Acosta-Barraza

Fotos: Cristian Torres
 
Cachanillaz Lunes, 13 Noviembre, 2017 12:00 PM

Por tablas, dentro del Partido de Baja California, la candidatura a la regiduría para integrar el XXII Ayuntamiento de Mexicali le tocaba originalmente a Lorena Noriega, sin embargo, luego de la alianza entre Francisco Barraza y el mismo Jorge Núñez, decidieron mandarla a la candidatura por el Distrito II.

Barraza tenía al menos seis años trabajando el Distrito I, mientras que históricamente el tercero es el bueno para el PBC; por eso se lanzó Jorge Núñez, pese a tener las cuentas contra Noriega, estuvo a punto de arrancarles la diputación, la cual perdió por algunas décimas.

Finalmente intentó por la vía de la impugnación, acción que le costaría la salida del PBC, después de años de militancia.

En la candidatura a la regiduría de Mexicali, se acordó nombrar a Gisela Guadalupe Acosta Cervantes, única posición segura para el PBC por los números previos a la elección.
Posteriormente, sería la candidata a la Alcaldía de Mexicali, Elvira Luna Pineda, la cual salvaría prácticamente el registro del PBC y colocaría en la regiduría a Acosta Cervantes.
Aunque aún no es clara la salida de Gisela Guadalupe, hay voces dentro del partido político, las cuales señalan que buscaban que la regidora solicitara licencia para que en su lugar se quedara su suplente de nombre Bianka Viramontes, persona cercana a Paco Barraza. Luego de no aceptar, habría pedido apoyo de los Núñez para que controlaran a Barraza, y con ello perdería el apoyo que tenía dentro del partido.

Posterior a su salida, Núñez criticó públicamente a Gisela Guadalupe, quien apenas contaba con dos años de militancia partidista, además de arremeter contra Movimiento Ciudadano al calificarlos de “Carroñeros”, partido al que se mudó la expebecista.

Finalmente fue el karma del propio PBC, apostaron por personas externas al partido en lugar de respetar a sus militantes.

Mexicali Consciente
Integrantes del movimiento Mexicali Consciente, que alberga a algunos estudiosos como Milton Castellanos, Daniel Solorio, Jesús Galaz, entre otros, entregaron en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, un documento titulado “Deficiencias técnicas del dictamen 94”, relativo a la recién aprobación del C5i.

Entre las deficiencias encontradas, señalan que al tratarse del dictamen 94 y el decreto 57, el Congreso habrá generado una doble autorización sobre un mismo objeto presupuestario, es decir, un contrato plurianual y uno de Asociación Publica Privada, por lo que se debe de derogar el decreto 57.

Manifestación por C5i

No obstante, el decreto llegó a un fallo que favoreció a la empresa Seguritech, lo que deriva en consecuencias jurídicas; por lo tanto, la compañía puede pedir que se le reembolsen gastos no recuperables, trayendo responsabilidades administrativas, políticas y penales para los funcionarios involucrados.

En el análisis que realiza Mexicali Consciente, también señala que las cifras no guardan proporción con el objeto materia del servicio; por un lado, mediante una APP, el costo final sería de 4 mil 664 millones de pesos, mientras un contrato plurianual tendría el costo final de 690 millones de pesos; en ambos se trata de la misma cobertura de servicio.

Mexicali Consciente se pregunta: ¿en qué estaban pensando cuando se aprobó el 25 de abril de 2016, por el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Publico Privadas, el concurso al referido proyecto de APP?

No antecedentes penales
Desde abril de 2016, el entonces diputado Juan Manuel Molina propuso ante el pleno del Congreso del Estado, eliminar el costo de la carta de antecedentes penales, finalmente se aprobó la propuesta y fue mandada al Ejecutivo para su publicación.

Con la justificación de que las cartas de antecedentes penales se solicitan para personas que buscan conseguir trabajo y que, por consiguiente, no cuentan con ingresos, era necesario abolir el costo del servicio a fin de que éste no fuera un obstáculo para conseguir un empleo.

Congreso del Estado

El decreto se volvió letra muerta, ya que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid decidió no publicarla, dejarla en el olvido, por lo que se quedó en el tintero por varios años.
Finalmente, el abogado Molina interpuso un amparo por el incumplimiento del Ejecutivo, dándosele la razón. El Gobierno del Estado contestó que ya se había cumplido con la resolución del juez, cosa que hasta el cierre de esta columna no había ocurrido.

Fue por eso que el mismo juez dictaminó una inspección a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, este viernes 10 de noviembre, para cerciorarse si efectivamente el trámite para solicitar una carta de no antecedentes penales es gratuita o no.

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