Director de desalinizadora cobrará más que Peña y “Kiko” juntos

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Edición Impresa Lunes, 29 Enero, 2018 12:00 PM

Ni sumando los salarios del Presidente de la República y el del gobernador de Baja California, alcanzaría para cubrir el sueldo del próximo “director general” de la desaladora en Rosarito aprobada por diputados del PAN-PRD. Hasta el “encargado del almacén” recibirá más dinero que el mandatario estatal. Son los costos inflados que justifican los más de 172 mdp que recibirá la empresa al mes durante 37 años

El Gobierno del Estado que encabeza Francisco Arturo  Vega de Lamadrid consiguió, con el respaldo de diputados del PAN-PRD, aprobar lo necesario para echar a andar una desalinizadora que los bajacalifornianos pagarán durante 37 años.

La desalinizadora que ha marcado el gobierno de “Kiko” es un negocio de más de 76 mil 740 millones de pesos que recibirá la empresa por parte del Gobierno del Estado, y que saldrás del bolsillo de los ciudadanos al pagar el agua potable.

Los pagos que pronto empezará a recibir la empresa extranjera por parte del Gobierno del Estado para la construcción y operación de la desalinizadora en Rosarito serán de 172.8 millones de pesos al mes.

Millones de pesos que el Estado pagará a través de los pagos de usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos -se eleva 2 mil 074 millones anuales más de los que ejerce la Secretaría de Seguridad Pública en un año-.

Para “justificar” estos costos, la empresa entregó diversas estimaciones de gastos de operación de la futura planta, entre estos, los sueldos de su personal; una plantilla desorbitada.

Por ejemplo, al “director general” de la desalinizadora se le asignó un sueldo mensual de 359 mil 333 pesos, es decir, más de cinco veces el salario del propio gobernador Vega.

Ni Enrique Peña Nieto, el Presidente de la República, percibe un pago tan elevado como el encargado de la desalinizadora.

 

De hecho Peña, quien devenga 250 mil 247 pesos al mes, cobrará 109 mil 86 pesos menos que el “director” de la planta.

Bueno, ni sumando el sueldo mensual del gobernador y el del inquilino de Los Pinos alcanza para cubrir el gran pago que proyectó la empresa beneficiada por el Gobierno del Estado.

El sueldo del “director” solo se compara con lo que gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Montes, quien más gana en todo el país: 4 millones 658 mil 775 pesos anuales, cantidad muy similar a la del “director” a quien se le proyectaron 4 millones 331 mil 990 pesos al año.

 

PLANTA DE AGUA, MINA DE ORO

En ese proyecto se plasmó la construcción, financiamiento y operación para la planta desalinizadora de Rosarito por un monto mensual de 149 millones 312 mil 018 pesos (más Impuesto al Valor Agregado, IVA). El contrato lo firmó la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) entonces dirigida por Manuel Guevara.

La lógica de la operación es prácticamente sencilla: el Estado -por no tener recursos suficientes– cede a las empresas la construcción y operación de la desaladora; a cambio el gobierno les paga una cantidad millonaria de manera mensual.

Posteriormente, el primero de diciembre de 2017, diputados en el Estado del PAN y del PRD (excepto Miguel Osuna Millán) aprobaron el Dictamen 95, en el cual se autorizaba al gobierno de “Kiko” Vega buscar el financiamiento para varias Asociaciones Público Privadas (APP), entre estas  la desaladora.

Previo a la aprobación y firma del contrato, las empresas justificaron el cobro del monto de su “inversión”, entre esos documentos entregaron al Estado una “cédula para el cálculo del costo de personal” para el proyecto.

ZETA obtuvo copias del expediente en el que se localiza el organigrama de la planta. Y sus números son irreales:

* “Director de Planta” ganará 359 mil 333 pesos de sueldo al mes.

* “Subdirector”, 212 mil pesos.

* “Gerente de Mantenimiento”, 231 mil pesos.

* “Gerente de Operación”, 231 mil pesos.

* “Administrador”, 105 mil 540 pesos.

* “Jardinero”, 101 mil 360 pesos mensuales.

Los empleados de bajo nivel, según la propia información que entregó la empresa al Estado, también tendrán salarios de primer mundo:

* “Encargado de Compras”, 55 mil 190 pesos al mes.

* “Secretaria”,45 mil pesos.

* “Coordinador de Almacén”, 67 mil 900 pesos.

* “Ayudantes”, 30 mil 48 pesos cada uno.

* “Jefe de Laboratorio”, 67 mil 900… y un poco más para el “Técnico en Calidad”.

* “Oficial Eléctrico”, 47 mil 500 pesos, al igual el “Oficial Electromecánico”.

* “Auxiliar de mantenimiento”, 30 mil pesos al mes.

Como si fuera poco, en el documento oficial firmado por el “representante” de las empresas, Lautaro Manuel Millaman-Turuel, advierte: “El número de personal que se señala en esta cédula es el mínimo requerido”.

 

31 MDP PARA 37 EMPLEADOS

Según el documento de la empresa respecto los supuestos gastos, son en total 37 empleados los que requiere la planta como “mínimo”, distribuidos en cuatro departamentos: Dirección, Administrativo, Operación y Manteamiento.

Según los propios cálculos, el gasto en “total (de) sueldo mensual” es de 2 millones 395 mil 545 pesos para los 37 empleados. Y estiman que al año, la suma incrementaría a 31 millones 170 mil 750 pesos.

En promedio, cada empleado de la desalinizadora costará poco menos de un millón de pesos anuales, 842 mil pesos por cada uno.

Para tener una idea del monto proyectado por la desaladora basta decir que con una cantidad similar a lo que ellos estiman como gasto anual de sueldos a 37 personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (con 33 millones de pesos) puede cubrir las 121 plazas de personal (sueldos, aguinaldos, finiquitos y todas las prestaciones) en todo un año.

Un año de sueldos de la desaladora es dos veces lo que el gobierno de “Kiko” Vega destinó en carreteras estatales, en carreteras alimentadoras y en caminos rurales en todo 2017 (15 millones 675 mil pesos).

Otro ejercicio que sirve para dimensionar los pagos mensuales de 172 millones de pesos (2 mil 74 millones anuales) que el gobierno tendrá que hacer durante 37 años a la desalinizadora: alcanza para casi cubrir prácticamente lo que el gobierno gasta en todo el Estado en la Secretaría de Salud Pública (2 mil 490 millones), incluyendo pago de todo el personal médico, operación de todos los hospitales, suministros, etcétera.

Con un solo pago mensual a la desaladora, podría solventarse  todo lo que la administración estatal invertirá en la Secretaría de Medio Ambiente en todo 2018 (50.9 millones) y la Secretaría de Pesca y Agricultura (72.1 millones). Y sobrarían todavía 49 millones de pesos, es decir, diez veces lo que el Estado presupuestó en 2017 para “infraestructura de cultura”.

Con un mes y medio del pago que recibirá la desaladora, basta y sobra para poder cubrir el edificio de la Policía Estatal Preventiva que se está construyendo  en Tijuana (239.6 millones de pesos).

O bien, un año de pagos a la desaladora es igual a 14 veces lo que “Kiko” destinó a inversión pública en educación superior en 2017 (142.8 millones), según el Presupuesto de Egresos. Y con lo que un año de desaladora alcanzaría a tener más de 100 veces el presupuesto destinado en 2017 al programa Empleo Temporal y benefició entre 4 mil y 6 mil apoyos con un presupuesto de 20 millones.

Foto: Cristian Torres

Un solo año de los 40 que durará la concesión, la desaladora costará casi el doble de toda la inversión pública anual en los cinco municipios de Baja California.

 

LAS EMPRESAS DEL AGUA

El 22 de agosto de 2016, tres empresas crearon el Consorcio Aguas de Rosarito SAPI de CV, exclusivamente para recibir el contrato de una APP con el gobierno de Baja California.

El consorcio realmente es encabezado por Consolidated Water,  compañía extranjera que tiene sus oficinas en las Islas Caimán, el famoso paraíso fiscal por ser la Capital del lavado de dinero.

Se unieron las empresas NSC Agua, SA de CV, filial de Consolidated Water en México; NuWater SAPI de CV (Lautaro M.  Millaman Teruel) y Degremont, SA de CV (Adrien Tieche, Jordi Valls Riera e Ignacio del Campo), ambas filiales de empresas extranjeras, pero con vínculos políticos en México.

Supuestamente las empresas invertirán 9 mil 891 millones de pesos para la construcción y operación de la planta, y el Estado le pagará durante los 37 años a razón de 149 millones de pesos (más IVA) cada mes, es decir, 2 mil millones cada año o 76 mil 740 millones de pesos anuales, lo que incluye el pago por el agua en bloque De manera que la empresa recuperará su inversión en menos de cinco años.

Entre los socios se encuentra Galo Horacio Macías Bretón como consejero de administración, representante de los inversionistas de Terminales Portuarias del Pacífico, abiertamente beneficiadas durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Lautaro Manuel Millaman fue funcionario del Gobierno Federal en la Secretaría de Desarrollo Social y sancionado por Secretaría de la Función Pública en 2014 por ocultar su declaración patrimonial.

Michael Avant Smith y Frederick W. McTaggart, son otros dos miembros del consejo de administración y desde esta administración, “socios” del Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid.


 

PAN-gobierno “castiga” a diputado opositor de desaladora

Foto: Cortesía

Miguel Osuna Millán, diputado del Partido Acción Nacional, es el único legislador de su bancada que votó en contra del Dictamen 95, mismo que autorizó al gobierno del Estado endeudarse por más de 82 mil millones de pesos, la mayoría para la desaladora de Rosarito. Su voto en el Pleno fue en contra de la voluntad del gobernador, el cual se vio obligado a involucrarse personalmente para presionar a los legisladores de sacar la votación panista  mediante una trampa legislativa, en la mañana del 1 de diciembre de 2017.

La presidencia del Congreso, representada por el panista Raúl Castañeda, citó sorpresivamente a una sesión extraordinario únicamente con los diputados del PAN y del PRD (con 15 minutos previos al inicio) y con previo acuerdo -ésta es una versión extraoficial, pero muy sonada- con al menos dos diputados del PRI, Benjamín Gómez y Alejandro Arregui.

Pero el encono del Gobernador y los de su partido en contra de Osuna Millán es porque además el diputado ha evidenciado las graves faltas e irregulares en el contrato de la desaladora, igualmente ha señalado los costos desorbitantes del millonario negocio.

Desde que ejerció su voto en contra del Dictamen 95 y firmó una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara las posibles violaciones a la Constitución por parte del proyecto, el gobernador y el partido tomaron represalias.

Desde diciembre, el diputado confirmó que todo aquel que sostenía una relación de amistad con él, fue despedido del gobierno del Estado; es decir, funcionarios que formaron parte del equipo de Osuna cuando éste fue secretario de Salud al inicio de la administración.

Apenas la semana pasada, a otros funcionarios, conocidos como “amistades” de Osuna Millán, se les pidió su salida de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, la cual depende del Poder Legislativo y es dirigido por Carlos Padilla Villavicencio.

Junto a esto, el presidente del Comité Estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, inició un procedimiento sancionador en contra del diputado por su oposición a dicho dictamen, sobre el cual, Osuna Millán explicó públicamente: “aprueba una desaladora que proveerá en una primera fase de 69 millones de metros cúbicos al año”, siendo que “en la realidad”, únicamente se necesitan “cuatro millones anuales”, pero a partir de 2025.

En un video difundido en las redes sociales del diputado, se menciona que “en diversas reuniones de trabajo”, éste presentó al gobierno documentos revisados “por especialistas, expertos en desalación y economía”, en donde resulta preocupante la responsabilidad y el daño económico que ocasionaría el proyecto por el que votó en contra.

El legislador además aseguró que el intento del PAN-gobierno por sancionarlo “es un honor” cuando se hace al “defender el bien público”.

ZETA buscó al dirigente del PAN, quien se limitó a decir: “es un proceso interno, no debo declarar al respecto”; mientras que Osuna aseguró que falta carácter y liderazgo para revisar los temas legislativos y así acompañar a la bancada en las decisiones importantes.

El diputado puntualizó que las represalias en contra de su persona y su equipo las asumirá, al igual que desea que esta Legislatura se conduzca con responsabilidad y compromiso por quienes los han elegido, la ciudadanía.

Mientras tanto juró que seguirá en la bancada del PAN, siempre y cuando sea beneficioso para los ciudadanos y tomando decisiones que busquen el bien mayoritario.


 

Suprema Corte revisará las desaladoras de “Kiko” 

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien revise los atropellos del gobierno del Estado y de los diputados del PAN-PRD que han denunciado 11 legisladores de Baja California, en su afán por echar andar los proyectos de las Asociación Público Privadas, entre estos, las desaladoras en la entidad.

El Dictamen 95, votado por los diputados y por la instrucción del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, endeudará al Estado por más de 82 mil millones de pesos durante los próximos 37 años.

El martes 23, la Suprema Corte reconoció que la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad que solicitaron diversos legisladores de Baja California sí es de su competencia y serán ellos quienes emitan una opinión jurídica de mega endeudamiento.

Foto: Cristian Torres

El recurso de revisión fue firmado por 11 de los 25 diputados locales: cinco diputados del PRI, dos de Morena, el Diputado del PAN, Miguel Osuna Millán, y los legisladores del PES, PBC y de PT.

“Es un gran paso y representa un fallo del Gobierno del Estado que daba por hecho que sería desechado”, fue referido por el diputado por el Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno.

Esperan así lograr dar revés a lo aprobado en la sesión de Pleno, convocada de manera mañosa por el panista Raúl Castañeda Pomposo, quien convocó el primero de diciembre para votar el endeudamiento únicamente a los integrantes de su bancada.

“Hoy deben estar muy nerviosos los inversionistas que este tema esté en la SCJN, porque es un volado y hoy deben valorar si deben invertir en algo tan obscuro, errático, cuestionado, poco legitimado, porque estaría en riesgo mucho dinero”.

Afirmó que la decisión de la instancia federal podría tardar de tres a seis meses, ya que es un proceso lento, pero esperan que se decida lo más pronto posible para poder tener más certeza y confianza sobre esto.

Por su parte, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado de prensa con el que minimizó la decisión de los ministros, refiriendo que no se debe dar un significado mayor al que éste tiene.

A través del coordinador de Amparo de la Dirección Jurídica y Contenciosa del gobierno del Estado, Cristian Ornelas Islas, el Estado indica que la inconformidad será estudiada por el órgano colegiado, pero que no representa un “freno” al proyecto de las desaladoras previstas en el Decreto 168.

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