Gobierno se quedó sin excusas

Fotos: Archivo
 
Para Empezar Lunes, 13 Noviembre, 2017 12:00 PM

A lo largo del presente sexenio ha sido harto común para la comunidad atestiguar decenas de casos de criminales detenidos por las policías operativas, municipales y estatales.

Basados en los reportes de inteligencia que todos los integrantes del Grupo Coordinación conocen, son anunciados sea como homicidas, líderes de células delictivas o lugartenientes de los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, mujeres y más hombres que son liberados 48 o 72 horas después, sea por falta de elementos o para seguir procesos en libertad, usualmente por posesión de drogas o armas.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, usualmente señalada de liberar a estos criminales, la respuesta ha sido en dos sentidos: que los sujetos detenidos no tienen órdenes de aprehensión, o expedientes abiertos en la fiscalía y las policías lo saben; y que al presentarlos a la fiscalía, los informes policiacos solo contienen información imputándolos de delitos menores y no proporcionan datos o elementos que permitan fijarles responsabilidad en otro tipo de crímenes.

Total que no se ponen de acuerdo. Gran parte del problema, decían, radicaba en que el ex secretario de Seguridad no era “gente del gobernador”, existía mucha desconfianza y no lograban coordinarse con el personal de la procuradora Perla Ibarra.

“No trabajan en equipo ni comparten información”, era la queja desde la fiscalía. “No comparten información y suceden cosas raras”, lamentaban los policías estatales, quienes se quejaron en ZETA por la extraña coincidencia de que ellos capturaban un delincuente, lo presentaban en la PGJE-Tijuana y cuando lo liberaban, lo mataban.

Bueno, ahora el secretario de Seguridad Pública del Estado, licenciado Gerardo Sosa Olachea, es gente del gobernador, además de la procuradora Perla Ibarra, a la que sirvió como subprocurador en Tecate, donde no hizo las cosas mal, varios homicidas dedicados a la venta de droga al menudeo fueron detenidos y sentenciados, lo que contribuyó a la reducción del índice de homicidios.

Entonces no sería errado pensar que el nuevo secretario sabe cómo, y está en la disposición y posibilidad de cooperar, de alimentar a la Procuraduría con información para concretar órdenes de aprehensión por “homicidios o narcomenudeo”, contra de los miembros del crimen organizado que después de años de delinquir y que las autoridades conocen su perfil criminal, siguen en total impunidad.

Ciertamente no existe un compromiso público al respecto, pero pueden y deben hacerlo. Los resultados concretos en sentencias en homicidios y narcomenudeo de la Procuraduría son muy limitados, bajo órdenes expresas han mejorado en fechas recientes. Por ejemplo esta semana en Tijuana, en Homicidios, les concedieron tres órdenes de aprehensión y ejecutaron otras tres, también dos asesinos fueron sentenciados; la semana pasada hubo un condenado, y la siguiente semana ya está programada la audiencia de sentencia de otro. Sin embargo, esta mejoría es reciente, y el vertiginoso ritmo con el que se cometen los homicidios, los supera.

Por ello, a pesar del cúmulo del trabajo, la fiscalía no puede seguir conformándose con detener a los autores materiales ignorando convenientemente a los autores intelectuales que siguen contratando matones desechables. Aquí es donde pueden aprovechar la información de las áreas de inteligencia.

Entonces, se trata de coordinación y confianza, la que obviamente no existe con las instancias federales, porque de los limitados operativos realizados por la Procuraduría General de la República en la entidad -recientemente el aseguramiento de un plantío marihuana en Cuero de Venados y la captura de César Medina del Cártel Jalisco con 400 kilos de marihuana en Playas, ambos en Tijuana- , las autoridades en Baja California, incluidas la Policía Federal y la delegación de la PGR, ni se enteran hasta que ven el boletín.

En eso contexto, valdría que por lo menos las autoridades con presencia en el Estado se coordinaran, pero realmente que todos trabajaran, cooperaran y también presionaran a la PGJE para abatir los índices de impunidad.

Más allá de las quejas respecto a los procesos en libertad, a los delincuentes por posesión de arma y narcomenudeo, otorgados por el Nuevo Sistema de Justicia Penal o los jueces garantistas, los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad están obligados a fortalecer el trabajo de los Ministerios Públicos con información, y a cerciorarse en sus reuniones periódicas de que esos datos que comparten con la Procuraduría se usen para abrir expedientes o se incluyan en las carpetas.

Y al mismo tiempo, obligarlos a aprovechar la oportunidad que da el sistema de usar “la reincidencia” para mantener a los criminales procesados tras las rejas, analizar y cuestionar por qué no lo hacen, y proporcionarles los elementos necesarios para abrir “áreas de seguimiento” de estos delincuentes reciclados. Hasta ahora, solo la Subprocuraduría Tijuana tiene una “unidad” y no incluye delitos de alto impacto.

Las reuniones de coordinación entre autoridades solo para leer o comparar cifras deben parar, lo más valioso es la información, y ahora el Estado la tiene en el binomio Perla Ibarra-Gerardo Sosa, así que no hay más pretextos para empezar a dar resultados.

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