Mientras que autoridades tratan de justificar el crimen de féminas por lazos con el crimen organizado, el diputado panista Edson Jonathan Gallo Zavala niega el feminicidio porque no existe en el Estado una plataforma como Cabify, a la que responsabiliza de casos como el del homicidio de la joven María Fernanda Castillo en Puebla. Sin embargo, el lunes 11 de diciembre fue muerta Alejandra Izquierdo, de 22 años y originaria de La Paz, tras ser torturada por alrededor de cinco horas
A mediados de septiembre de 2017, en el Estado de Puebla, fue privada de la vida Mara Fernanda Castillo. La joven abordó un taxi de la línea Cabify y desapareció; ocho días después fue localizada sin vida. Por los hechos fue detenido Ricardo “N”, chofer de la plataforma móvil y principal sospechoso de la desaparición y homicidio de Mara.
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La Fiscalía General del Estado de Puebla ordenó el cateo de un departamento en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, donde fueron localizadas pertenencias de la mujer, en tanto que el chofer fue imputado por el delito de feminicidio y los que resulten. Con este referente cobra relevancia la legislación en México, ya que a la fecha 12 estados de 32 siguen sin reconocer legalmente el feminicidio como tal, incluido Baja California Sur.
De hecho el diputado panista Edson Jonathan Gallo Zavala dijo a ZETA que el feminicidio “no puede ocurrir” en BCS, al no existir la plataforma Cabify.
“En el Estado no tenemos un suceso de esta magnitud, porque no contamos con este tipo de medios en el Estado, son hechos lamentables que entristecen a todos los mexicanos y afortunadamente en el Estado no contamos con ningún suceso como el que ocurrió en Puebla”, apuntó.
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Para los diputados locales, contemplar solo agravantes por razón de feminicidio es más que suficiente, pero los homicidios de mujeres en las calles claman el cese la violencia de género y la creación de leyes más duras para los agresores.
Mientras eso sucede, el asesinato de 71 mujeres sigue impune, sin detenidos. Y es que para los encargados de la procuración de justicia en Baja California Sur es más sencillo declarar que “fueron homicidios que se encuentran posiblemente vinculados a la delincuencia organizada”.
Foto: Cortesía.- Narcomensajes escritos por una mujer es la prueba contundente que muchas de las mujeres privadas de la vida tienen vínculos con delincuentes
Los más recientes homicidios, y desde luego el aumento indiscriminado surgió en octubre y noviembre, en los que más del 40 por ciento de féminas fueron privadas de la vida. De entre 232 víctimas de la delincuencia organizada en los últimos dos meses o 61 días, 30 mujeres fueron asesinadas, una cada dos días.
Para Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno y vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, las investigaciones siguen abiertas, aunque inconclusas.
“La Procuraduría del Estado ha iniciado las carpetas de investigación, ha llevado las diligencias correspondientes y esperemos que en breve estén dando resultados por parte del Ministerio Público y de las corporaciones de investigación. Con una mujer o una persona que fallezca por supuesto que nos prende focos rojos, no necesitamos que sean muchas, con una es una ofensa para nuestra sociedad y por supuesto que vamos a dar continuidad a estos casos”, manifestó a ZETA.
La mayoría de las asesinadas en otoño de este año no pasaba de los 28 años de edad. Ciertamente muchas tenían vínculos con grupos criminales, o en otros casos “sabían información de más, lo que les costó la vida”, se informó desde la inteligencia militar.
Algunas eran conocidas como “Las Barbies del Narco”, damas que acompañaban o parejas de presuntos sicarios, en otros casos se dedican activamente a apoyar a células delincuenciales, con tareas de menor involucramiento como atención a las casas de seguridad o la inscripción de narcomensajes en cartulinas.
“Recientemente se han visto mensajes escritos en cartulinas, claramente es letra de mujer y lamentablemente han participado en homicidios de otras mujeres. Es como una aprueba para ver quién tiene más poder entre ‘las damas del narco’ y quienes se adueñan de territorios, pero no es en todos los casos”, indicó un policía adscrito al Mando Mixto, consultado por este Semanario.
Incertidumbre entre población femenil
A las 30 mujeres asesinadas con lujo de violencia en solo 61 días, se suma el caso de Alejandra Izquierdo, de 22 años y originaria de La Paz.
El homicidio de la joven causó incertidumbre, pues fue a cuentagotas como se recibió la información e hizo pensar que habría sido tomada como rehén para ser liberada después. Las investigaciones adelantaron que podrían existir vínculos con cierto grupo criminal.
De acuerdo con la información proporcionada, la tarde del lunes 11 de diciembre, al negocio conocido como Accyflor ingresaron hombres armados y encapuchados, amagando a los trabajadores.
“Fue brutalmente torturada, fueron más de cinco horas de intensa tortura, la joven fue privada de su libertad alrededor de las tres y pasadas las ocho, fue localizada muy cerca de la vivienda de su familia, se revisan todas las líneas de investigación, sea cual sea el caso, la manera en que le quitaron la vida fue muy violenta”, señaló un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.
“Entraron, amagan a los trabajadores y se llevan computadora y el dinero de la venta, los amarran y los azotan al suelo, allí cuando uno iba de salida le dicen a un joven que estaba tendida en el suelo, ‘tú te vienes con nosotros’, desde esa hora los hombres armados huyeron del lugar con la joven; hasta pasadas las ocho y media (de la noche) fue localizada ya sin vida”, relató uno de los agentes de investigación.
71 mujeres privadas de la vida en lo que va del 2017 enciende los focos rojos en cuanto al tema del Feminicidio
La joven fue tomada como rehén por los presuntos delincuentes y horas más tarde fue abandonada en una banqueta de Antonio Rosales, entre Chiapas y Yucatán, Colonia Guerrero.
“Fue torturada, al encontrarse aún tenía en el cuello un cable de color negro y un trozo de madera con lo que suponemos fue asfixiada. La joven tenía ciertos conocimientos y se dedicó a ciertas actividades que están bajo investigación, así como su círculo”, reiteró otro agente ministerial a ZETA.
Según los cuerpos de seguridad, hay dos hipótesis:
- Una amenaza que recibió por parte de otra joven.
- Vínculos con la delincuencia sobre información o relación sentimental con algún miembro criminal.
“Siempre la violencia contra las mujeres son actos que nosotros como Instituto debemos reprobar y debemos seguir trabajando, colaborando con el objetivo de erradicarla, hay un Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, siempre está llevando a cabo acciones y actividades con este mismo objetivo. Atendemos a todas aquellas personas que se acerquen al Instituto refiriendo estar o vivir algún tipo de violencia, pertenecer a algún círculo”, manifestó Cristina Herrera Infante, directora del Instituto Sudcaliforniano de la Mujeres.
Aunado a la brutalidad de los crímenes, la cifra de mujeres asesinadas se ha multiplicado hasta un 450% respecto a los primeros nueve meses del año. De ahí que el Instituto reprueba los hechos y han atendido a tres mujeres que corrían riesgo, además de mil 600 denuncias por violencia en 2017. Ninguno de los homicidios ha sido consignado, aun cuando hay tres menores de edad entre las fallecidas.
“Nosotros trabajamos un poco la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de los siete módulos que tenemos en el Estado, dos en Los Cabos; dos en La Paz; uno en Comondú, Loreto y Mulegé. Como Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres tenemos como principal objetivo erradicar la violencia que se puede ejercer en contra de las mujeres, proporcionamos atención jurídica y psicológica a todas aquellas mujeres que se acercan al Instituto”, enfatizó Herrera.
El organismo atiende cualquier denuncia de violencia contra las mujeres, incluso se da refugio a quienes se encuentren en riesgo inminente de padecer violencia.
En ese contexto el ahora ex procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda aseguró que no solo se trata de mujeres, en algunos casos también de menores.
“Tenemos que ser muy cuidadosos de todos estos temas, porque todo lo que se tiene que ver con mujeres, con menores, tenemos que ser muy cuidadosos por sus víctimas no podemos crear una revictimización y tenemos que estar muy atentos al desarrollo de las investigaciones y que sean estas las que nos permitan revisar lo conducente”, declaró en su momento.
En algunos casos, presuntos sicarios han sido puestos en libertad por falta de pruebas o detenciones viciadas que no proceden. Lamentablemente en ninguno de estos casos donde mujeres han perdido la vida, se tiene antecedente de alguna denuncia previa, aunque es claro que esta clase de homicidios se sigue por oficio.
— ¿Han recibido denuncias al respecto previo a estos homicidios, mujeres que se han acercado?
“No, en ningún caso, en ningún supuesto”, definió quien hasta esta semana encabezó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Tijuana, segunda ciudad con más feminicidios en el país: ONU
Un informe elaborado por la ONU Mujeres -entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas-, Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de las Mujeres, denominado La Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985-2016, encontró que 2 mil 746 mujeres fueron asesinadas de manera intencional durante 2016, es decir, 7.5 al día.
El documento también reveló que la tasa de feminicidios a nivel nacional pasó a más del doble, cuando en 2007 hubo 1.4 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes -la tasa más baja de todos los años estudiados-, hasta llegar a 4.4 asesinatos de féminas por cada 100 mil personas en 2016.
La cifra más alta se alcanzó en los años 2011 y 2012, cuando se llegó a una tasa de 4.6 homicidios de mujeres. Para 2016, la tasa se mantuvo en 4.4 asesinatos intencionales. En total, en los últimos 32 años se cometieron 52 mil 210 defunciones del género femenino en el país, con presunción de homicidio.
En 2007 se reportaron mil 089 homicidios; en 2008, mil 451; en 2009, mil 943; en 2010, 2 mil 440; en 2011, 2 mil 724; en 2012, 2 mil 769; en 2013 bajó a 2 mil 613; en 2014, 2 mil 359; en 2015, 2 mil 324; y en 2016, 2 mil 746.
Asimismo, los estados que concentraron el mayor número de homicidios durante la última década fueron: Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Oaxaca.
En 2016 -año del que más recientemente se tiene cifras-, las entidades federativas con más feminicidios por cada 100 mil habitantes fueron: Colima (16.3), Guerrero (13.1), Zacatecas (9.7), Chihuahua (8.8), Morelos (8.4), Baja California (7.2), Tamaulipas (6.9), Sinaloa (5.5), Michoacán (5.4), Oaxaca (4.9) y Estado de México (4.8).
A nivel municipal, la tasa más alta de fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio en 2016 se registraron en Acapulco de Juárez, Guerrero (24.22); Tijuana, Baja California (10.84); Ciudad Juárez, Chihuahua (10.36); Ciudad Victoria, Tamaulipas (37.55); Ecatepec de Morelos, Estado de México (6.5); Chihuahua, Chihuahua (8.16); Naucalpan de Juárez, Estado de México (7.76); Culiacán, Sinaloa (6.17); además de las delegaciones Iztapalapa (3.24) y Gustavo A. Madero (4.3), Ciudad de México.
La mayoría de asesinatos intencionales de mujeres durante el año pasado fueron por arma de fuego (48.4 por ciento), seguido por ahorcamiento o similares (17.2%), objetos cortantes (16.6%), objetos sin filo (1.5%), sustancias y fuego (1.4%) y otros no especificados (14.9%).
A través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas resaltó en el informe que le causa inquietud el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en México, no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres, en el disfrute de sus derechos humanos.
El organismo internacional expresó “profunda preocupación” porque “la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido al alza de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible”.
Además de que “las mujeres se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados”.
