Por considerar ilegal el fallo de la licitación pública para rehabilitar el Bulevar Cucapah, Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. lo impugnó ante la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, instancia ante la que reclamó la nulidad de la resolución administrativa y demandó investigar “quién se vio beneficiado” con el resultado.
El recurso de inconformidad fue presentado la tarde del jueves 14 de septiembre, ante la fiscalía municipal a cargo de Marcela Guzmán Malverde, a quién se le exigió que ordene “practicar las investigaciones pertinentes, y en su oportunidad, decretar la nulidad de los actos impugnados”.
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Y, “en virtud de las evidentes violaciones cometidas por la Autoridad Convocante, decretar la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente inconformidad, en atención a lo previsto en el artículo 92 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios”, se lee en el documento.
De acuerdo a la quejosa, el procedimiento de Licitación Pública No. DOIUM-2017-CVC-LP-001, resultó “incongruente e ilegal”, porque el dictamen técnico, emitido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, a cargo de Martha Lorenza García García, rechazó la propuesta económica de Urbanizadora Roma de realizar el proyecto por un monto de 154 millones 576 mil 491 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.
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Presentan inconformidad ante Sindicatura
La administración de “El Patas” optó por rechazar esta propuesta, a pesar de ser la más barata de las tres que concursaron, al considerar que no era “susceptible de adjudicar por insolvente”.
Urbanizadora Roma fue la única empresa bajacaliforniana que logró cumplir las bases de licitación para rehabilitar, con concreto hidráulico, 130 mil metros cuadrados, red sanitaria, pluvial, guarniciones y banqueta del Bulevar Cucapah.
No obstante, el gobierno de Tijuana determinó adjudicar la obra a favor de la empresa Cinco Contemporánea, S.A. de C.V., cuya propuesta económica la tasó en un monto de 176 millones 031 mil 410 pesos, más IVA, valor superior en 21.4 millones de pesos al ofrecido por Roma.
Ante ello, Urbanizadora Roma acusó que “es evidente que los conceptos preponderantes de la propuesta ganadora se encuentran inflados en comparación con las otras dos propuestas”, debido a la diferencia existente, “lo que hace que el procedimiento de licitación no sea transparente y que además, perjudica al erario del Estado en la citada cantidad”; y remata diciendo, “faltaría ahora investigar quién se vio beneficiado con el irregular actuar de la autoridad convocante”.
A decir de la autoridad local, el fallo cumplió con “las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas”.
Cuestionado por las razones del gobierno municipal para optar por la propuesta más cara, además que ofrecida por una empresa foránea, Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, respondió que fue “para garantizar el cumplimiento en el desarrollo de la obra”.
Mientras que DOIUM determinó que Roma incumplió con los documentos requeridos en las bases de la licitación, además de que no consideró solvente “toda vez que la suma algebraica referida es negativa”.
Para la quejosa, el argumento del municipio es el resultado de “no haber realizado una correcta revisión y análisis detallado de las partes preponderantes de la propuesta realizada”. Urbanizadora Roma sostuvo que “las observaciones hechas por la autoridad convocante son inoperantes o insuficientes” para declarar insolvente su propuesta, algo que Sindicatura está obligada a investigar, en tanto el fallo y todo el proceso “debe suspenderse”, lo que significa detener la obra.
