Según Eduardo Balarezo, abogado del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el capo se comprometió a no atentar contra la vida de los jurados que participen en el proceso federal que se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
Además, el abogado del ex líder del Cártel de Sinaloa presentó una moción para que los jurados no sean anónimos y no estén protegidos por guardias armados, para no considerar así al acusado, como una persona “peligrosa y culpable”, que necesitan cuidarse de él, incluso antes del juicio.
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Balarezo realizó la petición al enterarse que el gobierno estadounidense pidió al juez Brian Cogan que el jurado seleccionado permaneciera en anonimato para que ni Guzmán Loera, ni su defensa, conocieran su identidad.
El abogado de Guzmán Loera argumenta que, de no hacerse así, se pondría en duda la presunción de inocencia con la que debería contar su cliente, quien enfrenta 17 cargos por delitos como tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero, por lo que podría enfrentar la cadena perpetua.
Aunque la petición del Gobierno estadounidense no es pública, se sabe por medios locales que pidió que los miembros del jurado fueran transportados desde y hacia la Corte, escoltados, además de que se mantuviera esa protección dentro de los tribunales.
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Para Balarezo, esto no permitiría que “las partes puedan investigar a fondo y cuestionar las actitudes y los prejuicios de los jurados”, por lo que propuso que solo “El Chapo” y los medios de comunicación no tengan acceso al jurado.
“En la medida en que el Tribunal considere que es necesario mantener los nombres del jurado fuera del registro público, Guzmán no se opone a un procedimiento que permita a los abogados tener acceso a los nombres y otra información concerniente a los jurados mientras se retiene esa información del público y de él mismo”, añadió Balarezo en su solicitud.
“Un jurado anónimo, especialmente uno al que se le permitiría funcionar solo bajo guardia armada, envenenaría la atmósfera del caso y serviría para reforzar las pruebas del gobierno al crear la impresión de que el señor Guzmán es culpable y peligroso”, indicó Balarezo, en una entrevista con el diario El Universal.
La “inusual y drástica medida” que significaría permitir que el jurado sea anónimo afectaría el derecho constitucional a un juicio justo de “El Chapo”, y más cuando, en opinión de Balarezo, no hay nada todavía probado y el gobierno solo ha basado su descripción del capo sinaloense “a base de artículos de internet, declaraciones no probadas y conjeturas de cooperantes que buscan reducir su sentencia”.
Balarezo también pidió rebajar las medidas de seguridad “altamente inusuales” en el transporte y vigilancia del jurado que pide el Gobierno estadounidense, un “espectáculo” que incluiría escolta, seguridad y aislamiento público, con el constante acompañamiento de guardias armados, para así insinuar la “peligrosidad” de Guzmán.
El abogado dijo “reírse de la mala broma de la Fiscalía de presentar a varios presos en cárceles estadounidenses como si fueran “soldados” del narcotraficante sinaloense, “dispuestos a defenderlo de lo que le pueda suceder”, cuando, al contrario, debido al régimen de aislamiento al que está sometido el capo, “con suerte puede comunicarse con su familia”.
Balarezo consideró que los fiscales se basan en alegaciones y no en pruebas, además de que se dejan llevar por declaraciones de testigos que cooperan para reducir sus sentencias. Asimismo, el juez Cogan aún no ha tomado una decisión con respecto al recurso legal presentado por el abogado del capo sinaloense.
Se tiene previsto que el jurado del juicio de “El Chapo” se configure durante el mes de septiembre, mes en el que debería empezar el juicio, cuya fecha definitiva se deberá decidir en la próxima audiencia judicial preparatoria, prevista para el 15 de febrero, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
La fecha fijada inicialmente era el 16 de abril próximo, sin embargo, los abogados del capo sinaloense pidieron un aplazamiento argumentando que las limitaciones de comunicación de “El Chapo” con sus familiares dificultan la financiación de su defensa legal.
Según el diario El Tiempo de Colombia, el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) reclutó a un grupo de narcotraficantes colombianos extraditados a aquel país -entre ellos Diego León Montoya Sánchez, alias “Don Diego”, exjefe del Cártel del Norte del Valle-, que testificarán contra el capo sinaloense.
La intención del FBI sería garantizar que el gran jurado otorgue cadena perpetua al ex líder del Cártel de Sinaloa. El rotativo abundó que el Gobierno estadounidense aún no ha anunciado de forma oficial, los nombres de los líderes de cárteles colombianos que van a testificar sobre los envíos a Guzmán Lorea, a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres.
El rotativo abundó que otros narcotraficantes colombianos Efraín Hernández Ramírez, “Don Efra”; Elizabeth Montoya de Sarria; Iván Urdinola Grajales, Arcángel Henao Montoya; Francisco Iván Cifuentes Villa, “Pacho Cifuentes”; Miguel Solano, “Miguelito”; y Luis Giovani Caicedo Tascón, entre otros, también testificarán contra “El Chapo”.
