EL CÍRCULO de la corrupción que rodea al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, se cierra poco a poco, hasta dejarlo cercado.
Son varios los actos de corrupción denunciados pública y ministerialmente ligados a la figura presidencial. En su primer círculo, el tufo de la deshonestidad, el conflicto de intereses y el dinero ilícito se confirman con la investigación que en el extranjero señala a quien fue miembro de su equipo de campaña primero, y director de Petróleos Mexicanos, después, Emilio Lozoya Austin. Pero, acaso, este es el último eslabón de una cadena de presuntos actos deshonestos que rodean a Peña Nieto.
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Incluso antes de tomar posesión, de hecho, antes de ser declarado en tribunales como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al exgobernador del Estado de México lo acompañó la sospecha de la entrega de tarjetas con dinero o vales alimenticios a cambio de votos.
En 2014 vendría el primer y mayor escándalo de corrupción en el entorno personal del presidente, con la develación por parte de un equipo de periodistas de investigación de Carmen Aristegui, quienes documentaron la adquisición de una mansión en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, a nombre de la primera dama, Angélica Rivera, y apoyada y financiada por una filial de la constructora Higa, de Juan Armando Hinojosa, a razón, de acuerdo con el documento periodístico, de 7 millones de dólares.
Resultó que la transacción de la lujosa vivienda la había realizado en 2012, en tiempos en que Peña Nieto aún era candidato, pero la constructora Higa y sus filiales ya habían sido beneficiadas con miles de millones de pesos en obra en el Estado de México, y lo serían también después cuando el priista se convirtió en presidente.
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A pesar de que la primera dama defendió en televisión abierta y en directo la adquisición de la casa como un producto de su trabajo en Televisa, y centró el precio de compra en 54 millones de pesos más intereses, al ser ella la única propietaria, y descartando el conflicto de intereses, un mes después de que se dio a conocer la transacción por el equipo de periodistas, de la Presidencia de la República informaron que el bien inmueble en cuestión había sido puesto a la venta luego de que Rivera terminara el contrato con la filial de Grupo Higa, después de dos años de estar pagando la mansión en la que vivirían ella, sus hijos, los del presidente y este mismo.
El acto, más que de contrición ante la sospecha de la corrupción y el escándalo internacional, pareció una estrategia mediática para deshacerse de la percepción de una vil transa a través de la “casa blanca”, como fue llamada la mansión de los Peña-Rivera.
En el mismo sentido fue revelado que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, había adquirido, también en 2012 —cuando era miembro del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, pero cuando ya había sido secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México y se convertiría en los siguientes meses en secretario de Hacienda y Crédito Público—, un bien inmueble a la filial de Grupo Higa, empresa que apoyó y financió la casa que en 2014 Videgaray terminó de pagar. La justificación para manejar el no conflicto de intereses o tráfico de influencias, fue que, al momento de la compra, el hoy secretario de Relaciones Exteriores no era funcionario. Otra vez la sospecha.
También en 2012, se sabría después, el ejemplo de la corrupción hoy en México, Javier Duarte de Ochoa, habría depositado 1,000 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional en plena época de campaña presidencial. Ahora se sabe esta situación a partir de escuchas telefónicas que fueron reveladas entre el exgobernador y uno de sus colaboradores para enviar el dinero que se asume es de procedencia ilícita, pero que ninguna autoridad a la fecha ha investigado formalmente.
Javier Duarte, un cercano a Peña Nieto, fue nombrado por el mandatario como el representante del nuevo PRI, de hecho, lo mantuvo en su calidad de gobernador hasta 2016, cuando a finales de ese año y ante la evidente corrupción, su gobierno se vio obligado a investigarlo, no sin antes permitirle la fuga.
A la fecha, según estimaciones públicas de la Procuraduría General de la República, más de 30,000 millones de pesos se habrían desviado del estado de Veracruz cuando Duarte fue gobernador, mientras la deuda pública, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, supera los 60,000 millones de pesos; con todo, tales cuentas públicas fueron aprobadas y actualmente la PGR solo lo procesa por el desvío de 430 millones de pesos.
En los primeros años del gobierno del presidente Peña, el Grupo Higa fue favorecido al entregársele obra por miles de millones de pesos, como ejemplo, la rehabilitación del Hangar Presidencial a razón de 945.5 millones de pesos, y la concesión para la construcción del tren rápido México-Querétaro en compañía de socios internacionales, entre ellos inversionistas chinos, los cuales verían frustrados sus planes al haber cancelado la obra el propio Enrique Peña Nieto ante las sospechas de corrupción. Gerardo Ruiz Esparza, otro cercanísimo al presidente y hoy en entredicha la honestidad de su trabajo al frente de la Secretaría de Comunicación y Transportes al pagar y defender una defectuosa obra en Morelos, dijo en aquel entonces, sobre la cancelación de la obra del tren rápido, que se había hecho con el fin de dar más transparencia al procedimiento; de hecho, que se lanzaría una nueva licitación, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.
En 2016, Juan Armando Hinojosa, el constructor favorito de Enrique Peña Nieto, el que ayudó a su esposa y a su secretario de Hacienda a comprar sendas mansiones, apareció inscrito en el listado de personas y empresas que fueron exhibidas en la investigación periodística conocida como Panamá Papers, que evidenció el manejo de dinero en paraísos fiscales de potentados en el mundo, y en el caso de México. De Hinojosa se documentó que fueron 100 millones de dólares los que movió en esos paraísos fiscales. A pesar de que la Procuraduría General de la República se comprometió a una investigación contra todos, no ha habido resultados.
La última pieza de esta cadena de corrupción que rodea al presidente Enrique Peña Nieto es su amigo y cercano colaborador Emilio Lozoya Austin, quien primero participó de lleno y activamente en la campaña a la Presidencia de la República y, después, fue nombrado director de Petróleos Mexicanos. Pero quien, de acuerdo con las declaraciones de tres ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, recogidas por periodistas mexicanos, habría recibido más de 10 millones de dólares, ministraciones irregulares que comenzaron de acuerdo con los investigados y presos en Brasil, cuando Lozoya servía a Peña Nieto en la campaña.
En el extranjero, el juicio de corrupción contra Lozoya Austin está asentado en documentos oficiales como el funcionario que recibió dinero a cambio de concesionar obra a Odebrecht, pero en México solo se ha presentado voluntariamente a declarar a la PGR en una investigación que no se le sigue.
A un año de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, sus más cercanos familiares, colaboradores y amigos han estado involucrados en conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude y soborno, por decir lo menos. Angélica Rivera, Luis Videgaray, Juan Armando Hinojosa, Javier Duarte, Gerardo Ruiz Esparza y ahora Emilio Lozoya, el círculo de Peña, están en el ojo del huracán.
El problema es que la lógica indica que, si el entorno es corrupto, el núcleo lo es. O como bien dice el dicho; dime con quién andas y te diré quién eres.
Aun cuando en México no esté completado el Sistema Nacional Anticorrupción, y en la PGR el titular sea uno de los amigos del presidente, el estigma de una administración corrupta ya nadie se lo quita a Enrique Peña Nieto.
El tiempo dirá si México seguirá siendo el único país en América que no investiga, procesa y juzga a los funcionarios corruptos. En ese sentido, las acciones que como país se emprendan para indagar a Peña Nieto podrían terminar siendo la demostración de un cambio esperanzador o de un doloroso retroceso.
