ORFIS advirtió: desaladora no es viable si no se aumenta el agua

Foto: Agustín Reyes
 
Edición Impresa Lunes, 18 Diciembre, 2017 12:00 PM

Documentos en manos de ZETA, que tanto el Gobierno y Congreso del Estado habían mantenido ocultos, dan cuenta de un análisis financiero del Órgano de Fiscalización estatal. En él se notifica que las desaladoras no son viables, tal y como las propuso el gobernador con el respaldo de diputados del PAN

Una vez que el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, envió su propuesta al Congreso del Estado para que se aprobaran los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP), el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) realizó un estudio para determinar la factibilidad de los proyectos, entre estos los relacionados con el agua en Baja California.

El Órgano emitió un documento donde se manifiesta el análisis financiero y presupuestal sobre los contratos de APP del Dictamen 95: la desaladora de Rosarito, el sistema hídrico para San Quintín y la construcción de pluviales en Mexicali.

El Dictamen 95 se votó el primero de diciembre mediante una “trampa” legislativa encabezada por el panista Raúl Castañeda Pomposo, quien asumió posición como presidente del Congreso unas horas antes.

Castañeda, servil al Gobierno del Estado y con la complicidad de algunos priistas, convocó a una sesión extraordinaria en el Congreso quince minutos antes de arrancarla, avisando únicamente a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y a Rocío López Gorosave, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes votaron a favor.

 

PAN-gobierno miente sistemáticamente

El ORFIS analizó los esquemas de pagos para que el Gobierno del Estado pueda llevar a cabo la construcción, financiamiento y operación de una planta desaladora en Rosarito Y lo encontró inviable.

La desaladora tendrá un costo de 9 millones de pesos para la empresa y el gobierno pagará 77 mil 526 millones de pesos durante 37 años, en beneficio de Aguas de Rosarito, SAPI de CV, un consorcio conformado por 3 empresas.

En su cláusula vigésima novena, la APP explica que los pagos a la empresa provendrán del pago que realice la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por ingresos propios a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por las obligaciones entre las partes por la compraventa del agua en bloque.

El mismo contrato establece que la CEA creará un “Fideicomiso de Administración” y estará obligada a contratar un “Crédito en Cuenta Corriente” para garantizar el pago a la empresa.

Foto: Archivo.- Dip Raúl Castañeda Pomposo

La CEA tendrá al Gobierno del Estado, particularmente a la Secretaría de Finanzas, como “Obligado Solidario” y, para ello, congelará las aportaciones por concepto del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, recursos que actualmente se utilizan para los ayuntamientos.

Es así que el ORFIS analizó la situación financiera y la capacidad de pago de la CESPT. Y no encontró posibilidades de hacerlo.

“Para llevar a cabo este proyecto se requeriría reestructurar las tarifas por consumo de agua”, concluye el análisis, ya que por la forma de pagos y de los ingresos que la CESPT mantiene, es financieramente inviable.

Además, el Órgano de Fiscalización Superior responde al Congreso del Estado que para que el pago de la contraprestación se pueda dar,  deberá aumentar de 16.53 pesos el metro cúbico a 25.53 pesos, un incremento de 54 por ciento en la tarifa doméstica. Y en la tarifa “no-doméstica”, incluyendo comercios, negocios o industria, aumentaría de 47.14 pesos a 73.95 pesos.

Uno de los anexos del análisis del Órgano sentencia: “Después de haber realizado un análisis financiero de la información proporcionada, la cual fue mencionada en el desarrollo de este documento, será necesario que la CESPT realice la reestructuración a los precios de sus tarifas de agua, actualizándolas a las necesidades reales de su operación”.

Y remata: “De lo contrario no se contará con viabilidad financiera para cumplir con las obligaciones del pago establecido en el Contrato de Asociación Público Privada”.

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ya ha firmado contrato con una empresa y aún no cuenta con el esquema de pago.

Aun así, el Gobierno del Estado ha negado en diversas ocasiones que las tarifas del agua aumentarán a raíz de la construcción de la desaladora.

 

Un negocio multimillonario

Meses antes de la aprobación del Dictamen 95, el Congreso preparó el camino para asegurar las millonarias contraprestaciones que recibirían las empresas que desarrollarían las APP.

Foto: Cortesía

El 18 de julio de 2017, el gobernador envió una reforma para el Decreto 57, el cual había sido aprobado en diciembre de 2016, pero que debido a presiones sociales, no pudo transitar en el pleno del Congreso del Estado.

Por ese motivo,  el 10 de septiembre de 2017, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aprobó la reforma con los votos de los panistas Iraís Vázquez, Eva María Vázquez y Sergio Tolento, mientras que la perredista Rocío López Gorosave y Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California, se abstuvieron de emitir sus votos; el resto de los integrantes se ausentaron de la sesión.

La reforma consistía en permitir que la CEA, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), la CESPT y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) gestionen y contraten un crédito a cuenta corriente con la institución financiera que elijan, a efecto de garantizar el cumplimiento de los posibles faltantes de liquidez en las contraprestaciones mensuales de las APP aprobadas anteriormente.

Se trataba de una reforma a modo para garantizar que las empresas que desarrollarían las desaladoras, a construirse en Rosarito y San Quintín, recibirían los millonarios pagos mensuales sin riesgo alguno, así como el consorcio Operadora de Pluviales Mexicali (entre las cuales se encuentra Makro) para la construcción de tubería de drenajes pluviales en la Capital del Estado.

En el caso de Rosarito, se trata de la desaladora que construirá la alianza de empresas Aguas de Rosarito, la cual tiene aprobado recibir una contraprestación mensual de 149 millones 312 mil pesos (sin Impuesto al Valor Agregado, IVA) durante 37 años, lo que resulta en más de 66 mil millones de pesos.

De acuerdo con el documento, la fuente de pago de esas mensualidades consistirá en “los recursos provenientes de la recaudación de la CESPT por suministro de agua potable a los usuarios domésticos, comercial, gobierno e industrial, principalmente”.

En el caso del proyecto de la desaladora para San Quintín, a cargo de la CEA y la CESPE para la empresa Desaladora Centón, la contraprestación mensual es de 11 millones 136 mil 150 pesos (más IVA) durante 30 años.

Al igual que en el caso anterior, la fuente de pago consiste en los recursos cobrados por suministro de agua que se le cobrará a los ensenadenses.

Asimismo, la reforma al Decreto 57 permite que el Gobierno del Estado, en calidad de deudor solidario, pueda hacer uso de la totalidad de los ingresos por la recaudación del ISRTP.

Además, tanto la CESPT como CESPE y CESPM tienen la autorización de crear un fideicomiso en el que destinen sus ingresos derivados por los derechos de servicios de agua para encauzarlo a complementar la garantía del Gobierno del Estado en el contrato de crédito en cuenta corriente.

Todo esto da certeza total a las empresas participantes que recibirán los millonarios pagos durante décadas.

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley que reglamenta el servicio de agua potable en Baja California, los ingresos que recauden los organismos encargados de los anteriores servicios, se invertirán íntegramente en lo relacionado a los sistemas de agua, por lo que utilizarlos para conformar una garantía resulta en una ilegalidad. A pesar de que esta reforma contraviene una legislación estatal, así fue aprobada la reforma.

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