Acusado de entregar millonarios contratos de obra pública a un puñado de favoritos de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, de servirle como paladín para la aprobación del Dictamen 95 y así garantizar la construcción de desaladoras, Guevara sale del gobierno estatal en medio del desprestigio y del descontento del gremio de la construcción. Lo reemplaza Alfonso Padrés Pesqueira, priista que días antes de su nombramiento fue removido de la SCT para acomodar en su puesto al sobrino de un senador
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid aprovecha los diciembres para sacar a los desprestigiados miembros de su gabinete. Así lo hizo con Jorge Cornejo en diciembre de 2016 y repitió la fórmula con Manuel Guevara, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), quien fue relevado de su cargo el martes 26 de diciembre.
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En el caso de Cornejo, quien se desempeñaba como ex subdirector de Imagen, Producción y Publicidad Interinstitucional, su salida fue consecuencia de la denuncia y exigencia hecha por medios de comunicación para que al entonces funcionario estatal se le investigara por violencia institucional, acoso cibernético y orquestación de campañas negras contra periodistas.
Con Guevara, la situación no fue muy diferente. Desde el inicio de la administración de “Kiko” Vega, el gremio de la construcción notó que la obra pública se repartía entre unas cuantas empresas cercanas a los negocios del gobernador.
Incluso agrupaciones organizadas como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) alzaron la voz para exigir mayor transparencia en el desarrollo de obra pública y mayor apertura de la participación de empresas locales en reuniones públicas con el entonces titular de la SIDUE.
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Sin embargo, Guevara Morales sirvió como el principal operador del gobernador para asegurar el negocio de las Asociaciones Público Privadas (APP), así como las adjudicaciones directas de millonarias obras a un puñado de beneficiados.
Bajo la gestión de Guevara Morales, la SIDUE se convirtió en un negocio más para el mandatario estatal y sus allegados.
Tan solo en julio, el hoy ex secretario giró un oficio desde su oficina para informar que Industrias Zahorí y Guaycan Químicos y Petrolíferos, la primera propiedad del secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante y la segunda de Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, eran “las únicas que serán aprobadas para brindar los servicios de proveeduría de productos asfálticos utilizados en licitaciones obras públicas en Baja California”. Ante la inconformidad pública, después “aclaró” que otras empresas podrían proveer, pero debían permitir revisiones y aprobar requisitos.
Guevara también fue el responsable de cabildear la Ley del Agua a finales de 2016, que tanto repudio social le generó y enfrentó a grupos ciudadanos en foros y debates públicos, donde quedaron exhibidos los datos falsos que aportaba para lograr su aprobación y que terminó abrogada.
Sin embargo, Guevara Morales había intentado presentar su renuncia desde hace más de un año, incluso antes del infarto que sufrió en mayo de 2016, precisamente en el periodo que se negociaban las empresas que concursarían para construir las desaladoras.
La condición para su salida era la aprobación de una serie de APP contenidas en el Dictamen 95, en específico las desaladoras para Rosarito y San Quintín, la cual se dio el 1 de diciembre en sesión extraordinaria del Congreso del Estado.
A menos de un mes de que esto ocurrió, se le permitió su salida del gabinete estatal. Desgastado, desprestigiado y cansado, como su sucesor fue nombrado Alfonso Padrés Pesqueira, a quien el gobernador le tomó protesta como titular de SIDUE el martes 26 de diciembre.
Un “hankista” al gobierno de Vega
Días antes de Navidad, a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llegó la noticia de la salida de Florencio Alfonso Padrés Pesqueira, quien se convirtió en delegado de la dependencia federal en mayo de 2013.
El priista intentó frenar el cambio, pero la decisión estaba tomada desde Ciudad de México y en ella intervino Ernesto Gándara Camou, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que intentó obtener la candidatura a la gubernatura de Sonora, la cual finalmente fue para Claudia Pavlovich, actual mandataria estatal.
La razón, colocar a su sobrino, Ernesto Aguilar Gándara, como delegado de la SCT en Baja California, quien posee licenciatura en Derecho y asumió el cargo el 18 de diciembre.
Padrés Pesqueira es identificado como hankista, ya que fungió como director de Obras y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Tijuana durante la administración de Jorge Hank Rhon.
Su carrera política también ha estado ligada a Francisco Castro Trenti, quien incluso lo impulsó para ocupar la delegación de la SCT, mientras que Padrés colaboró en el plan de gobierno que Castro elaboró como candidato a la gubernatura en 2013.
Padrés Pesqueira también es cercano a Kurt Honold Morales, de quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en Tijuana cuando Honold se convirtió en alcalde durante la campaña de Hank a la gubernatura de Baja California en 2007.
En términos de devociones políticas, al nuevo secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado se le identifica como un priista institucional y, por lo tanto, un peñista entregado.
Es ingeniero y arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional y ha ocupado otros cargos en la función pública, como jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública a Entidades Paraestatales y Autónomos y a Entidades Municipales, en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 2012 a 2013.
