En una sociedad en crisis de valores, es necesario mantener la congruencia entre el decir y el hacer y cuidar al extremo el actuar que genera conductas que puedan dar pie a la corrupción.
Por eso, es importante combatir la impunidad generada por la corrupción y apelar siempre a la transparencia que permite forjar una sociedad informada y democrática.
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Vigilar la presencia de incitadores al desorden que produce la anarquía, no es tarea fácil, se requiere de gobernantes bien informados, pero respetuosos de la privacidad de las personas, de su dignidad, libertad de opinión, de pensar y reunirse.
León Trotski, en su biografía, narra cómo los bolcheviques se hicieron del poder en Rusia de una manera audaz, planeada inteligentemente y relativamente sencilla: controlando los centros de producción de electricidad, correos, telégrafos, producción de alimentos, trasportes públicos, que llevaron a la población al descontento máximo que propició la revolución.
Por eso, si queremos vivir en un Estado social, democrático y de derecho, debemos desterrar la corrupción y sancionar enérgicamente los delitos que ésta engendra, que es un peligro real, inminente, facilitador de golpes de Estado, autoritarios o anárquicos.
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Reconocemos que el Estado mexicano requiere y reclama, cada vez con mayor energía, una reestructuración social en beneficio de millones de pobres. Este cambio fundamental debe amalgamar a todos los factores sociales, trabajando a través del diálogo respetuoso, pacífico y constructivo.
En la transformación del Estado mexicano, que es ya un reclamo de la sociedad cada vez más exigente, se debe cuidar la intromisión de elementos desintegradores que invocan causas sociales, algunas de ellas legítimas, pero que una vez obtenido el poder, se convierten en dictadores autoritarios y totalmente ajenos a la práctica de los derechos humanos.
Es tarea de los gobernantes no solo el mantener sanas las finanzas públicas o el respeto al Estado de derecho, también abrir los canales para le expresión democrática de las aspiraciones y quejas de la sociedad.
Tal y como está la situación actual y las manifestaciones de inconformidad que van apareciendo esporádicamente, algunas justas otras no, el cambio estructural al que nos referimos no admite aplazamientos y menos el empleo de acciones tramposas que permitan la retención del poder por un partido, sea cual sea su afiliación ideológica.
En los congresos de los estados y la legislatura federal, hacer valer una auténtica representatividad del querer y sentir de un pueblo, vigilar el manejo de las finanzas públicas, realizar gestoría popular, son funciones de primer nivel que el derecho ha asignado a la representación política, pero es a través de la legislación como se marca el rumbo de una sociedad. No se trata de cambios legislativos improvisados y alentados por las condiciones de momento histórico de lo que venimos hablando, hablamos de reformas substanciales, como la que requiere el sistema penal en Baja California, lo cual exige un cambio que va más allá de la sustitución de personas, llámese procurador de Justicia, secretario de Seguridad Pública o directores de las policías municipales, se requiere un nuevo Código Penal capaz de fundamentar el reproche social que es la pena que, a su vez, tiene como origen la comisión de delitos.
Cuando trabajamos en la elaboración del Código Penal, de 1989, aún vigente, apoyados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, nunca pensamos en el desarrollo que tendría la presencia de los grupos criminales y menos que la sociedad tuviera que asumir las conductas ilícitas como parte del desarrollo normal de una comunidad. Admitir la cotidianeidad del delito sin hacer nada por abatirlo, es en sí una conducta cómplice del que, al mismo tiempo, se convierte en víctima.
Elevar penas o crear nuevos tipos penales es parte de un esfuerzo encaminado a un cambio social en la política familiar, educativa, religiosa y en el sistema penal que debe ir desde la prevención y persecución de conductas delictuosas, hasta el procesamiento y sanción en contra de probables imputados, incluyendo responsabilidades administrativos que dañan la buena marca de la administración gubernamental.
En resumen, el nuevo sistema penal debe basarse en un nuevo Código Penal ciudadanizado, acorde a las condiciones sociales vigentes; en cuya elaboración participe la sociedad, empresarios, religiosos, movimientos sociales y políticos, operadores del sistema, líderes de opinión, comunicadores, policías, agentes del ministerios público, jueces y magistrados; académicos y expertos en la prevención del delito y en sistemas de reinserción social, penólogos, criminólogos, antropólogos sociales, victimólogos, psicólogos sociales, psiquiatras, etc.
En conclusión: la tarea es ardua, como urgente, que no admite demoras o lucha de fracciones por intereses individuales, de grupo o político-partidistas.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
