Cadáveres semienterrados, calcinados, desmembrados, de víctimas apuñaladas, baleadas, golpeadas y torturadas; cuerpos de hombres y mujeres localizados dentro de automóviles, casas, o tirados como basura en alguna calle o barranco de la ciudad en medio de un charco de su sangre, son escenarios que se registran todos los días en Baja California.
Las ejecuciones criminales al mes se cometen por cientos. En Tijuana los medios de comunicación reportaron 15 asesinatos en solo 24 horas -entre el 20 y 21 de septiembre-, aunque el promedio fueron siete homicidios diarios en el noveno mes del año. Pero la situación es tan grave que generó crisis en la capacidad del Servicio Médico Forense de la ciudad a partir de mayo.
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Si se trata de números, se puede decir que las autoridades integradas al Grupo Coordinación de Seguridad sí los están contando, pero la ausencia de resultados revela que es lo único que están haciendo. El trabajo de investigación sobre las víctimas es reducido.
Lo que hacen es contar y explicar que 8 de cada 10 homicidios en Baja California son entre vendedores de droga al menudeo, la mayoría de ellos reincidentes que empezaron como ladrones. Léase “entre criminales”. Así, el mensaje es que al resto de los ciudadanos honestos no debemos preocuparnos, ocuparnos, menos interesarnos, y de ese desinterés que proponen, las autoridades ponen el ejemplo.
Si los tiempos de patrullaje y la impericia de los asesinos no hacen posible que las policías municipales detengan a los homicidas en flagrancia o que el ejecutado haya sido asesinado frente algún familiar que conozca al sicario y se atreva a declarar en su contra, entonces la víctima pasa casi en automático a la lista de ese 80 por ciento de muertos que no importan, que no van a tener justicia, porque transcurren días, semanas, meses y siguen sin importar.
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Porque si no hay información suficiente desde el principio, los investigadores consideran que el delincuente ejecutado no vale ni el esfuerzo de investigar, ni la puesta en riesgo, y menos el tiempo, cuando todos los días les llegan expedientes de cuatro, siete o hasta 15 muertos adicionales.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, las policías municipales, la Policía Estatal Preventiva, el Ejército, todos tienen áreas de inteligencia, sin embargo, los muertos caen y nadie puede colaborar en la ubicación del o los responsables, nadie sabe lo que está pasando y todo indica que no les interesa saber, así, 8 de cada 10 casos queda sin resolver.
Dicen que “son pleitos entre narcomenudistas”, y todos los días envían boletines de las decenas de detenciones. De acuerdo al Centro de Control, durante 2017 se han denunciado 3 mil 396 puntos de venta de droga en el Estado y, aunque la fiscalía estatal ha recibido a 4 mil 067 detenidos por narcomenudeo, solo pudo ejercer acción penal contra 431 y seis quedaron en la cárcel.
Entonces, ¿cómo es posible que con más 4 mil personas capturadas del mundo del narcomenudeo, sujetos entrevistados o declarados, las autoridades sean incapaces de obtener, o peor aún, de compartir entre ellos, la información para saber quiénes son los responsables de las muertes? Y contribuir con ello de manera conjunta para integrar carpetas que permitan capturarlos.
¿Por qué si todos han procesado a los mismos criminales, la Policía Municipal presenta detenidos por homicidios que la fiscalía no judicializa? Además, la información de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de homicidas no coincide con las órdenes de aprehensión de la PGJE.
Otra pregunta: ¿Por qué si la PGJE presentó ante el Grupo Coordinación 140 órdenes de aprehensión contra homicidas, las otras policías no han colaborado en las detenciones? ¿Por qué todos en conjunto han sido incapaces de neutralizar a homicidas que según ellos, ocupan niveles bajos en el organigrama criminal?
Los hechos muestran que cada corporación trae su propia agenda, lo que evidencia la ausencia de un mando, de un responsable con liderazgo, control y autoridad en materia de seguridad que defina un rumbo exitoso.
En el presente sexenio, está claro que contar muertos y renunciar a la obligación de resolver homicidios -porque las victimas también son criminales- solo ha servido para que entre 2015 y 2017, en lugar de dos, ahora sean tres cárteles los que envenenan con droga la entidad y contribuyen a la crisis de la incidencia delictiva, al tiempo que incrementan la estadística de ejecutados.
De nuevo, es decisión del licenciado Francisco Vega de Lamadrid si toma su papel en esta historia, sea convirtiéndose en el mando como lo instruye la Ley, o designando a quien tenga el perfil y el carácter para serlo. Porque ya vimos que muchas cosas pueden suceder en dos años, que son exactamente los que le restan a este gobierno.
