Tan solo en 2017, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos TDT documenta más de 30 homicidios y ocho desapariciones de activistas. Amenazas, detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la fuerza, hostigamiento, vigilancia intimidatoria y violaciones al derecho de acceso a la justicia, son otros tipos de agresiones. En cuanto a la impunidad de estos ataques, el Padre Alejandro Solalinde asegura que el problema no es de leyes, sino que las autoridades no las aplican
Más de seis meses han transcurrido desde que los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres fueron asesinados, sin que sus crímenes se hayan aclarado. Eran indígenas y defensores de derechos humanos en la comunidad huichol (wixárika) de Jalisco. Así como ellos, más de un centenar de activistas de todo el país han muerto de forma violenta en la actual administración federal.
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Hasta principios de septiembre de 2017, las organizaciones civiles que forman parte de la Red TDT, informaron que durante lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, 106 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados; sin embargo, a decir del sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra, luchador por la libertad, la cifra ya aumentó a 110 en los últimos días.
Las mayores atrocidades cometidas contra activistas se han acumulado durante el último sexenio, que ha sido cuando más sacerdotes, periodistas, migrantes y protectores de derechos humanos han sido privados de la vida. Además de que esos mismos sectores fueron blanco ilícito de espionaje gubernamental.
Para el Padre Solalinde, la situación de los derechos humanos en México es muy ambivalente: “Por un lado, se proclaman claramente. Tenemos buenas leyes en derechos humanos, con reformas constitucionales como la de 2011, pero por otro lado, no se cumplen. El problema es que en México las leyes se tienen, pero no se cumplen”, expresó en entrevista con ZETA.
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El reproche social de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. “Basta ver la respuesta que da el Comité de la ONU de trabajadores internacionales de Ginebra, Suiza, a México, en el tercer informe del examen periódico, para darse cuenta de cómo la ONU sigue reiterando a México lo que no ha cumplido”, asevera el clérigo.
La figura de Solalinde Guerra se ha convertido en el estandarte de lucha de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, de las clases desprotegidas y más castigadas económicamente. Ha conseguido que su voz y la de sus hermanos, en tránsito hacia el norte, se escuche con fuerza y trascienda fronteras.
“Son 110 los defensores y defensoras de derechos humanos que han asesinado, recientemente las personas que asesinaron en Baja California Sur, la persecución que se ha hecho de los ombudsman en diferentes estados del país, la vida amenazada también de activistas. Periodistas ya ni se diga, hombres y mujeres que han sido asesinados por todos lados, pero sobre todo en Veracruz”, advierte el hombre de sotana blanca y cruz de madera en el pecho.
El 31 de marzo del año en curso, al dar respuesta al informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Peña Nieto reiteró la arenga que ha usado a lo largo del sexenio: reconocer que existen deficiencias en la protección de derechos humanos en el país, pero afirmó que la responsabilidad de protegerlos es de todos, no solo de su gobierno.
El mandatario destacó que las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas son una afrenta a la sociedad, por lo que es necesario fortalecer los instrumentos de protección en el ámbito federal y local.
Como ha sido costumbre, hace ocho meses Peña Nieto de nuevo optó por el discurso que sigue sin respaldarse con acciones o resultados de investigaciones concretas: “Es inaceptable que una persona sea atacada por proteger a personas o por hacer uso de su libertad de expresión, un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos, es una afrenta a la sociedad en su conjunto. Ante esta realidad debemos hacer una revisión del diseño y operación de los mecanismos del Estado mexicano para la protección y defensores de los derechos humanos”.
Impunidad como marca de la casa
A las semanas de tal declaración, se registró el asesinato de los hermanos Vázquez Torres, quienes además de liderar a los wixárikas en la zona norte de Jalisco, colaboraban con las autoridades como peritos traductores y se les consideraba defensores de los derechos naturales del hombre y de la mujer.
El 20 de mayo, primero fue baleado Miguel por un comando armado en el pueblo de Kuruxi Manuwe, en San Sebastián Teponahuaxtlán y, cuando recibía atención médica en un centro de salud, los sicarios volvieron para matar a su hermano. Ambos perecieron.
Los agresores fueron identificados como pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en ese entonces al servicio del ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia “El Diablo”, quien presuntamente pretendía desplazar a las comunidades indígenas de tierras localizadas en Huamijic y Puente de Camotlán, en el municipio de La Yesca, y beneficiar a pequeños propietarios mestizos. Los Vázquez lograron legalmente la recuperación de diversos predios en la Sierra de Pajaritos. Hasta el momento no hay detenidos en el asunto.
En Sinaloa, a finales de junio se registraron agresiones y amenazas hacia diversos custodios del penal de Aguaruto, quienes se manifestaban pacíficamente por sus malas condiciones laborales y las presiones de que eran objeto tras la fuga del presunto narcotraficante Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, tres meses atrás.
Las intimidaciones se extendieron hacia personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Culiacán. Se identificó a servidores de la Secretaría de Seguridad Pública como los emisarios del mensaje y la CNDH hizo un pronunciamiento enérgico para exigir garantías necesarias para el personal sinaloense.
En el informe septembrino de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se anunció que, durante los primeros siete meses del año, por lo menos 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México, en tanto que ocho estaban desaparecidos, con independencia de otros tipos de agresiones, como amenazas, detenciones arbitrarias, exceso en el uso de la fuerza, hostigamiento, vigilancia intimidatoria, violaciones al derecho de acceso a la justicia, allanamientos ilegales, violaciones al derecho a la honra y la reputación. Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero, los estados con mayor número de vejaciones.
Nuevamente se cuestionó a México en los foros internacionales, lo que motivó la reiterada respuesta del Gobierno Federal con la cantaleta de que la administración expresaba “su más amplia voluntad y capacidad para atender los desafíos en la materia, en un marco de cooperación” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También refrendó su política de apertura y colaboración con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, para los casos denunciados públicamente de espionaje a activistas y periodistas incómodos para las autoridades.
En ese contexto llegó el 20 de noviembre, cuando criminales decidieron matar a otro defensor de derechos humanos, esta vez de la esfera gubernamental, así que el ataque se dio por primera vez directamente contra el Estado mexicano. Por la noche, en la ciudad de La Paz, fue asesinado a balazos el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho junto con su hijo Fernando. Su esposa Silvia Lucero y su hija Silvia María resultaron heridas, pero viven para contarlo.
El hecho fue condenado por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y por el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Naciones Unidas, Michel Forst, quien solicitó al gobierno de México implementar mecanismos para personas defensoras de derechos humanos en riesgo, e hizo un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar que la investigación sea exhaustiva y los responsables sean llevados ante la justicia.
En medio de una cadena de condenas por el homicidio, González Pérez informó de las amenazas que existen actualmente en contra de defensores públicos de derechos humanos de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.
Luego la impunidad se continuó hilvanando, dos días más tarde, en Guadalajara, uno de los auxiliares adscrito a la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ, fue privado de la libertad cuando llegaba durante la mañana a su trabajo. El funcionario conducía un Jeep de color rojo que fue interceptado por al menos dos sujetos armados, quienes incluso dispararon al aire para amedrentar a su víctima y se lo llevaron en un automotor tipo taxi. Al día siguiente, el servidor público fue liberado sano y salvo.
La Fiscalía General de Jalisco no abundó en detalles de la libertad de la víctima, como tampoco lo hizo el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, quien aseguró a los medios de comunicación que no se reforzaría la seguridad personal ni para sus subalternos:
“Para defensoras y defensores de derechos humanos existen protocolos especializados que se activan cuando existe algún tipo de amenaza, nosotros en este momento no tenemos elementos para considerar una amenaza contra el trabajo de la institución”.
Para concluir, el Padre Alejandro Solalinde destacó para este Semanario que lo importante “ya no son las recomendaciones, que sí hay nuevas, sino las reiteraciones, porque se le sigue juntando un periodo y otro periodo al gobierno de México porque no las cumple. Entonces, sigue siendo un gobierno totalmente incongruente en cuestión de derechos humanos y políticas públicas, como las de migrantes. Entonces, tenemos las leyes, pero de nada sirve, si como en el caso que más conozco, tenemos un instituto criminal de migración que se encarga de hacer todo lo contrario. De nada sirve tener la Ley, si tenemos una contraley en la misma Ley secundaria o el reglamento. No se puede así”.
