Cuatro personas que testificaron contra Eugenio Hernández, están muertos, asesinados o desaparecidos

Foto: Tomada de Internet / Google Imágenes
 
Destacados Lunes, 6 Noviembre, 2017 11:08 AM

De los cinco testigos en el juicio contra Eugenio Javier Hernández Flores, por peculado y lavado de dinero, dos fueron asesinados en el año 2016, uno de ellos después de ser amenazado de muerte, además de que uno presuntamente se suicidó en mayo de 2014, seis meses después de delatar al ex gobernador de Tamaulipas, y otro más fue privado de su libertad, y se encuentra desaparecido desde hace un año.

El mandatario, quien gobernó Tamaulipas del año 2005 al 2011, está acusado de adquirir, según la causa penal 67/2017, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado.

El único testigo que no está muerto es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años de edad, quien el 31 de enero de 2005, presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura de Hernández Flores.

El diario Reforma, que publicó un amplio reportaje al respecto, señaló que si bien las acusaciones no serán ratificadas ante el juez, su carencia no significa que en automático el ex gobernador vaya a quedar libre, debido a que está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por lavado y fraude bancario.

Cuando la Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos entre el 19 y 22 de noviembre de 2013 -mientras Egidio Torre Cantú era el gobernador de aquella entidad- acudieron Aurelio Parra Bustos, chofer y asistente de Fernando Cano Martínez -presunto prestanombre del ex Mandatario Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Además, acudieron al citatorio, Casimiro Mora Vázquez, asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado, ex titular dela Secretaría de Obras Públicas y presunto testaferro de Hernández Flores, así como Ramiro Higuera Martínez y Edgardo López Munguía, quienes asesoraron legalmente tanto a Cano, como a Berlanga, en la compraventa de los predios.

Los cuatro relataron hechos ocurridos desde el año 2002, cuando Yarrington vendió los bienes del patrimonio del estado a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.En 2007, el presunto prestanombres de Yarrington vendió dichos inmuebles a GMC Desarrollo Industrial Altamira, registrada a nombre de Alberto y Delia del Carmen Berlanga Bolado.

Sin embargo, el testigo Mora Vázquez dijo en noviembre de 2013 al Ministerio Público que Berlanga Bolado lo había amenazado de muerte. El 12 de mayo de 2014, Higuera Martínez se suicidó de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas.

El 12 de junio de 2016, Mora Vázquez fue plagiado y descuartizado, y, después, el 16 de agosto de ese mismo año, fue secuestrado López Munguía, cuyo cadáver apareció dos días después. El 2 de noviembre de ese mismo año, Parra Bustos fue privado de su libertad y hasta el momento se desconoce su paradero.

El pasado 18 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández Flores, requerido por la justicia de los Estados Unidos, por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de envíos de dinero sin licencia.

El ex mandatario tamaulipeco, de 67 años de edad y nacionalidad mexicana -dijo la PGR a través de un comunicado, aunque se sabe que Hernández Flores tiene 58 años- es solicitado por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.

El ahora recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, continuará su proceso con fines de Extradición Internacional internado en el penal estatal, señaló la PGR en ese entonces.

Pedro Argüelles Ramírez, secretario de Gobierno de la entidad durante la gestión de Hernández Flores, que gobernó Tamaulipas del 2005 al 2010, contó en un video cómo se involucró con la delincuencia organizada para negociar con Los Zetas, porque el ex mandatario quería ser presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los contactos del ex Secretario General de Gobierno fueron Rogelio Díaz Cuéllar, alias “El Rojo”, jefe de plaza en Ciudad Victoria, y un ex militar, José Alberto González Xalate, “El Paisa”, a través de quienes los capos Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca” y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, supuestamente enviaron sobornos mensuales para Hernández Flores, que promediaron el millón de dólares, cuando su organización se comenzó a independizar del Cártel del Golfo (CDG).

“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, según señalan documentos de la Corte Federal de Corpus Christi, en Texas.

En especifico el documento Case 2:14-cr-00178 señala que Eugenio Hernández y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra “conspiraron” para transferir, transportar y cometer fraude en bancos de Texas, en los cuales depositaron fondos robados del erario público, así como sobornos de grupos criminales por un monto de 30 millones de dólares.

Eugenio Hernández y Gómez Guerra utilizaron los bancos National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce para depositar ilegalmente los 30 millones de dólares, con los cuales comprar al menos cuatro propiedades valuadas en 4.1 millones de dólares, ubicadas en McAllen y Austin, en Texas, mismas que el Gobierno de Estados Unidos le busca decomisar.

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