 personas beneficiarias de las tarjetas dispersadas por Asismex a las que se les hicieron depósitos por 70.5 millones de pesos. La investigación comprobó que parte de ese dinero (18.4 millones) fue a parar a manos de siete mil 311 representantes de casillas de los partidos políticos. Del resto del dinero (50.1 millones), nada se sabe. Esto constituye un delito, pues la legislación electoral prohíbe la entrada de dinero de personas físicas y morales a través de una empresa que, para colmo, era una empresa fantasma, fondeada con recursos de origen desconocido.
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En resumen, lo que la indagación del INE descubrió, es una trama de financiamiento paralelo e ilegal. Adicionalmente, la recepción de estos recursos, obviamente, nunca fue declarada por los partidos. En temporada electoral, los operadores políticos ponen a disposición de quienes quieran apoyarlos, un portafolio de empresas fantasma con la garantía de que en el futuro, los pagos nadie los cuestionará y de que los comprobantes fiscales que los amparen, serán válidos. En ese momento se cierra la complicidad, que en muchos casos a nivel federal y de los gobiernos estatales es transexenal. Por eso, cuando se descubren este tipo de operaciones, no pasa nada. Quizá hoy, “el ratón loco” y las “urnas embarazadas” dejaron de ser un problema gracias al avance en la organización electoral, pero ahora tenemos Asismex, triangulaciones, Odebrecht y quién sabe qué otras mapacherías que seguramente conoceremos en los próximos meses, que no han podido ser controladas por el modelo de fiscalización. Y lo más grave: que podrían determinar al ganador de la elección, porque estamos en un contexto donde la diferencia entre los tres principales competidores es poca.
Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Correo: andale941@gmail.com
