Denuncian carácter mercantil de desalinizadora en Playas de Rosarito

Foto: Héctor Ortiz.- Desaladora, plan de negocios de Consolidated Waters
 
Ezenario Lunes, 13 Noviembre, 2017 12:00 PM

En conferencia de prensa, Luis Moreno, diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), afirmó que el Dictamen 95, que permitiría la construcción de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), no responde a una necesidad de abastecimiento de agua potable para la zona costa de Baja California, sino a un plan de negocios al que la empresa Consolidated Waters da seguimiento por lo menos desde 2009.

La instalación de la desalinizadora no solo aseguraría el pago de poco más de 160 millones de pesos mensuales para Consolidated Waters por espacio de 37 años, sino que comprende la venta de agua para el Distrito de Otay en California, asegurando por lo menos 25 millones de galones por día.

Dicha información fue obtenida por Moreno a través de la página Seeking Alpha, que aglomera datos sobre los mercados financieros, encontrándose que recopila las interacciones entre directivos de empresas con sus inversionistas, entre las que destacan actas de Consolidated Waters sobre sus informes de utilidades a accionistas y que están disponibles para consulta pública.

En uno de dichos informes rendidos por Frederick McTaggart, presidente de Operaciones de la empresa, fechado el 17 de marzo de 2009, se señala la posibilidad de expandir el mercado de la empresa a América del Sur y el Océano Pacifico, haciendo especial énfasis en México, donde expuso: “Podemos ganar dinero mediante la venta de agua desalada”.

Después, en acta fechada el 12 de noviembre de 2012, se menciona la instalación de una planta piloto en Playas de Rosarito, que permita “recolectar datos de la calidad del agua”, indicando que la misma será construida por las subsidiarias NSC Agua y Doosan Heavy Industries and Construction Ltd., añadiéndose que los directores de dichas compañías “se reunieron con funcionarios locales”.

En informe del 14 de marzo de 2013, se da cuenta de la firma de un contrato de arrendamiento con la Comisión Federal de Electricidad por 5 mil metros cuadrados de terreno dentro de la Planta Termoeléctrica Presidente Juárez en Playas de Rosarito, así como la firma con el Distrito Otay para proporcionarles hasta 40 millones de galones de agua desalada por día.

Informes subsiguientes de 2014, ya con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid en funciones, hacen mención de reuniones con funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y con el Departamento de Salud Pública de California para ir afinando el proyecto, refiriendo además que en la licitación pública que se realice para el esquema de APP se cuente con ventaja del 10 por ciento, por ser los promotores del proyecto.

En informe del 17 de marzo de 2015 precisa que el abastecimiento para el Distrito de Agua de Otay es “probable que eso sea una venta indirecta. El Gobierno del Estado de Baja California ha indicado que desea comprar toda el agua de una planta de desalinización en México y que presumiblemente venderían parte de ella en los Estados Unidos”.

La idea se retomó en un informe del 13 de mayo del mismo año, que estableció: “El Estado está muy entusiasmado con la obtención de este nuevo suministro de agua y también está haciendo algún tipo de acuerdo comercial, o trato de venta para que parte del agua ingrese a los Estados Unidos”.

Además, en informe del 17 de marzo de 2017, se detalló: “De acuerdo con la Ley de Asociación Público-Privada de Baja California y los términos de nuestro contrato, presentamos propuestas a nuestro cliente solicitando un aumento a la tarifa de agua para compensar cambios significativos en las tasas de cambio”.

El legislador espera estos señalamientos sean suficientes para que el resto de los miembros del Congreso estatal voten en contra del dictamen que requiere de mayoría calificada para ser aprobado, e incluso podría acarrear responsabilidad penal por ir en contra de la legislación en disciplina financiera para estados y municipios.

Sobre estas acusaciones, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Manuel Guevara, señaló la falsedad respecto a que se tenga la intención de vender agua a Estados Unidos, ya que la licitación no se planteó en dichos términos, sino que la totalidad del recurso se quede en Baja California.

Puntualizó que las pretensiones de negocio de la empresa Consolidated Waters, no representan los intereses del gobierno del Estado, añadiendo sobre la posibilidad de incrementar las tarifas de consumo de agua que esto puede ocurrir en cualquier momento por decisión del Congreso, debido a la inflación u otros factores.

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