Consiguen firmas de último momento contra Dictamen 95

Foto: Cristian Torres
 
Edición Impresa Lunes, 8 Enero, 2018 12:00 PM

Piden 11 de los 25 diputados de Baja California a la SCJN que el dictamen que garantiza contratos de obras de agua a Asociaciones Público Privadas sea revocado. En su acción de inconstitucionalidad alegan violaciones al procedimiento parlamentario y la publicación de un decreto anticonstitucional

Con la última firma recolectada en el mismo aeropuerto, 11 diputados presentaron la acción de inconstitucionalidad contra el Dictamen 95 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a minutos de cerrarse el periodo de 30 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El dictamen avala y da seguridad a las Asociaciones Público Privadas (APP), a quienes les fueron asignadas dos plantas desaladoras, una en Rosarito, otra en San Quintín,  y obras del sistema pluvial para Mexicali, con un costo de 82 mil millones de pesos a pagar en 37 años.

Los firmantes fueron Miguel Osuna Millán, el único legislador del Partido Acción Nacional que se opuso a la aprobación del Dictamen 95, ahora Decreto 178; Catalino Zavala y Víctor Manuel Morán, de Movimiento Regeneración Nacional; Luis Moreno Hernández, del Partido Encuentro Social; Jorge Núñez Lozano, del Partido Estatal de Baja California; y Claudia Agatón, del Partido del Trabajo.

De igual manera se unieron los legisladores priistas Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Patricia Ríos y Benjamín Gómez, este último incluso había manejado la posibilidad de no firmar el documento, al considerar un albazo la conferencia de prensa donde se dio a conocer que se interpondría el recurso.

Por su parte, Catalino Zavala explicó que luego de reunir las 11 firmas, ante la SCJN se presentó el recurso fundamentado en dos  argumentos: el primero, que tiene que ver con la forma en que se realizó la sesión y todos los pormenores previos; y el segundo va en contra del endeudamiento por 37 años, el cual consideran violatorio por sí mismo.

“Básicamente son dos aspectos, todas las violaciones al procedimiento por delación al procedimiento parlamentario e inconstitucional, el segundo es por la publicación del decreto, el cual es anticonstitucional en su propio contenido en los términos que fue aprobado”, indicó el diputado.

Agregó que hoy viernes 5 de enero los diputados de los diferentes partidos ofrecerán una rueda de prensa para hacer públicos los términos del recurso, sin embargo, adelantó que se refieren en el fondo y la forma “como una norma anticonstitucional que vulnera la representación, soberanía y facultades anticonstitucionales del Congreso, y todas las violaciones del procedimiento como fue aprobado el dictamen”.

 

EL MADRUGUETE

El 30 de noviembre de 2017 se realizó la sesión ordinaria del Congreso del Estado, donde eligieron al nuevo presidente de la mesa directiva; repitió el panista Raúl Castañeda, quien citó a nueva sesión el 8 de diciembre

Sin embargo, a la mañana siguiente, personal del Congreso del Estado empezó a notificar un cambio. Entre las 8:15 y 8:45 am, buscaron contactar a los diputados  para informarles de una sesión extraordinaria, a la que se citaba ese mismo viernes 1 de diciembre a las nueve de la mañana.

En la sesión estuvieron presentes todos los legisladores del Partido Acción Nacional, además de su aliada incondicional, Rocío López Gorosave, del Partido de la Revolución Democrática; mientras que el diputado de Movimiento Ciudadano, Job Montoya, alcanzó a presentar por escrito un justificante de inasistencia. Tanto López como Montoya tampoco firmaron el recurso de inconstitucionalidad.

Pese a que los diputados Jorge Núñez, del PBC, y Patricia Ríos, del PRI, alcanzaron a llegar a la sesión, su velocidad no fue suficiente para hacer su arribo antes de la votación del Dictamen 95, el cual se leyó rápidamente. Legisladores del PRI, Morena y PES que radican en Tijuana, Ensenada y Tecate -a dos horas o más de distancia de la Capital del Estado- informaron que no pudieron asistir a la reunión debido a que no les dieron tiempo suficiente, entre la notificación de la sesión y la hora en que inició.

Desde el 1 de diciembre los diputados avasallados advirtieron que la convocatoria era violatoria debido la mala integración de la mesa directiva, precedida por cuatro diputados del PAN y una del PRD, sin acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Y advirtieron que la convocatoria no tenía el orden del día enumerado, por lo que se podría considerar no válida.

 

LOS HACEDORES FUERA DEL GOBIERNO

En el tiempo que transcurrió entre la publicación del recurso y la presentación del recurso de inconstitucionalidad, renunció el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Manuel Guevara, uno de los principales promotores del dictamen en cuestión

Guevara anunció su intención de dejar el cargo desde 2016, pero el gobernador Francisco Vega le habían impuesto como medida resolver el tema de las APP para poder liberarlo; finalmente, con la publicación del decreto  renunció.

Otro de los impulsores de las APP fue el ex secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, incluso se le vinculó con una de las empresas que habían ganado una de las licitaciones, pero renunció antes de que se fuera complicando la aprobación del dictamen, debido a los grupos de manifestantes que desde enero de 2017 habían acampado en el Congreso del Estado para evitar la aprobación de las modificaciones que daban viabilidad financiera.

Desde el Gobierno del Estado, la versión de funcionarios a medios locales es que confían en que la acción de inconstitucionalidad no procederá porque este recurso solo es válido en contra de leyes, y el asunto en cuestión es un dictamen.

 

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