Colonialismo e impunidad tricolor

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Opinionez Lunes, 22 Enero, 2018 12:00 PM

A los campesinos que defienden el agua de Baja California

 

El partido político y candidato que el primer domingo de julio aspire al poder, debe necesariamente tener sustento ético y político constructivo. La Unesco dicta que para el rubro de educación, se aplique al menos 12% del PIB. Pero el 5.2% del PIB, destinado a la educación, se distribuye entre el número de estudiantes, lo que da como resultado que México tenga un gasto más bajo de toda la OCDE.

Los ciudadanos deberíamos pagar impuestos al 100. Pero el Estado que los recibe como dinero ajeno, no rinde cuentas claras sobre cómo se destina realmente cada peso y cuáles son los resultados, condición fundamental que exige al ciudadano informarse y participar de manera democrática, vigilando el uso eficiente de sus impuestos.

El Estado y el gobierno existen para ordenar la riqueza de su pueblo y buscar la mejor formación educativa, intelectual y salud para elevar la productividad del país. Esto es posible en México por la riqueza de recursos naturales que tiene, pero el problema radica en detener el derroche y saqueo desde fuera y desde el centro del país que disminuye las esperanzas económicas de la población.

Los municipios se hunden con la creciente deuda pública. No tienen dinero, pero derrochan, roban, es decir, sus negocios personalísimos son prioridad. Este es un asunto exponencial donde el debate de los técnicos profesionales, economistas, contadores, administradores, cámaras, colegios y las universidades, demuestran impotencia, inconsciencia y silencio cómplice.

También es un conflicto de voluntad política para ordenar con eficiencia y transparencia, porque el diseño de ingeniería política, jurídica, de los órganos de vigilancia, no tienen autonomía, son puestos subordinados al poder ejecutivo y con el perfil de quienes cobran como gobernadores que llegan al gobierno para sus negocios personales. ¡Estamos perdidos! Por eso el saqueo del agua de la cervecera Constellation Brands en contra del futuro de Baja California.

En el marco de las reglas neoliberales de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿cuál es el futuro de las ciudades endeudadas sin recursos? Los impuestos a las empresas más productivas están en el centro del este tema, no los quieren tocar de manera progresiva, y bizarramente, quienes más ganan, menos pagan. ¿Esto explicaría una sociedad y Estado fallido?

Se requiere una reforma fiscal equilibrada, justa, para construir un verdadero poder local que cuente con recursos para rediseñar y reconstruir las ciudades que son un complejo nudo de problemas. No tenemos servicios públicos, ni infraestructura acorde a las necesidades de la ciudadanía. Especialmente en fronteras que reciben migración del sur o centro del país e internacionalmente. Tijuana alberga miles de familias deportadas, desplazadas por la guerra contra el narco, más una corriente de africanos, centroamericanos, asiáticos, etc.

Será necesario revisar la maquinaria fiscal porque el Gobierno Federal, (SAT), concentra el grueso de la recaudación, la envía a la CDMX en una caja negra de opacidad institucionalizada. Por manoseo, malas mañas, fugas incontrolables, ineficiencia, errores, perversidad y latrocinio, regresa el recurso a los municipios como sobras o perversión: Duarte, Beltrones, Videgaray, Meade y Peña impunes… ¿Y cuántas décadas? y ¿qué volumen de impuestos asignan al PRI?

Un fisco sin sentido porque en cada región debe asignarse desde la recaudación de origen lo que le corresponde a cada entidad y alcaldía, según las necesidades de su población y características regionales, aplicando medidas de controles, políticas claras, auditorías y leyes que infundan respeto absoluto al manejo recurso público.

Es fundamental que el ciudadano se informe y participe de manera democrática, vigilando el uso eficiente de sus impuestos.

El alarde de poder chilango demuestra que sus reglas de control no responden a la realidad y progreso de las regiones y municipios. Es aberrante ese viajecito del presupuesto, solo demuestra una enfermedad política y administrativa donde los estados “libres y soberanos” se convierten en colonias del presidencialismo monárquico.

Si se estudiara a fondo la ruta inteligente de los impuestos, estos podrían ser menores si se eliminan esos enormes costos burocráticos de concentración y dispersión. Una lógica ineficiente, incapaz de afrontar el reto del desarrollo armónico de la Nación. Bastaría el sentido común para que operen los órganos de planeación, vigilancia y control. Pero los diputados y senadores no merecen ni el salario mínimo.

 

M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com

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