Seguridad Pública Estatal

Foto: Ramón T. Blanco Villalón/Gerardo Sosa Olachea
 
Opinionez Lunes, 13 Noviembre, 2017 12:00 PM

La salida del licenciado Daniel de la Rosa Anaya de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la llegada a esta institución del licenciado Gerardo Manuel Sosa Olachea, debe ser objeto de reflexión, ya que las políticas que se tomen en esta dependencia del Ejecutivo, contribuirán de manera decisiva a la percepción histórica que tenga la ciudadanía del régimen de gobierno del licenciado Francisco Vega de la Madrid, porque la sociedad por lo general solo recuerda los últimos años de una administración, sobre todo, si se ve envuelta en escándalos o hechos delictivos graves que la marquen por siempre.

Hay quienes han venido opinando que el cambio de estafetas se hizo a destiempo, y como dicen los rancheros, no se debe cambiar de caballo a mitad del río. Otros críticos, por el contrario, consideran la medida como correcta, pues mucho tiempo al frente de un órgano tan problemático produce desgaste intelectual y físico, sea lo que sea, los bajacalifornianos esperamos que, dadas las condiciones de inseguridad, se introduzcan en el programa de trabajo, en materia de Seguridad Pública, durante el transcurso del Sexenio del Gobernador “Kiko” Vega aplicó De la Rosa, desde luego por instrucciones del mismo gobernador, se ajusten cambios que consideramos pertinentes, tales como:

I. Mayor énfasis a una de las tareas primordiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que es la prevención del delito; para ello, debe continuarse con la especialización de los diversos grupos que componen la Policía Estatal Preventiva, a fin de perfeccionar la misión que les toca desempeñar, como lo es:

1. Policía de proximidad o de presencia.

2. Policía especializada en la contención de manifestaciones violentas que rompen con el Estado de derecho y perjudican a terceros.

3. Policía de inteligencia, a su vez dividida en agentes encubiertos o infiltrados.

4. Colaboradores que participen en la recolección de datos de posible interés criminológico y social.

5. Agentes diseñadores de estrategias policíacas.

II. En las políticas de la Secretaría de Seguridad Pública debe continuarse con el desarrollo de una carrera policíaca profesional en la que se consideren los méritos en el servicio; la campaña de dignificación del policía debe ser permanente, sus miembros y superiores deben ser los primeros en honrarla, pero también actuar en contra de los malos elementos. La corporación policial debe estar preparada para el combate a los cárteles de las drogas y otras mafias, dado que son lo que detona otros delitos de impacto social, no puede divorciarse de su persecución e investigación porque es un órgano del poder público, garante de la seguridad y tranquilidad social.

III. Reforma a la legislación adjetiva penal que permita el seguimiento del caso, o sea, buscar llegar hasta el autor intelectual del hecho delictuoso, principalmente en los casos de transporte y tráfico de drogas al menudeo.

IV. En la Academia de Seguridad Pública del Estado, continuar con el reforzamiento de la calidad de la enseñanza y preparación técnica de los futuros policías, a través de la celebración de convenios con instituciones de gobierno, como el Poder Judicial, y de educación superior, como la Universidad Autónoma de Baja California, a fin de continuar con los resultados que se han obtenido, al grado de ser ejemplo a nivel nacional.

V. Preferencia, en el uso cotidiano de armas no letales y la homologación de protocolos que reglamenten el uso de la fuerza necesaria, como el que la federación recientemente acaba de publicar.

Por tanto, podemos decir que en materia de Seguridad, durante la estancia del licenciado Daniel de la Rosa en la Secretaría de Seguridad, se avanzó mucho en materia de modernización, preparación y capacitación de la Policía, pero principalmente creando un muro de detención de grupos de delincuencia organizada que intentan llegar y establecerse en nuestra entidad, provenientes de otros estados de la República.

En síntesis, ésta es una oportunidad para que en Baja California se refuercen y establezcan sistemas de seguridad que permitan la disminución de delitos ordinarios y de alto impacto, sistemas y estrategias compatibles con los derechos humanos y con una política de diálogo y de persuasión constructiva, cuando se dé el planteamiento de medidas que puedan generar descontento social.

 

Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC

 

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