Abogados denuncian impunidad

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Edición Impresa Martes, 30 Enero, 2018 12:00 PM

Arturo Rubio Ruiz, presidente de la asociación civil Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana, expuso un acercamiento con el actual procurador Daniel de la Rosa Anaya, a quien litigantes informaron que hay 30 mil denuncias en reserva  por obra de Erasmo Palemón Alamilla

 

“Principalmente era conocerlo, que nos conociera, buscar la manera de que se aperturaran las puertas de la procuraduría, ya que el anterior procurador nos dio con la puerta en la nariz, nos negó acceso y comunicación”, dijo Arturo Rubio Ruiz, presidente de la asociación civil Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana, conformada por abogados, en torno a una reunión que el actual procurador general de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, sostuvo con seis asociaciones y colegios de abogados de la entidad.

“El actual procurador aceptó la reunión, en la misma los abogados planteamos algunas inquietudes, la más relevante es que el anterior procurador envió a la reserva, y por decir a la reserva digo a la basura, cerca de 30 mil denuncias solo por el hecho que no se había avanzado en las mismas”, reiteró Rubio Ruiz, quien también pertenece al Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.

El anterior procurador, Erasmo Palemón Alamilla Villada, se jactó de haber terminado con el rezago de 32 mil expedientes del sistema tradicional de justicia penal. Ahora, abogados litigantes confirmaron a ZETA que más que ayudar, el ex funcionario archivó gran parte de las denuncias presentadas, al no haber avance en las investigaciones, lo que lo llevó desechar esos expedientes.

Foto: Cortesía.- Arturo Rubio Ruiz, representante legal del consejo ciudadano de atención a víctimas del delito denunció que urge un equipo de reacción inmediata de la pgje, queja planteada al actual procurador

Por su parte, la asociación civil Semáforo Delictivo reveló que Baja California Sur se sitúa en primer lugar nacional en el incremento de delitos de alto impacto, incluyendo homicidio doloso, ejecuciones, robo en sus diferentes modalidades, secuestro y extorsión.

“Prometió el procurador hacer una revisión integral en cada uno de los expedientes, porque en muchos de ellos hay inconformidad de los ofendidos en cuanto a la resolución que se le dio a la averiguación previa, es decir, esa falsa labor de abatir con el rezago ya se descubrió que solo fue una simulación y se va a revisar, lo que tenía que hacer desde el principio, revisar caso por caso, a fin de evitar la impunidad, que es lo que nos está asolando por la incapacidad de las corporaciones para contener la ola delictiva”, expuso Arturo Rubio Ruiz.

Pero esto, consideran, va más allá de solo corregir el rumbo. El Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio ha sido señalado, mientras que por el primer respondiente a un delito se considera grave, en otros puntos de la justicia no hay gravedad, por lo cual el criterio se ha diferido.

“Lo más peligroso es que hay una disparidad de criterios, de una mesa de investigaciones a otra, de un Juzgado a otro cambian los criterios y hace muy lento el avance procesal; se comprometió el procurador para que la primera semana de febrero los abogados litigantes del Estado y personal de la procuraduría tengamos un conversatorio, todos somos nuevos en este sistema y la idea es que encontremos un mecanismo entre todos para hacer más ágil, más dinámico. Lo más importante en este esquema es que unifiquemos criterios, metodología y agilicemos los procedimientos, porque de otra manera la carga de trabajo los va a rebasar y la impunidad va a seguir imperando”, recomendó el presidente de Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana.

 

DELITOS SOFOCAN AL ESTADO

“Es notoria la escalada en delitos como la extorsión tenemos por mucho el primer lugar nacional, y no se hace nada al respecto, eso es grave; la ‘política de avestruz’ que había adoptado el anterior procurador generó este total abandono a la prevención y persecución de los delitos, a la fecha no tenemos un grupo de reacción inmediata de la procuraduría a los delitos de alto impacto”, refirió el representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.

“Todo esto reflejado claramente a diario, no solo se trata de que hayan matado a un servidor más, es la manera tan artera como un grupo delictivo decide ejecutar a uno sin importar el lugar, esto es pasarse a las instituciones de seguridad por el arco del triunfo y ese es el temor que sentimos como policías”, denunció un agente del Mando Mixto con operaciones en La Paz.

Según Semáforo Delictivo,  el país, particularmente Baja California Sur, tuvo en 2017 el peor año en su historia, con récord en homicidios, donde más del 75 por ciento fueron considerados ejecuciones.

“Para complicar más las cosas, ahora tenemos un mercado interno de drogas manejado por mafias y un narcomenudeo que resulta ser más violento que el narcotráfico de exportación”, refirió Santiago Roel, director del organismo.

Mientras que Daniel de la Rosa Anaya, titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), reconoció que la principal queja que se recibe es por narcomenudeo, lo cual se refleja en los hechos, ya que la mayoría de los ejecutados tenían vínculos con ese delito. Sin embargo, “no todas la labores se deben dejar a las Fuerzas Armadas, estas son fuerzas de reacción, no les corresponde a ellos la labor de inteligencia, que es aplicar en la investigación de delitos, en ciertas áreas definidas, como es el robo a casa habitación, la extorsión, y ahora ya se está dando en la vía pública el robo con violencia; necesitamos que la PGJE coordine las labores policiales y se cree un grupo de élite”, apuntó Rubio Ruiz.

A la par de las autoridades, reconoció: “Los ciudadanos tenemos la oportunidad y obligación de participar activamente en programas de prevención, estamos por iniciar a través de Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana una campaña estatal para promover la participación ciudadana en la prevención del delito, ante la ineficacia de las corporaciones policiacas y para tratar de combatir un poco el exceso de carga delictiva; vamos a convertirnos en actores preventivos de la escalada de delictiva, hay que ser vecinos vigilantes, vecinos preventivos, hay que trabajar de la mano con mi vecino para reducir los índices delictivos”.

 

PROCURADOR BAJO LA LUPA

Aunque no se hizo de manera oficial, pero sí fue denunciado por representantes de colegios y asociaciones de abogados litigantes en Sudcalifornia, Erasmo Palemón Alamilla dejó sesgos en cuanto a la aplicación y procuración de justicia.

El propio personal, así como ministerios públicos y oficiales, informaron a abogados que el ex procurador giró la instrucción de agilizar el trámite casos, con el fin de rendir mayor número de resultados por creciente de ejecuciones y la inoperatividad de la PGJE, dictó la regla que se tenía un periodo de cuatro meses para resolver o darle carpetazo al tema, así quedaron muchos.

“Esa dinámica, esa instrucción no cambió radicalmente todas las subprocuradurías, todos los agentes del Ministerio Público, ese tipo de actividades que se desarrollaban ya no es la instrucción que se tiene en los lineamientos en este momento, al contrario, aquí es como resolverle las diversas denuncias que se convierten en esas carpetas de investigación a los ciudadanos y familias del Estado”, respondió Daniel de la Rosa al respecto.

Abogados litigantes de BCS, denunciaron que el anterior Procurador archivó cerca de 30 mil expedientes al no encontrar solución a
los mismos

“Aquí lo importante es que se dé la forma oportuna más inmediata y sobre todo con la sensibilidad que cada caso requiere. Estaremos muy atentos al llamado de la población, sobre todo de cualquier hecho delictivo, y lo más importante de ello es que tengan la confianza de que se va a resolver todas y cada una de esas denuncias”, complementó.

A través de  la unidad especializada se resolvieron el 67.83% de las carpetas de investigación abiertas en el sistema tradicional, además, el 7.10%  de los casos en la justicia alternativa, con una efectividad del 74.93%.

En cambio, en el primer semestre de 2016 se cometieron:

* Mil 694 robos simples.

* Mil 233 robos a casa habitación.

* Mil 033 por daños a objetos.

* Mil 009 casos de violencia intrafamiliar.

* 908 por lesiones.

Conforme a información de la PGJE, solo el 20% de estos delitos quedó resuelto.

Conociendo la denuncia de Abogados Litigantes de Baja California Sur, y leyendo los resultados entregados por el ex procurador estatal en 2017, “de enero a noviembre, elementos de la Policía Ministerial del Estado dieron cumplimiento al 77.68% de los mandamientos judiciales que libraron los diversos Juzgados penales del Estado”, sin embargo, lo peor de una institución es que fuera de la misma, la percepción sea de inoperación, impunidad y desconfianza.

 

IGLESIA EXIGE JUSTICIA

Más de cuatro mil feligreses tomaron las calles de la Capital para participar en decimosexta edición de la “Marcha por La Paz”, convocada por la Iglesia Católica.

“No se trata de ir a protestar de ser propositivos, y desde el lenguaje que tenemos, el lenguaje religioso, tenemos que ser realistas: se han perdido muchísimas cosas, podemos hablar de una generación o dos pérdidas desde que se dejó de hablar de valores”, denunció Juan Gómez Esqueda, vocero de la Diócesis de La Paz.

Encabezando el movimiento, Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo de Baja California, cuestionó duramente a las autoridades: “El Estado de Baja California Sur era considerado uno de los más pacíficos, más tranquilos de toda nuestra República. Gente colgada en los puentes, cuerpos despedazados, cadáveres mutilados con signos de tortura… ¿Hasta cuándo… hasta cuándo?”.

Para concluir, el vocero de la Diócesis replicó: “Una marcha, una peregrinación no van a cambiar absolutamente nada. Nos quejamos de la violencia que hay en las calles, pero hay que ver de la ventana hacia adentro, qué hay en nuestro entorno y hasta dónde seamos promotores de paz”.

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