Juan José Castro Crespo fue el onceavo abogado asesinado durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid. La lista comenzó con el homicidio de Enrique Harari Bello, la tarde del 10 de diciembre de 2013. Se suman dos juristas desaparecidos y otros tantos privados de la libertad o atacados a balazos; sólo un caso fue reconocido como resuelto por la PGJE
A Juan José Castro Crespo lo pudo matar cualquiera.
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El conocido abogado residente del Ejido Islas Agrarias llevaba casos muy riesgosos en diversas partes de la región, desde Culiacán hasta Tijuana. Nombres de secuestradores, traficantes y homicidas, eran clientes recurrentes del litigante; “con alguno quedó mal”, reflexionan abogados que le conocieron, premisa con la que coinciden agentes de diversas corporaciones estatales de la entidad.
La tarde del sábado 30 de diciembre se unió a la estadística de juristas asesinados en Baja California, que con él contabilizarían 11, además de dos desaparecidos; solo uno ha sido resuelto, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero en realidad solamente uno de los varios involucrados fue detenido.
David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) en Mexicali, afirmó que la línea de investigación más firme en la mayoría de los casos, es la actividad laboral.
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Esto preocupa al gremio legista, debido a que la impunidad en estos casos es una invitación a los criminales de matar abogados, pues no habría represalias, comentó molesto el secretario de la Barra de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, Víctor Hugo Medina.
“¿Quién es el que sigue?”, reclamó mientras exigió que el Estado debe garantizar el ejercicio de su profesión, sin importar qué tipo cliente sea el que llegue a su oficina.
“NARCO” Y PLEITO INMOBILIARIO, LOS CASOS ENTRE LAS HIPÓTESIS
En todo el gremio legal era conocida la forma de trabajar de Juan José Castro Crespo, presidente de la Barra de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, y ex candidato a una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque recientemente mostraba marcados vínculos con integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Abogados consultados por ZETA indicaron que el occiso prometía mucho en casos complicados, o con pocas garantías, lo que provocaba la molestia de algunos de sus clientes cuando algo no salía como esperaba.
El terreno baldío donde fue asesinado Juan José Castro Crespo, quien recibió cuatro balazos de un arma calibre .40; su cuerpo quedó tendido boca abajo a un costado de basura y residuos de una fogata realizada días atrás
Un investigador del caso afirmó que desde octubre de 2017 la actitud del litigante era diferente; cambió sus horarios, llegaba sin avisar a la oficina, e incluso iba sólo a los Juzgados y otras diligencias, cuando antes lo hacía con por lo menos una persona.
Existen varias líneas que se están evaluando, pero dos de ellas sobresalen entre el resto. La primera es un presunto compromiso que hizo con criminales en Culiacán, Sinaloa, a los cuales no les pudo cumplir liberarlos.
Versiones evaluadas por la autoridad indican incluso que se trataba de gente relacionada con los Beltrán Leyva. Esta línea de investigación coincide con un viaje que realizó Castro Crespo a Culiacán hace meses, donde supuestamente llevaba un caso.
Otra versión sugiere que el jurista tampoco le pudo cumplir a un grupo de secuestradores a quienes defendía, y que por cierto, cobró una gran cantidad de dinero, pero finalmente no pudo cumplir con su liberación, lo que fue cobrado con su vida.
Sin embargo, una tercera versión fue referida por los investigadores. Y es que Juan José Castro Crespo pretendía rentar un terreno para convertirlo en un establecimiento de “carnitas”, pero aparentemente sostuvo una discusión con el copropietario del inmueble, debido a que este no estaba de acuerdo en su idea.
Incluso testigos indican que uno de los hijos de Castro Crespo reclamó a uno de sus familiares por el negocio, al grado de llegar a agresiones físicas junto al cuerpo de la víctima.
“La escena fue muy contaminada por eso”, afirmó una de las fuentes consultadas por ZETA, la cual dijo que aparentemente sostenían un pleito por la propiedad del terreno y sobre lo que se haría con él.
Sin embargo, pese a que la propiedad tenía un letrero con el nombre y teléfono celular del abogado, en el que se invitaba a rentarlo, tras una revisión en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), Castro Crespo no cuenta con un solo inmueble inscrito a su nombre en todo Mexicali. Sin embargo, sí existe uno a nombre de su hermano en la misma comunidad rural.
GREMIO EXIGE A PGJE ESCLARECER HOMICIDIO DE CASTRO CRESPO
Abogados de diversas asociaciones en Mexicali exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) esclarecer el homicidio del abogado penalista, sin importar las causas que sean, incluso realizaron un exhorto para poder conocer el avance en las investigaciones de otros compañeros del gremio.
El vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Ejercicio del Derecho, Fernando Rosales, lamentó profundamente el crimen, que se suma a la lista de homicidios sin resolver.
“El exhorto puntual que se le hace a la procuraduría es que este hecho no quede impune, que se investigue sea cual sea la razón, desde el punto de vista con los abogados que he platicado, todos en el colegio nos sumamos a levantar la voz y a exigir que en esa cruzada por la seguridad pública que tanto menciona el gobernador, se dé un resultado pronto y eficaz”.
El mismo abogado pidió que las condiciones de investigación se esclarezcan y que no vayan a hacer un caso más.
Antonio Navarrete Castillo, presidente de la fraternidad policiaca, aseguró conocer a varios de los abogados desaparecidos y al propio Crespo, y que en muchas ocasiones no se cumple con los aspectos jurídicos en tiempo y forma.
“Son contratados en algunos casos y no se cumple en tiempo y en forma con los plazos para que sean liberados los detenidos, en otros casos sí hay situaciones, me ha tocado cuando hay bastantes intereses y estás ganando el caso, son muchas hipótesis que se tienen que trabajar sobre los asuntos jurídicos para determinar las líneas de acción”.
Reconoció que los abogados se encuentran en peligro por realizar su trabajo, ya que en muchos casos no se libera a los detenidos en los casos federales o cuando se afectan intereses muy grandes.
Indicó que un litigio de 800 hectáreas en Mazatlán tuvo que abandonarlo debido al peligro que representaba luego de ganar una asamblea.
Hernán Cortez, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, condenó el homicidio de Castro Crespo y exigió a las autoridades el esclarecimiento y llegar hasta las últimas consecuencias.
“Por ningún motivo vamos a aceptar una evasiva como en otras veces han pretendido hacer, de que muchas veces que se pudiera dar por el trabajo, por el tipo de asuntos que se están llevando por parte de los compañeros colegas abogados que los enfocan en el área penal federal, obviamente eso no lo vamos a permitir”.
El presidente del Colegio de Abogados afirmó que primero se debe dar una investigación sólida que esclarezca los hechos y no van a permitir que las autoridades eludan su responsabilidad y pretendan dejar impune algún tipo de delito por el hecho de que los abogados llevan algún tipo de asuntos.
“Por otro lado, vamos a exigirles contundentemente a las autoridades que esclarezcan este y los otros asuntos donde han fallecido los abogados, lo estamos viendo como una cuestión social, si bien es cierto el licenciado Castro Crespo forma parte del gremio de abogados, pero ya es una cuestión social, que las autoridades exigimos nos brinden su derecho más mínimo, que es la seguridad”, expuso Cortez.
Por su parte, el abogado Juan Manuel Molina dijo que queda claro que la delincuencia, la inseguridad y la impunidad está alcanzando a todos los sectores de la sociedad.
“No solo se trata de una cuestión de colonias populares, zonas marginadas, es una cuestión que está sucediendo; asaltos en fraccionamientos residenciales, homicidios de colegas abogados, como se ha visto no ha habido un resultado plausible por parte de las autoridades o una investigación resuelta, no lo vemos”.
ABOGADOS NO AYUDAN EN INVESTIGACIONES
Como respuesta, el subprocurador José María González afirmó que a diferencia de otros casos que se resuelven rápidamente en Mexicali, los crímenes contra litigantes con frecuencia son un misterio.
Y es que este sector profesional comparte muy pocos datos con la autoridad para esclarecer el crimen, lo que complica el avance de las indagatorias.
Según González Martínez, el gremio tiene todo el derecho a exigir justicia, pues es su trabajo brindarla, pero pidió que compartan información que ayude a esclarecer, aunque sea de manera informal.
Agregó que la mayoría se trata de crímenes relacionados con temas inherentes a su profesión, pues abordan asuntos delicados de homicidios, secuestros y narcotráfico, pero aun así, siguen investigando los casos.
Además, solo uno de los homicidios ha sido resuelto, pues se detuvo a uno de los involucrados en flagrancia.
Específicamente contabilizan el esclarecimiento de Víctor Hugo Navarro Avilés, asesinado mientras conversaba con Sergio y Alonso Pimentel Rentería, dos conocidos traficantes de la zona poniente de la ciudad, quienes estuvieron ligados con Miguel Ángel Barraza.
Esa ejecución ocurrió en 2014 en un restaurante conocido como Chayos, donde los criminales usaron armas de grueso calibre para asesinar a sus víctimas; uno de los tres involucrados fue asegurado.
EL ASESINATO DE CASTRO CRESPO
La noche en que fue asesinado Juan José Castro Crespo se encontraba en la comunidad rural donde el nació, creció y residió, por eso se sentía tan seguro caminando en un predio propiedad de su familia, totalmente abierto y solo con un acompañante.
Nunca imaginó que matones lo estuvieran acechando aquella tarde de sábado cuando fue ultimado de cuatro balazos certeros mientras limpiaba y plantaba árboles en el terreno ubicado sobre el camino de terracería llamado Guillermo Cadena; ninguno de los proyectiles calibre .40 se desvió de su destino.
Castro caminaba junto a los límites del terreno en compañía de Édgar, un trabajador a su servicio.
Los delincuentes se acercaron a bordo de su vehículo y le gritaron por su nombre. Sin salir de la unidad, según la narrativa de la PGJE, el copiloto sacó su arma de fuego y disparó en cuatro ocasiones contra el jurista, quien recibió un impacto en cada pierna, otro en el pecho y uno más en el hombro.
Casquillos calibre .40 quedaron en la escena; el matón tenía una gran puntería, pues logró atinar a la distancia.
El vehículo Nissan Altima 2010 color azul marino y vidrios polarizados aceleró su marcha apenas perpetrado el crimen, tomando rumbo a la carretera Islas Agrarias y logrando perderse adentrándose más en la zona rural de Mexicali; no dejaron rastro.
El único testigo tomó el vehículo de su patrón y se dirigió hacia una casa ubicada a una cuadra del terreno, donde conversó con los propietarios que llamaron a la familia y a las autoridades. Mientras tanto, el abogado se desangraba bocabajo en el predio; llevaba una vestimenta informal y una gorra, como pocas veces se le veía.
Cuando las autoridades llegaron no había nada por hacer, por lo que acordonaron la vialidad e iniciaron con las indagatorias.
El presidente de la Barra de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, se volvió una víctima más del crimen. Fue uno de los abogados que reclamó con mayor fuerza los homicidios contra su gremio y, el sábado 30 de diciembre de 2017, se volvió parte de la estadística. Ahora el derecho se convirtió en una profesión de alto riesgo en Baja California. Con información de Cristian Torres
