En la semana que sucede el Quinto Informe de la administración federal encabezada por el priista Enrique Peña Nieto, se develaron también hechos que contrastan con el discurso presidencial que de tan optimista, pareciera estar retratando la realidad de otro país, o de la burbuja en la que vive el Presidente, donde la economía va muy bien, no hay devaluaciones, los mercados se mantienen, las inversiones crecen, las obras son efectivas y benefician a muchos, la seguridad es una realidad, y el gobierno, los gobiernos, se manejan con transparencia, eficiencia y rectitud. Pamplinas.
La realidad es que más allá que Peña haya dado “su mensaje a la Nación” en un sábado, lo más bajo perfil y solo para los suyos, es que México sigue siendo el país gobernador por corruptos, opacos e ineficientes que ha sido desde hace cinco años, y que mantiene a la población entre la recesión económica, la presión gubernamental, la corrupción institucional y la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, todo orquestado por una administración donde sobran los casos de corrupción, y partidos políticos de oposición que cuando menos han servido de comparsa, y cuando más han negociado.
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Un día antes del mensaje de Enrique Peña Nieto, en el semanario ZETA se publicó el reportaje que recaba los datos de todos los estados y nacionales, para medir la violencia a partir de las muertes dolosas, ejecuciones u homicidios, como desee llamarlos, producto de la guerra que libran los cárteles de la droga por las esquinas y las fronteras para el trasiego de estupefacientes para consumo local e internacional, particularmente hacia los Estados Unidos.
La estadística es un parámetro para determinar qué tan grave es el nivel de inseguridad; el conteo de ejecutados en el periódico fundado por el periodista Jesús Blancornelas, se ha realizado desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y demuestra que la violencia en México parece imparable. Los datos oficiales son tomados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque no son los más confiables. A lo largo de los años y el correr de los sexenios, los funcionarios se las han arreglado para manipular las cifras y ocultar los muertos. También existe información en el INEGI, y por supuesto en los gobiernos estatales y municipales. Se puede pues llegar a una cifra más real sin confiar en los gobiernos que maquillan la estadística.
Así en ZETA contabilizaron, del 1 de diciembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, al 31 de julio de 2017, semanas antes del Quinto Informe, un total de 104 mil 602 ejecutados en el País. Muchas más de los caídos en la guerra contra las drogas del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que terminó su sexenio con una cifra cercana a los 100 mil ejecutados.
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Hoy día, sin guerra contra las drogas, sin estrategia integral de combate a la inseguridad, con más organizaciones criminales en el País, y otros cárteles empoderados, y además con un Nuevo Sistema de Justicia Penal incompleto en su implantación, México vive una de sus peores épocas en materia de seguridad, pero como era de suponerse, eso no fue parte del mensaje presidencial. Eso no ocurre en el País que ve, y del que habló el Presidente.
Los 104 mil 602 ejecutados que se registraron en México en los últimos cinco años, no tuvieron una mención en la diatriba peñista, no existen oficialmente, aunque miles de familias lloren a sus muertos. Para un Presidente que dice que “lo bueno cuenta”, los muertos…no cuentan mucho.
Tampoco la corrupción cuenta.
Dos días después del mensaje de Peña Nieto, en el periódico Reforma se dio a conocer una investigación del grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que develaba cómo el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, había adquirido en 2011 un Ferrari, un auto deportivo de lujo con varios millones de pesos en precio, y que fomentando el irrespeto a las leyes que rigen la Ciudad de México, el automóvil fue registrado en el Estado de Morelos, donde no se paga tenencia, y para lo cual se utilizó el domicilio de una deshabitada casa de interés social, donde es evidente que no vive el Procurador. La falta de ética de Raúl Cervantes para conducirse en su vida público-privada, como son los trámites que debe hacer frente al Estado Mexicano como todo ciudadana, son una mancha más a su trayectoria que incluye la omisión en investigación de casos de corrupción, la omisión de investigación en casos de violencia, e incluso en su pasado un expediente por violencia doméstica.
Raúl Cervantes ha demostrado ser todo complicidad cuando se trata de investigar a los funcionarios del gobierno peñanietista, y de ser omiso y abusivo cuando se trata de los trámites propios. Al igual que Luis Videgaray cuando hubo de explicar la adquisición de su casa a una filial de Grupo Higa en Malinalco, Cervantes o mejor dicho una abogada de Cervantes, explicó que cuando se hizo el trámite del Ferrari, éste no era funcionario ni senador, y que además el trámite lo hizo la agencia que vendió el vehículo, no el ahora Procurador que supones se ha dado cuenta que en los últimos cinco años no ha pagado tenencia, pero bueno. Justificar una conducta que se sospecha irregular, se ve abusiva, presume un conflicto ético y representa un quebranto a las finanzas públicas, con el hecho de no haber sido funcionario o legislador al momento de llevarla a cabo, refiere la actitud de una persona con poca calidad moral para encabezar una fiscalía.
Al igual que los 104 mil 602 ejecutados, las arbitrariedades de Cervantes no aparecieron en el Quinto Informe, como tampoco una amonestación pública, el inicio de una investigación ministerial, o el retiro del alto cargo que ostenta como Procurador General de la República. Nada, Peña como el agua que dice es de él, Peña sabe ser fiel con sus colaboradores, especialmente cuando son señalados de irregularidades, como han sido los casos de Gerardo Ruíz Esparza, Emilio Lozoya Austin, David Korenfeld, Raúl Cervantes, Luis Videgaray, y un etcétera que aún no termina de completarse para seguir.
Tres días después del informe, el colectivo Mexicanos Contra la Corrupción y el portal noticio Animal Político, hicieron pública una investigación periodística sobre cuentas observadas a la administración federal en los años 2013 y 2014, donde encontraron un fraude a las arcas federales por 7 mil 670 millones de pesos. De acuerdo a lo documentado por los periodistas, y lo declarado por los entrevistados, se trata del mayor fraude detectado –aun por un medio de comunicación- en la historia contemporánea de México, y enraizado en la estructura del Gobierno Federal.
La forma de operar de los ladrones oficiales, era sacar el dinero de los presupuestos oficiales y enviarlo a Universidades, instituciones académicas que a su vez realizaban transacciones con empresas que resultaron fantasma o de plano irregulares. 7 mil 670 millones de pesos que once Secretarías mandaron a ocho universidades y estas a 186 empresas. El reportaje los periodistas y el colectivo lo titularon La Estafa Maestra, porque eso parece ser, desde el centro del Gobierno Federal, un gran fraude, que no está siendo investigado.
Por supuesto el Presidente Enrique Peña Nieto nada ha dicho dela Estafa Maestra, como tampoco del poco compromiso cívico y social de su Procurador y mucho menos de los 104 mil 602 ejecutados. Muchos mexicanos si lo saben aunque no se lo hayan dicho oficialmente, porque la corrupción se ve y se prueba, la inseguridad se escucha en las balas y el llanto, mientras la falta de ética se aprecia en la falta de resultados.
El de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el sexenio de lo que no cuenta, de la corrupción y la sangre, más allá del País de ensueño que el Presidente quiso vendernos en su mensaje.
