Seguridad pública, política fracasada

Foto: Internet/Gerardo Sosa Olachea, Secretario de Seguridad Pública del Estado
 
Opinionez Lunes, 6 Noviembre, 2017 12:00 PM

Política Breve y de Emergencia

 

 

 

El fracaso de la política de Seguridad Pública del Estado no puede ser atribuido a una sola persona, ni siquiera porque esa persona sea el Gobernador de la entidad; como tampoco los cambios de personas y personajes son la alternativa, toda poderosa que traiga al blanco del gris. Sin embargo, sí es un hecho que a los malos resultados les corresponden diferentes niveles de responsabilidad y ahí, por supuesto, que a mayor autoridad, mayor responsabilidad.

El Gobernador destituye a Daniel de la Rosa de la Secretaría de Seguridad y en su lugar nombra a Gerardo Sosa Olachea; con el individual y obligado respeto que las personas se merecen, pero dejar en estos momentos en manos de un notario público el más grave problema de los bajacalifornianos, es como si para practicar una intervención de corazón abierto, retiraran al cirujano cardiovascular y en su lugar llevaran a un extraordinario médico geriatra.

Es innegable que el principal y fundamental problema que Baja California enfrenta en estos momentos es la inseguridad y la violencia desmedida que ésta ha generado, nunca antes en la historia se habían tenido los índices delictivos tan elevados como en este 2017; tratar de ocultarlo, negarlo inclusive o explicarlo como pasajero fenómeno social, es simplemente actuar con la profunda irresponsabilidad, base fundamental del problema.

Los graves y fuertes recortes presupuestales a los programas sociales de prevención del delito de los últimos tres años están pasando la factura, cada vez hay más jóvenes sumados a la ola criminal y a las adicciones; quitar el énfasis del sistema total, sobre los procesos de reclutamiento y formación permanente de cuadros para la prevención y la procuración de la justicia no han hecho más que disminuir la fuerza real del Estado; las modificaciones al marco jurídico penal y de procedimientos, urgente necesidad de adecuar instalaciones y sistemas, solo han exhibido la incapacidad del gobierno. Todo esto precisamente cuando BC tiene el mayor y nunca visto número de diputados federales representando la entidad (quince), que no han podido hacer la diferencia.

Fueron necesarios nuevamente incidentes mayores de ataque a la seguridad, al patrimonio y a la integridad personal de prominentes líderes de la comunidad empresarial para que se manifestaran, de nuevo se involucraran y exigieran a los gobernantes trabajar y dar resultados y no solo encabezar acciones de corte político mediático. Pero la delincuencia ha ido llenando todos los vacíos que la sociedad y el gobierno le han ofrecido, recuperar espacios no será tan sencillo.

Con apatía, recelo, ignorancia, temor y hasta complicidad, los mandos de las corporaciones policiacas fueron flexibilizando sus protocolos de supervisión y control, hasta percatarse amargamente del grado de permeabilidad cedido a la corrupción con la negligente actitud de “no me corresponde, mi facultad es otra, en eso no nos metemos”. El ejercicio del mando en la fuerza pública es vertical, si de arriba se comunica permisividad, hasta abajo el mensaje es libertinaje delincuencial.

Los esfuerzos que tranquilizaron y apaciguaron estas tierras en otras épocas ya no son suficientes, porque antes que nada se reventó la cadena de confianza; para que las instituciones de distintos niveles de gobierno trabajaran coordinadamente, entonces fue necesario el ejercicio continuo de la congruencia entre el decir y el hacer. Hoy, el ejército y las fuerzas armadas federales no confían en el compromiso de los representantes de las policías estatales y municipales y viceversa, todo son acciones de justificación institucional para respuesta política por la falta de resultados.

Por eso, cuando el Gobernador en lo que parece fue una medida desesperada para hacer sentir su mando al frente de las políticas de seguridad, releva intempestivamente de su cargo al secretario de Seguridad y nombra a otro que además confiesa que la designación le llega de sorpresa. La evidencia es total en cuanto a la falta de planeación estratégica para atender el más serio problema de la entidad y lo errático del rumbo en la materia; desde luego que así no puede haber coordinación adecuada.

Urgen acciones con visión integradora e incluyente, que sepan interpretar lo multifactorial del problema y que con humildad ejerzan enteramente la responsabilidad de traer a la sociedad paz social. Hacer cada quien lo que le corresponde, sí, pero predicar con el ejemplo.

Que la historia lo registre.- -Con todo respeto, no puedo aceptar esas condiciones, afectarían el prestigio del gobierno y el mío propio. -¿Cuál prestigio? ¿De qué me hablas? Y con todo respeto, te me vas mucho a la chingada, no vamos a andar en estos niveles con esas posiciones.

Botón rojo.- Cuando se aprueben las reformas a la Ley de APP’s, ¿también le van a pedir su renuncia al Secretario de Gobierno?

 

Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas. Correo: [email protected]

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