Corrupción en la SEP


 
Edición Impresa Martes, 7 Noviembre, 2017 12:00 PM

Congreso pide que se investigue a

Ángel Isaac Jiménez, actual director

del Gimnasio de Usos Múltiples, e

hijo del secretario de Educación

Pública, Héctor Jiménez Márquez,

presuntamente por tener una doble

plaza como parte de Personal de

Apoyo y Asistencia a la Educación

(PAAE). Caso similar el de Paola de

la Peña Muñoz, hija de la diputada

panista Maritza Muñoz Vargas

Con 10 votos a favor y 10 en contra, así como un voto de calidad, el Congreso del Estado aprobó que Contraloría General informe resultados del procedimiento y que la Función Pública inicie de manera urgente una investigación con referencia al caso de la doble plaza del hijo del secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, el ahora director del Gimnasio de Usos Múltiples (GUM), Ángel Isaac Jiménez.

Isaac Jiménez se encuentra enlistado en un Informe de Ingresos Trimestral del segundo periodo de 2017 de Educación Pública. El joven de 27 años de edad cuenta con una plaza de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), por la cual se cobró en el segundo trimestre del año la cantidad de 48 mil 70 pesos con 46 centavos, supuestamente por prestar sus servicios en la Escuela Secundaria “Benito Juárez” en Loreto, cuando labora en la dirección del GUM.

Ante las críticas que ha recibido el bloque panista, la diputada Maritza Muñoz Vargas justificó que su voto es en contra de que entreguen resultados al Congreso, además de la intervención de la Función Pública, ya  que el sentido del punto de acuerdo no era el ideal.

“Nosotros le pedimos que cambiara el sentido de la votación en que estaba solicitando la intervención de la función pública, puesto que era eso, no quisieron entender, no dieron razonamiento, ellos dejaron tal cual venía el pronunciamiento, ese fue mi posicionamiento, no están razonando realmente una petición para dar con un procedimiento real y darle un seguimiento real, simplemente es politiquería”, refirió.

Además, aclaró que en todo caso “deberían investigarse el resto de las plazas y registros de la Secretaría de Educación Pública”, y así se hizo: ZETA logró encontrar cuatro registros como docente de Paola de la Peña Muñoz, hija de la regidora panista.

Según los datos, Paola tiene cuatro registros por hora en la institución Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Número 1 “Profesor Jesús Castro Agúndez”, donde recibió casi 73 mil pesos en el segundo trimestre por 25 horas a la semana, es decir, cinco de trabajo diarias. Los pagos se dividieron de la siguiente manera:

Primer registro: 2 mil 757 pesos.

Segundo registro: 16 mil 546 pesos.

Tercer registro: 16 mil 546 pesos.

Cuarto registro: 37 mil 093 pesos.

Aunque Muñoz salió en su defensa en redes sociales y justificó que su sueldo apenas es de 6 mil 700 pesos quincenales, haciendo la sumatoria de todos los pagos da como resultado el pago de 12 mil 157 quincenales, dividiendo el costo por hora y día de trabajo, se obtiene que omitiendo cuatro días de fin de semana, restan once días de una quincena, siendo 25 horas a la semana, cinco horas por día, multiplicado por once días de la quincena, son 55 horas.

Del sueldo de 12 mil 157 pesos, se obtiene que:

Por hora son 221.03 pesos.

Por día, mil 105.18 pesos.

Por semana, 5 mil 525 pesos (cinco días de trabajo).

“Egresé de la licenciatura de Educación Artística de la Escuela Normal Urbana (BENU) ‘Domingo Carballo Félix’ en el año 2011, ingresé a la Secretaría de Educación Pública en septiembre del 2012 como docente eventual con 25 horas divididas y adscritas al Centro de Desarrollo Infantil No. 1 con 6 hrs y al Centro de Desarrollo Infantil No.2 con 19 hrs de la ciudad de La Paz. De acuerdo a las necesidades de los referidos centros educativos, en septiembre del 2013 y con motivo de haber sido contratada antes de la ley de servicio profesional docente estas 25 horas estaban en la categoría de Acompañante Musical con carácter provisional y posteriormente de acuerdo a la disponibilidad de plazas vacantes las horas se regularizaron”, refirió la joven en sus redes sociales, quien  recibió la regularización de sus 25 horas en 2013, periodo en el cual su madre fungía como contralora general de Baja California Sur, y en la Secretaría de Educación Pública se encontraba también Héctor Jiménez Márquez.

Fotos: Cortesía.- Por ser hijo del Secretario, Ángel Isaac Jiménez recibe mas de 48 mil pesos trimestrales sin hacer absolutamente nada, aunque negó percibir el sueldo su padre lo confirmó.

Pero, ¿qué opinan maestros que después de cinco años de haber concluido su carrera en la BENU, tuvieron que salir de su localidad para laborar en rancherías fuera de su municipio, en un puesto eventual, mientras hijas e hijos de servidores públicos adquieren plazas o regularizan su situación en menos de dos años, sin paros ni palancas? Cuando ellos, al presentar por quinta ocasión su examen, siguen en la espera de un espacio educativo.

Incluso algunos pudieron acceder a una plaza pero, “en el mejor de los casos te tocan en Loreto o Los Cabos, fuera de La Paz, a uno de mis primos le dieron plaza allá en Vizcaíno”, dijo irónicamente Luis “N”.

El voto de Maritza Muñoz fue severamente criticado debido a que es la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso de Baja California Sur, y supuestamente pretendía  proteger tanto al titular de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, como a su hijo.

En otro caso, el voto de calidad fue de la presidenta del Período Ordinario, Diana Victoria Von Borstel Luna, quien pidió atender el caso conforme a la Ley.

“Queremos que haya esa transparencia de la que mucho hablamos y que legalmente se clarifique todo y se diga si es una realidad o no, si no lo es adelante, qué bueno, pero si esto sale con una afectación positiva, que también se cumpla con una normatividad y lo que diga la Ley”, lanzó Von Borstel Luna.

La discusión sigue en el Congreso y la investigación en las instituciones. Diputados panistas se vieron divididos en la votación con los siguientes resultados:

A favor: Joel Vargas, Patricia Ramírez y Amadeo Murillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Camilo Torres (PT), Guadalupe Rojas (Morena), Rosa Delia Cota (independiente); además de Norma Alicia Peña, Diana Von Borstel, Edson Gallo y Venustiano Pérez Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN).

En contra: Alfredo Zamora, Maritza Muñoz, Marco Antonio Almendáriz Puppo, Alejandro Blanco Hernández, Sergio García, Guadalupe Saldaña, Eda Palacios, Araceli Niño, Rodolfo Davis y Francisco Javier Arce Arce, todos del PAN.

Camilo Torres Mejía, regidor por el Partido del Trabajo (PT), dio a conocer que realmente hay descontento con el secretario, pues no ha cumplido con lo prometido.

“Ha sido claro que el secretario de Educación no ha dado respuesta al Congreso como se habían comprometido, pues hay no muy buen sabor de boca, por ejemplo una de ellas es la diputada Diana Von Borstel con la Comisión de Educación, donde el secretario de Educación no la ha recibido como ella quisiera con sus propuestas y demás, entonces hay un descontento no nada más en ella, sino en otros compañeros y compañeras”, informó.

Al destaparse la cloaca con el tema de las plazas y horas, un grupo de docentes de la Escuela Secundaria “José María Garma González”  de Los Cabos protestó bloqueando la calle Isabel la Católica en La Paz, frente al Palacio de Gobierno, tras la acusación del cese de la subdirectora de la misma institución y de algunos compañeros, cuando hay manoteo de plazas y nepotismo en la misma SEP. Alrededor de 30 docentes manifestaron su descontento.

“A los compañeros les cesan los salarios, sin embargo, al hijo del titular de la secretaría, que no se presenta a trabajar en Loreto y que dice la propia Ley, que aquella persona que no se presente tres días al mes será cesado, al compañero ni le cesan salario, ni la cuestión del condicionamiento laboral; y bueno, finalmente nosotros expresamos que ya basta”, denunció Silvano Ochoa, en representación de los manifestantes.

El sitio fue bloqueado con pancartas que evidenciaban la figura de algunos maestros y servidores públicos, desde luego que la lista la encabezaba, Héctor Jiménez Márquez. Los quejosos solicitaban ser atendidos por los gobernantes para así entablar un diálogo positivo.

“Queremos construir con el Gobierno del Estado los procesos de armonía, de respeto, de diálogo para poder concluir en protesta y que ya pueda construirse al proceso de represión y que regresen los salarios a los compañeros, así como se les respete el nombramiento”, finalizó.

Luego de un par de horas de bloqueo, los maestros fueron atendidos por autoridades, se espera que haya acuerdos y sobre todo un sacrificado, el cual podría ser el hijo del secretario, pero en el caso de la hija de la diputada, desde luego que quedó expuesto el tráfico de influencias que realizó cuando operó en la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor.

Tras haber iniciado el Expediente EPRA/126 ante Contraloría General del Gobierno del Estado, que refiere al Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, Sonia Murillo Manríquez, contralora general, asegura que se debe concluir la investigación para revelar hasta qué grado Jiménez Márquez, es responsable.

“Desde el día trece estamos en la investigación porqué, por qué esta situación, nosotros tenemos que terminar esta investigación para poder darles respuesta, sin embargo, les puedo decir que hay información a medias”, lanzó la contralora.

La hija de la Diputada del PAN, Maritza Muñoz Vargas reconoció que al año de egresar de la Normal Urbana regularizó sus horas de trabajo y en La Paz, cuando hay jóvenes egresados buscando plaza por 6 años y son enviados a rancherías a buscar una vacante.

Una vez  que el titular de la SEP entregó la documentación solicitada, esta no ha sido suficiente, por lo que están en espera de más información para brindar un resultado completo y no datos medias, como según se ha dado a conocer.

“Nosotros solicitamos información, ya nos contestaron y estamos solicitando nueva información por lo indicios que esa misma información trae, a eso voy, no les puedo dar ahorita información hasta que no termine con toda la información documental inicial, no puedo darles yo nada más información a medias, como es lo que ha salido”, expuso Murillo Manríquez.

Aunque el sector docente y la ciudadanía han exigido resultados de esa investigación de manera inmediata, autoridades indican no tener tiempo límite para ello, al menos no en un futuro cercano, y es sabido que la respuesta pudiera ser que no hay violación de la Ley, pero la consternación de la ciudadanía es la falta de ética, ya que Héctor Jiménez mantiene a la familia en plazas como servidores públicos.

“Yo tengo información solicitada, necesito que me respondan, evaluarla y poderles dar, no tengo un límite, en cuanto termine la documentación y fortalecer el expediente les puedo decir, en unas semanas”, finalizó la contralora.

Si bien, no hay una violación a la Ley, hay falta de ética y conflicto de intereses por buscar beneficios a sus familiares en una plaza que “nadie quería” -según Jiménez Márquez-, pero en todo caso, se viola el contrato al no asistir a su trabajo y contar con más de tres faltas quincenales.

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